Lo que deja fuera el acuerdo de Presupuestos: sin noticias de la derogación de la ley mordaza o la ley de vivienda, congelada en el Congreso 8 meses

El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley con los nuevos Presupuestos Generales del Estado de 2023. Las cuentas públicas para el año que viene suponen un incremento del gasto social, con una inversión que asciende por encima de los 260.000 millones de euros. En sus tablas, 6 de cada 10 euros están destinados a gasto social.

Los nuevos Presupuestos (PGE) se presentaron este martes después de que en el mismo día, y a primera hora, el propio Gobierno comunicase que se había alcanzado un acuerdo entre los socios de la coalición. PSOE y Unidas Podemos llegaban a un punto en común in extremis apenas unas horas después de que la vicepresidenta Yolanda Díaz denunciara que las negociaciones estaban paradas.

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Díaz intervino en los micrófonos de Hora 25, en la cadena Ser, el lunes por la noche. En aquel momento reconocía en público que las conversaciones por los Presupuestos se habían paralizado y se desmarcaba de esa "forma de negociar", sin explicitar si se refería únicamente al PSOE o en realidad estaba dejando un recado a las dos organizaciones que conforman el Ejecutivo.

De cualquier manera, la situación se resolvió a primera hora de la madrugada del lunes al martes. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado son expansivos en gastos, gracias en buena medida a los fondos europeos que se articulan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Pero algunas reclamaciones de Unidas Podemos se han quedado fuera.

Ni derogación de la 'ley mordaza' ni ley de vivienda

Precisamente Podemos, en sus habituales ruedas de prensa de los lunes, recordó tanto la semana pasada como esta semana que la reforma fiscal —que el partido morado propuso al inicio de la legislatura, y fue tildada de "idea fetiche" por parte del propio Sánchez, y que el PSOE llegó a tumbar a Unidas Podemos en el Congreso hace 3 meses— no sería suficiente.

Después de meses exigiendo una tributación más progresiva para que los que más tienen contribuyan más, finalmente fue la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, la que avanzó a finales de la semana pasada novedades en materia tributaria como un nuevo "impuesto de solidaridad" pensado para grandes fortunas.

La noticia llegaba después de que comunidades autónomas como la andaluza se sumaran a la tendencia que inauguró Madrid hace ya lustros, bonificando al 100% el impuesto del patrimonio.

Pero los morados lo advirtieron estos dos últimos lunes: esas novedades tributarias no serían suficientes. Los puntos clave que el socio minoritario de la coalición elevó entonces para desbloquear los Presupuestos fueron 3: derogación de la ley mordaza, desbloqueo parlamentario de la ley de vivienda, y ley de familias.

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Solo de esta última ley de familias se ha hablado desde que este martes se conociera el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos para sacar adelante los Presupuestos del año que viene. Lo mencionó la propia vicepresidenta Yolanda Díaz en un extenso hilo en Twitter en el que avanzaba algunas de las novedades presupuestarias que luego corroborarían sus colegas tras el Consejo de Ministros.

"Estos Presupuestos Generales del Estado muestran el compromiso de tramitar urgentemente una ley de familias que, entre otros avances, incluirá nuevos permisos de conciliación: permiso para cuidadores, permiso para atender circunstancias familiares imprevistas o un nuevo permiso parental de 8 semanas", desgranaba la propia Díaz a primera hora del martes.

Sin embargo, de la derogación de la ley mordaza y del desbloqueo de la esperada ley de vivienda no se han conocido avances.

Fuentes parlamentarias inciden a Business Insider España que la ley de vivienda lleva 8 meses bloqueada en el Congreso de los Diputados. "Fue un acuerdo que se tomó para los primeros Presupuestos, los de 2021. Y están tramitándose ya los de 2023", inciden.

Ni siquiera ha podido ver su compromiso cumplido el secretario general de Vivienda, David Lucas, que en una entrevista con este medio a principios de año confiaba en que se vería esa legislación antes del 30 de septiembre.

La ley de vivienda que arrancó Unidas Podemos al PSOE contempla tres puntos nucleares: las viviendas de la SAREB se destinarán al parqué público de viviendas, la prohibición de desahucios sin alternativa habitacional y la regulación del alquiler en zonas tensionadas para todos los propitarios, "no solo para grandes tenedores", recuerdan desde el Congreso.

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Sobre vivienda, durante la presentación de los PGE, la vicepresidenta y ministra María Jesús Montero únicamente señaló que en políticas del área crecería la inversión en un 5,4% con las nuevas cuentas, alcanzando su partida presupuestaria los 3.462 millones de euros. Se consolida así el bono de alquiler joven dotado con 200 millones de euros.

El Gobierno también anunció el martes un nuevo plan de alquileres asequibles dotado con 260 millones de euros. Pero nada tan ambicioso como lo que planteaba Unidas Podemos en su proyecto de ley, que llegó a la Cámara Baja en febrero de este año. Desde abril está en fase de informe, pero todavía no se ha progresado en ese sentido.

Una razón podía ser el cuello de botella legislativo que se originó en verano, en el que se comenzaron a tramitar por urgencia algunas normas y que incluso ha obligado a algunas leyes, como la esperada ley startup, a dilatar su tramitación. No obstante, el exportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Héctor Gómez, ya lanzó una promesa en julio de este año.

Gómez adujo entonces que tanto la "reforma" de la ley mordaza como la nueva ley de vivienda se aprobarían "a partir de septiembre", en el nuevo período de sesiones ordinario del Hemiciclo. Estamos en octubre y de momento Patxi López, el sucesor de Gómez al frente del Grupo Socialista, no ha corroborado esa misma pretensión.