Presupuesto, salario mínimo, pensiones o impuestos: las principales medidas económicas que intentará aprobar el nuevo Gobierno
- El nuevo Gobierno de coalición echa a andar tras la investidura, pero las medidas económicas que debe afrontar no han cambiado respecto a la anterior legislatura.
- El Ejecutivo debe acordar unos presupuestos generales para 2020 y buscar el apoyo del Congreso de los Diputados a esas cuentas para poder llevar a cabo las medidas propuestas en el acuerdo de coalición, como subidas de impuestos a rentas altas o el freno a la subida de los alquileres.
- Además, el Gobierno ha prometido elevar el salario mínimo a 1.200 euros mensuales en los próximos 4 años, aplicar el incremento del 2% en los sueldos públicos previsto para este año o reformar el sistema de pensiones.
- Descubre más historias en Business Insider España.
Tras la toma de posesión del nuevo Gobierno, ha comenzado en la práctica la XIV Legislatura y, con ella, empieza a correr el reloj para que PSOE y Unidas Podemos consigan los apoyos que necesitan en el Congreso de los Diputados para poder aplicar las medidas que se incluyen en su acuerdo de coalición.
Algunas de las medidas del programa económico del nuevo Ejecutivo ya formaban parte del pacto entre ambas formaciones para los presupuestos de 2019, como la reforma de las pensiones, la derogación parcial de la reforma laboral o el alza del IRPF a las rentas altas. Otras sí suponen una novedad, como el control de los precios del alquiler o la derogación del despido por absentismo por bajas por enfermedad.
Leer más: Los grandes proyectos pendientes de la anterior legislatura que tendrá que asumir el nuevo Gobierno
En principio, la mayoría de estas iniciativas dependen de la aprobación de unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 para poder contar con un desarrollo legislativo y una dotación económica que permita su puesta en marcha. De hecho, en la pasada legislatura, la mayoría de las medidas del programa del anterior Gobierno no salieron adelante al ser rechazado su proyecto presupuestario en el Congreso.
Por ello, la supervivencia del programa económico del nuevo Gobierno depende en gran medida de su capacidad para sumar apoyos en el Congreso que les permitan tramitar y aprobar esas propuestas con éxito. En principio, el PSOE ya han suscrito acuerdos con ERC, PNV, BNG, Teruel Existe y Nueva Canarias que podrían garantizar su respaldo, pero serán necesarios más pactos para sumar mayorías suficientes.
Estas son las principales medidas económicas que intentará aprobar el nuevo Gobierno de coalición.
Revalorizar las pensiones e intentar reformar el sistema
Sobre este tema, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos establece el "blindaje de las pensiones de nuestros mayores: asegurar la sostenibilidad del sistema público de pensiones y su revalorización conforme al coste de la vida". Para ello, establece la actualización de las pensiones "conforme al IPC real mediante ley", además de la reforma del sistema en general a través del Pacto de Toledo.
El último Consejo de Ministros con el Gobierno todavía en funciones aprobó un Real Decreto en el que, entre otras medidas tributarias y catastrales, se plasmaba que las pensiones subirían en 2020 un 0,9% una vez hubiese un Ejecutivo en firme. Esta medida, que ya formaba parte del borrador presupuestario enviado a Bruselas, se aplicaría "en cuanto sea posible", según la entonces portavoz del Gobierno, Isabel Celaá.
Ese momento ha llegado este martes, ya que el primer Consejo de Ministros del Gobierno de coalición ha aprobado la subida de las pensiones para 2020. Esta medida tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero y el presidente, Pedro Sánchez, ha aclarado que si la inflación supera en 2019 el alza del 0,9%, el Gobierno compensará la diferencia a los pensionistas con un único pago antes de abril de 2021.
De cara a la reforma del sistema de pensiones, queda por ver qué papel jugará el nuevo ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, que llevaba 6 años al frente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) fiscalizando las arcas públicas. Su prioridad, además de reabrir la negociación en el Pacto de Toledo, será reducir el déficit de 18.000 millones de euros de la Seguridad Social.
Leer más: Qué proponen exactamente para las pensiones PP, PSOE, Podemos, Ciudadanos, Más País y Vox
Subir el salario mínimo a 1.200 euros mensuales a lo largo de la legislatura
El texto del acuerdo de coalición se compromete a "subir el salario mínimo interprofesional hasta alcanzar progresivamente el 60% del salario medio en España tal y como recomienda la Carta Social Europea", lo que se traduce en una subida hasta los 1.200 euros mensuales en 2023.
Esta promesa formaba parte de los programas electorales de PSOE y Unidas Podemos y supone dar continuidad al alza del SMI en 2019, cuando alcanzó los 900 euros mensuales. Sin embargo, dado que el compromiso de elevar el SMI se vincula a un calendario a 4 años, falta por ver cómo se irá articulando su incremento año a año hasta el final de la legislatura.
Antes de la investidura, la agencia EFE adelantó que PSOE y Unidas Podemos habían acordado elevar el salario mínimo a 1.000 euros en 2020, aunque este alza podría ser más moderada finalmente, como avanza El País. El texto del acuerdo de Gobierno establece que será la mesa del Diálogo Social, con representantes de patronal y sindicatos, la que estudie cómo se realizará esa subida del SMI.
Elevar un 2% los salarios de los funcionarios
Respecto a los sueldos públicos, está pendiente de aprobación la subida del 2% que pactaron los sindicatos con el entonces ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, a finales de 2017, en el que se fijaban los aumentos en la retribución de los funcionarios para los 3 años siguientes. Este incremento, al igual que el del SMI, se aplicará de forma retroactiva en cuanto se apruebe en el Congreso.
Además, el acuerdo de 2018 establecía la posibilidad de aplicar un alza adicional del 1% en función del aumento del PIB y otra del 0,55% si se cumple el objetivo de déficit para este año. Estos incrementos extra podrían no llegar a aplicarse según las previsiones del propio Gobierno, que estima que no cumplirá sus metas presupuestarias en 2020, como adelantaba hace un mes El Mundo,
Sin tener en cuenta los extras, el coste de subir los salarios públicos rondará los 3.250 millones de euros y podría beneficiar a 2,5 millones de funcionarios. La nueva ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, será la encargada de gestionar esta medida y de pactar un nuevo plan de revalorizaciones para los próximos ejercicios con los sindicatos de la función pública.
Limitar las subidas de precios en el mercado del alquiler de vivienda
Dentro del epígrafe de Vivienda, el acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos apuesta por aumentar la dotación de recursos, poner en marcha un Plan Estatal para la Rehabilitación de Viviendas, fomentar el uso social del parque público de vivienda o mejorar la protección de los hipotecados. Sin embargo, la medida más conocida pasa por el freno a "las subidas abusivas del alquiler".
Para ello, el texto propone impulsar por ley "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado". Estas limitaciones tiene precedentes en medidas similares que se aplican en capitales europeas como Berlín, París, Londres, Lisboa, Roma, Viena y varias ciudades y estados de EE.UU. como Nueva York o California.
La coalición de Gobierno se enfrentará al rechazo de la oposición, que ha criticado que limitar los incrementos del alquiler solo servirá para agravar el problema. Así, el consejero de Vivienda de la Comunidad de Madrid, David Pérez, aseguraba recientemente a El Mundo que su Gobierno se resistiría a aplicar lo que calificó como una "política de vivienda intervencionista, populista, demagógica o coercitiva".
Elevar el IRPF a las rentas altas y reformar el Impuesto de Sociedades
En cuanto a los impuestos, el acuerdo de Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos retoma el contenido de su anterior acuerdo y mantiene 2 medidas clave para establecer "una reforma fiscal justa y progresiva que nos acerque a Europa y en la que se eliminen privilegios", como reza en el pacto de coalición entre ambas formaciones.
En concreto, dentro del epígrafe dedicado al aumento de la progresividad del sistema fiscal, se establece una subida de 2 puntos en los tipos del IRPF para las rentas que superen los 130.000 euros y de 4 puntos para la parte de los ingresos que supere los 300.000 euros. Por otro lado, el tipo estatal sobre las rentas de capital se incrementará del 23% al 27% para las que rebasen los 140.000 euros
Del mismo modo, se retoma la reforma del Impuesto de Sociedades, para el que se fija una tributación mínima del 15% para grandes corporaciones, del 18% para entidades financieras y empresas de hidrocarburos, la reducción del gravamen del 25% al 23% para pymes que facturen menos de 1 millón de euros y la limitación de exenciones por participación en otras sociedades.
Estas medidas fiscales ya fueron planteadas durante la pasada legislatura y no salieron adelante al no ser aprobado el proyecto de presupuestos que las incluía. En esta legislatura, el Gobierno deberá sacar adelante las cuentas públicas para que entren en vigor, pese al rechazo de la oposición y de algunas comunidades autónomas gobernadas por el PP.
Aprobar las tasas Google y Tobin
Sin cerrar el capítulo fiscal, el Gobierno también tiene entre sus tareas pendientes la aprobación del Impuesto sobre Transacciones Financieras y la del Impuesto sobre Servicios Digitales, más conocidos respectivamente como Tasa Tobin y Tasa Google. Ambas medidas, que no salieron adelante durante la pasada legislatura, figuran expresamente en el acuerdo de Gobierno.
En el caso de la Tasa Google, la vicepresidenta tercera y ministra de Economía, Nadia Calviño, aseguró a finales de verano que no renunciaba a aprobarla, precisando que “es fundamental desarrollar un marco internacional para esta imposición, pero que si no es posible llegar a un acuerdo en el G20 y la OCDE, acuerdos que nosotros estamos impulsando muy directamente, habrá que hacerlo a nivel europeo y si no a nivel nacional”.
Respecto a la Tasa Tobin, el Plan de Estabilidad Financiera enviado a Bruselas establece que gravaría con un 0,2% las transacciones financieras operaciones "siempre que estén admitidas a negociación en un mercado regulado y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a 1.000 millones de euros", dejando fuera de este impuesto las salidas a Bolsa o las reestructuraciones empresariales.
Derogar la reforma laboral de 2012
Otra de las medidas que intentará sacar adelante el nuevo Ejecutivo en esta legislatura es la derogación de la reforma laboral de 2012, una reivindicación de la izquierda que el PSOE intentó llevar a cabo, sin éxito, tras la moción de censura contra el Gobierno de Mariano Rajoy y que ahora vuelve a cobrar protagonismo tras el acuerdo de coalición con Unidas Podemos.
Así, en el texto, ambas formaciones se comprometen a "recuperar los derechos laborales arrebatados por la reforma", estableciendo como prioridad "urgente" la derogación del despido por absentismo por bajas justificadas por enfermedad, de las limitaciones temporales a los convenios colectivos y de la prioridad de convenios de empresa sobre convenios sectoriales.
Además, también apuesta por limitar la capacidad de la empresa para modificar unilateralmente las condiciones de un contrato y la subcontratación laboral a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa y por revisar el mecanismo de inaplicación de convenios colectivos.
Aplicar a los autónomos la cotización por sus ingresos reales
En el caso de los trabajadores por cuenta propia, el Gobierno de coalición retoma también en su acuerdo la reforma del régimen de autónomos, que comenzó a negociarse con el Ejecutivo que presidía Mariano Rajoy pero que todavía está pendiente de volver a retomarse en la nueva legislatura.
En el texto del acuerdo de coalición, entre otras medidas de apoyo a la industria, las pymes, los autónomos y el sector primario, se propone tanto la "gradual equiparación de derechos" respecto a los trabajadores por cuenta ajena como el establecimiento de un sistema de cotización por ingresos reales para ofrecer a los autónomos "mayor protección social en caso de desempleo, enfermedad o jubilación".
Sin embargo, la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) se ha mostrado en contra de esta medida, señalando que sería difícil establecer los rendimientos reales actualizados de casi 2 millones de trabajadores por cuenta propia, dado que Hacienda tarda hasta 18 meses en recibir información sobre sus rendimientos netos y el cálculo se realizaría con retraso.
Otros artículos interesantes:
Descubre más sobre Adrián Francisco Varela, autor/a de este artículo.
Conoce cómo trabajamos en Business Insider.