Las deducciones fiscales que incluye la propuesta del Gobierno para la ley de vivienda no servirán para reducir el precio del alquiler, según Gestha

La semana pasada, la presentación de una propuesta para la ley de vivienda por parte del ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana provocó una importante polémica en el seno del Gobierno, dado que la iniciativa de José Luis Ábalos no había sido consensuada con sus socios de Unidas Podemos y porque su contenido se aparta de lo pactado por ambos partidos en su acuerdo de coalición.

Así, el acuerdo establece que el Ejecutivo impulsará por ley "las medidas normativas necesarias para poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado", en línea con las medidas reclamadas por la Unión Europea, mientras que la propuesta de Ábalos renuncia a limitar el precio del alquiler y establece una serie de incentivos fiscales a los caseros de zonas tensionadas para que reduzcan los alquileres.

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En concreto, la propuesta establece la bonificación fiscal durante 3 años de entre un 50% y un 90% para los alquileres en esos mercados locales en los que los precios se han disparado más que la media siempre que el casero reduzca un 10% el importe del arrendamiento respecto al anterior contrato. Sin embargo, este incentivo no será suficiente para abaratar los alquileres, según ha asegurado el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) a Cinco Días.

Su secretario general, José María Mollinedo, ha explicado al diario económico que consideran que “la propuesta no cumplirá con su objetivo, ya que a grandes rasgos no beneficia a los propietarios medios en ninguno de los tramos de renta”, debido a la diferencia entre "la rebaja del alquiler exigida y el ahorro de la reducción del 60% al 90% en el IRPF", que afirma que supone una desventaja para los propietarios.

Por este motivo, Mollinedo ha destacado que "la medida no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas", dado que a la bonificación de hasta un 90% en el IRPF que propuso Ábalos se suma a la deducción fiscal ya existente para el alquiler, de un 60%, de la que disfrutan de forma general todos los arrendadores de viviendas habituales y no dedicadas a uso turístico o de corta estancia.

Los cálculos del sindicato de técnicos de Hacienda estiman que, si acceden a reducir sus precios un 10% para acogerse a una bonificación del 90%, los caseros de todos los tramos de renta quedarían en desventaja, aunque en menor medida aquellos que generan más de 13.000 euros anuales por sus alquileres, que se ahorrarían hasta 4.200 euros en impuestos, mientras que los que ingresen menos de 12.000 euros anuales solo los reducirían en torno a 570 euros.

No obstante, la bonificación propuesta por Ábalos parte de un incentivo del 50% al que se pueden ir añadiendo mayores ventajas según los requisitos que cumpla el propietario. Así, la bonificación sube al 60% si el alquiler no supera los topes del índice oficial de precios o si se han hecho obras de rehabilitación que superen el 50% del alquiler anual, al 70% si se alquila a menores de 35 años y al 90% si se reduce el precio al menos un 10%.

Durante la presentación de su propuesta, el Ministerio de Transportes alegó que no se habían incluido propuestas para limitar las subidas de precios de alquiler alegando que "los sistemas de regulación de rentas ensayados en Alemania o Francia no han demostrado eficacia". No obstante, más allá de París y Berlín, otros países y ciudades han limitado el encarecimiento del alquiler, tanto en Europa como en EEUU.