La sexta prórroga de los ERTE hasta el 31 de enero se negocia a partir del jueves: el veto a los despidos podría dificultar el acuerdo con la patronal

Gobierno, sindicatos y patronales se reunirán este jueves para iniciar la negociación para la sexta prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre, cuando caduca la vigencia pactada por los agentes sociales el pasado mes de mayo, con una ampliación que previsiblemente extenderá este régimen hasta el 31 de enero.

Sin embargo, la negociación podría volver a complicarse tras los desencuentros con la patronal respecto a la revalorización del salario mínimo interprofesional en las últimas semanas, aunque el principal escollo para el diálogo será de nuevo el veto a los despidos en las empresas que se acojan a los ERTE, a los que la CEOE ya se opuso en anteriores negociaciones, segúnEl Confidencial.

De este modo, los agentes sociales prevén que este régimen para la protección del empleo y el tejido empresarial se amplíe durante 4 meses más sin apenas cambios en sus condiciones, según el diario digital, que destaca que la negociación se centrará en 100.000 trabajadores de los 272.000 que seguían en ERTE a finales de agosto que pertenecen a sectores que no tienen limitaciones de actividad, por lo que sus empresas ya no cuentan con bonificaciones en sus cuotas sociales.

Así, la reactivación de sectores especialmente afectados por la pandemia, como la hostelería, el turismo, el transporte o el ocio, ha permitido que el número de afectados por ERTE se haya seguido reduciendo durante el verano, lo que ha reducido el coste de las prestaciones de este régimen a 343 millones de euros, la mitad que al inicio de 2021.

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Sin embargo, el destino de los 100.000 trabajadores en ERTE en los sectores sin limitaciones está por definir, dado que su reincorporación a su puesto de trabajo podría no llegar a producirse. Por ello, la patronal defiende la posibilidad de despedir a esos trabajadores, lo que choca con las condiciones de este régimen que han estado vigentes hasta el momento, según El Confidencial.

Así, los ERTE han llevado aparejada la prohibición de realizar despidos en las empresas beneficiarias hasta 6 meses después de abandonar este régimen, dado que en caso contrario deben devolver las ayudas recibidas. El Ministerio de Trabajo ha defendido mantener esta cláusula durante la vigencia de los ERTE para garantizar un uso adecuado de los fondos públicos, mientras la patronal reclama poder realizar ajustes de empleo.

Por su parte, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, reconocía este lunes que los ERTE deben afrontar su transición de una solución coyuntural para evitar la destrucción de empleo en pandemia a un sistema permanente para proteger los puestos de trabajo y el tejido empresarial, señalando que el mecanismo se mantendrá, pero adaptándolo a la realidad, como destacó en una entrevista a Telecinco.