El impuesto a los ricos que prepara el Gobierno fue despreciado por Sánchez hace 2 años por ser una idea "fetiche" de Podemos: qué ha cambiado

La ministra de Hacienda, Maria Jesús Montero, ha anunciado que el Gobierno está trabajando en un impuesto a los ricos temporal y con vistas a hacerse efectivo el 1 de enero de 2023. 

Junto a la cifra de techo de gasto de los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE), fijado en 198.221 millones de euros, Montero dejó claro que habrá un impuesto a las grandes fortunas debido a las circunstancias por las que atraviesa el país. 

Uno de los mayores puntos de conflicto que existe en el Gobierno de coalición son las diferencias existentes en los modelos fiscales del PSOE y Unidas Podemos. Los morados siempre han defendido que los que más tienen deben contribuir más a las arcas públicas y que las empresas que suministran servicios básicos como las eléctricas no debería lucrarse con las necesidades de los ciudadanos. 

El anuncio de la ministra de Hacienda evidencia que el ciclo político se acerca a uno de los momentos más tensos para el Gobierno, cuando necesita buscar aliados para aprobar los presupuestos nacionales y así continuar con la legislatura el año restante antes de las elecciones previstas para noviembre de 2023. 

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La aprobación del límite de gasto no financiero se abre el procedimiento legal para la tramitación y debate de las cuentas del año que viene. Se trata de un 1.1% más que el ejercicio anterior, que intenta compensar la crisis inflacionista. 

Este movimiento por parte del Gobierno, que ha pillado por sorpresa a sus propios socios de Gobierno que afirman no conocer las intenciones del PSOE, supone un cambio de postura de los socios mayoritarios, puesto que Unidas Podemos ya presentó un Proyecto de Ley para gravar a las grandes fortunas y que los socialistas rechazaron.  

Según la ministra, el Gobierno lleva semanas trabajando en una nueva figura fiscal, pero que "el debate se ha acelerado" debido a los movimientos de Madrid, Andalucía o Murcia, donde se están aplicando medidas de rebajas de impuestos con la supresión del impuesto al patrimonio o la deflactación del IRPF. 

Pedro Sánchez también ha recalcado que esta medida trata de crear una "justicia fiscal para que haya justicia social", haciendo diferencia entre los modelos del PSOE y PP. 

Si bien aún no se conocen los detalles de la nueva medida y a quiénes afectará de forma concreta, la responsable de la cartera de Hacienda afirmaba en Al Rojo Vivo que se trata de un impuesto a los "millonarios" y que afectará solo a un "1% de la ciudadanía de nuestro país". 

El Gobierno debe discutir si crear un nuevo impuesto o utilizar una figura impositiva existente.

En la actualidad ya existe un impuesto que grava a las fortunas: el del patrimonio. Esta figura fiscal es competencia de las comunidades autónomas y aplica a aquellos que poseen más de 700.000 euros, sin contar los 300.000 de la vivienda habitual. 

La Constitución no permite recaudar impuestos sobre un mismo hecho, por lo que el Gobierno tiene que barajar cómo aplicar este 'impuesto a los ricos' que Podemos reclamaba ya desde 2019. 

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Una posibilidad sería imponer un mínimo a las comunidades autónomas para que recaudasen fondos por medio de este impuesto, algo que supondría un mayor cambio para aquellas gobernadas por el PP. La otra opción sería subir el IRPF a las rentas más altas, medida que afectaría a los salarios y no al patrimonio personal. 

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Desde que Alberto Núñez Feijóo se hizo cargo del liderazgo del Partido Popular a nivel nacional, el debate con el Gobierno ha girado principalmente en torno a los impuestos para hacer frente a la crisis económica derivada de la guerra en Ucrania. 

Los populares defienden a ultranza la bajada de impuestos para aliviar a la economía y mantener la producción, mientras que el PSOE y sus socios defienden la recaudación estatal para poder brindar las ayudas a los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis. 

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Debido a que la competencia del impuesto de patrimonios está en manos de las comunidades, la Comunidad de Madrid bonifica esta figura al 100%, es decir, que no recauda dinero por este medio.

Más líderes del PP están copiando esta estrategia de Isabel Díaz Ayuso: Juanma Moreno anunciaba la supresión del impuesto al patrimonio en Andalucía, que afectaría al 0,2% de los contribuyentes de la región. Fernando López Miras, presidente de Murcia, por su parte, también está estudiando una rebaja del IRPF en su comunidad. 

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La propuesta fiscal corresponde a Podemos, pero el PSOE intenta llevarse el mérito.

La formación morada siempre se ha caracterizado por una fuerte determinación en que los que más tienen paguen más. Pero ante la recta final de la legislatura, los partidos de la coalición empiezan a intentar ganar méritos de cara a las próximas elecciones, ya que compiten por el mismo electorado. 

En el acuerdo de Gobierno de coalición entre Unidas Podemos y el PSOE en 2019 se recogía una cláusula en la que ambas formaciones se comprometían a estudiar una fiscalidad a las grandes fortunas. Pero en 2020, al reabrirse el debate, Sánchez calificó la propuesta de Podemos de un impuesto a las grandes fortunas de idea "fetiche". 

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A principios de 2022, Yolanda Díaz expuso las bases para la reforma fiscal que pretendía pelear en el seno del Gobierno. Podemos presentó entonces una proposición de ley el pasado junio con el que pretendía recaudar 19.000 millones de empresas y ricos, pero que el PSOE acabó tumbándolo en la cámara baja. 

Tan solo 3 meses después de que se rechazara la propuesta, los socios mayoritarios del Gobierno han cambiado de opinión y se encuentran ahora "explorando" como implementar este impuesto para poder aumentar la recaudación y así hacer frente a los retos a los que tendrá que hacer frente.