Gobierno y PP alcanzan un principio de acuerdo para reformar la Constitución por tercera vez desde 1978

Feijóo y Sánchez, en un cara a cara del Senado.
Feijóo y Sánchez, en un cara a cara del Senado.

REUTERS/Susana Vera

  • PSOE y PP alcanzan un principio de acuerdo para retirar el término "disminuidos" del artículo 49 de la Constitución española.
  • De prosperar, se tratará de la tercera reforma constitucional que se da en casi 44 años, aunque en esta ocasión los grupos podrían forzar un referéndum.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha confirmado este miércoles a mediodía en el Congreso de los Diputados un principio de acuerdo entre el PSOE, partido que forma parte del Gobierno de coalición, y el principal líder de la oposición, el PP. El consenso llega en torno a la modificación del artículo 49 de la Constitución.

De este modo, será la tercera vez que se reforma la Carta Magna desde que entrase en vigor en 1978. La idea es eliminar del artículo 49 de la Constitución el término "disminuidos" y cambiarlo por el de "personas con discapacidad".

El actual artículo reza así: "Los poderes públicos realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran y los ampararán especialmente para el disfrute de los derechos que este Título otorga a todos los ciudadanos".

Para modificar la Constitución, la ley de mayor rango en el Estado español, son necesarias mayorías de tres quintos tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En el caso de la Cámara Baja, eso implica sumar el respaldo de 210 diputados. PSOE y PP suman 208, pero el objetivo es contar con el beneplácito de más grupos parlamentarios para esta modificación.

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Según recoge El País, el PP acudió a la reunión de este miércoles con los socialistas con reticencias. Los populares temen que la modificación del artículo 49 de la Constitución española sea un cebo para que el debate constitucional incluya otros asuntos. En los últimos años, los propios socialistas han instado modificaciones constitucionales para profundizar en el modelo federal del país.

En dicho encuentro el Gobierno no ha podido prometer qué harán otros grupos parlamentarios, pero Bolaños sí ha constatado ante la prensa en la Cámara que la necesidad de eliminar el término "disminuidos" es urgente en tanto que es una terminología "casi ofensiva".

Una vez aprobada la reforma por las Cortes, el artículo 167 de la Constitución estipula que la modificación podrá ser sometida a referéndum si lo solicita "una décima parte de los miembros de cualquiera de las Cámaras". En el Congreso ese 10% de los escaños son 35 diputados, una cifra fácilmente alcanzable por los distintos grupos parlamentarios de la legislatura.

Aunque el PSOE comparte con el PP ceñir el debate constitucional únicamente a la reforma del artículo 49 y al término "disminuidos", es cierto que algunos grupos como el Partido Nacionalista Vasco ya han presentado enmiendas a esa iniciativa, como una para contemplar el derecho a decidir de Euskadi en una disposición adicional.

La tercera reforma de la Constitución en 44 años

De acabar prosperando, esta reforma de la Constitución sería la tercera que tendría lugar desde que la Carta Magna entró en vigor el 29 de diciembre de 1978. La reforma que ahora cuenta con ese principio de acuerdo seguiría el procedimiento ordinario, como en las 2 ocasiones anteriores en las que el texto fue modificado.

La primera modificación que siguió el procedimiento ordinario de reforma tuvo lugar en el año 1992, hace 30 años. En febrero de aquel año se firmó un tratado de la Unión Europea en Maastricht, Países Bajos, que permitía a "todo ciudadano de la Unión Europea que resida en un Estado miembro del que no sea nacional" ser "elector y elegible" en las elecciones municipales.

Es decir, extranjeros nacionales de la Unión Europea pueden participar y votar en las elecciones locales —como las que se celebran en mayo de este mismo año— desde entonces gracias a una modificación del artículo 13.2 de la Constitución Española, que transpuso dicho tratado.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La segunda modificación de la Constitución española tuvo lugar en 2011, también mediante procedimiento ordinario —y sin referéndum—, aunque fue mucho más polémica. Tras el estallido de la crisis, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero alcanzó un acuerdo con el PP de Mariano Rajoy para reformar al completo el artículo 135 de la Carta Magna.

El artículo 135, hasta esa fecha, tenía tan solo dos puntos escuetos. Tras la reforma de hace casi 12 años, se introdujeron seis puntos y una disposición adicional y una disposición final. El nuevo artículo 135 introducía el principio de estabilidad financiera, y la obligación de las autonomías de solicitar la emisión de deuda mediante leyes.

De esta manera España trataba de tranquilizar a inversores internacionales y desencallar una profunda crisis económica que afectaba a España y a toda la Unión Europea. Fue un punto de inflexión en tanto que no se logró el qúorum de 35 diputados para convocar un referéndum e impulsó posiciones políticas que leyeron la medida como una cesión de soberanía a los mercados.

El propio Pedro Sánchez, cuando era secretario general del PSOE, 4 años antes de alcanzar la presidencia del Gobierno, prometió una reforma de la Constitución para enmendar el "error" que supuso la reforma del artículo 135, planteando blindar las políticas del Estado del bienestar mediante la Carta Magna.

"De la aprobación de esa reforma debemos extraer varios errores; y uno de ellos es que no puede haber reforma de la Constitución sin el voto de los españoles", dijo entonces.

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