Así puede afectarte la nueva ley contra el fraude fiscal: límites al pago en efectivo, controles a las criptomonedas, inspecciones y nuevos requisitos para sicavs

Un tendero cuenta billetes de euro en su tienda en Niza (Francia)

Reuters

  • Este martes, el Congreso de los Diputados aprueba la nueva ley contra el fraude fiscal tras 7 meses de retrasos antes de completar su tramitación en el Senado.
  • La nueva normativa limita los pagos en efectivo, impone nuevos requisitos de inversión en sicav para disfrutar de exenciones fiscales y obliga a las socimis a tributar el 15% de sus beneficios no distribuidos, entre otras medidas.
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Este martes, tras un largo retraso en su tramitación parlamentaria, el Congreso de los Diputados dará luz verde a la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, que contará con los votos de los 2 partidos de la coalición de Gobierno y el respaldo de casi todo el hemiciclo, a excepción de la extrema derecha. Con esta votación, la norma quedará a expensas de su aprobación definitiva en el Senado.

A pesar de ese respaldo casi unánime, la medida acumula 7 meses de retraso desde su aprobación por parte del Consejo de Ministros como anteproyecto de ley, aunque la normativa se aprobará casi 3 años después de que el Gobierno —entonces el PSOE gobernaba en minoría tras la moción de censura que con la que Pedro Sánchez sustituyó a Mariano Rajoy como presidente— anunciase en julio de 2018 que estaba trabajando en esta normativa.

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María Jesús Montero, que ya entonces era ministra de Hacienda, aseguró en su primera comparecencia que llevaría al Congreso "en las próximas semanas" una nueva ley de prevención y lucha contra el fraude fiscal para perseguir a grandes defraudadores, prometiendo incluir la prohibición de amnistías fiscales o modificar la lista de morosos de Hacienda. Sin embargo, la norma se ha hecho esperar finalmente 2 y 10 meses y se aprobará 2 legislaturas después de haber sido anunciada inicialmente.

Sin embargo, pese a la espera, la mayoría de las medidas planteadas durante el inicio de la elaboración de la nueva ley contra el fraude fiscal se han mantenido en su articulado y han sobrevivido a las negociaciones y a la fase de presentación de enmiendas en el Parlamento, en la que PP, PNV y PDeCAT, además del PSOE, han ido incluyendo nuevos aspectos de la nueva normativa de prevención del fraude.

Así, estas son las principales medidas que incluye la Ley de Medidas de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal que será aprobada este martes y que pueden afectar a empresas, autónomos, particulares e inversores.

Limitación de pagos en efectivo

Una de las medidas más llamativas y con mayor impacto social dentro de la nueva ley es el establecimiento de nuevos límites para el uso de dinero en efectivo para combatir la economía sumergida, que cada año resta 270.000 millones de euros a las arcas del Estado

En principio, la norma reduce de 2.500 a 1.000 euros los pagos en metálico para empresarios y autónomos, mientras mantiene en 2.500 euros el tope para particulares, aunque el Gobierno no ha descartado reducir ese límite en el futuro para facilitar la eliminación gradual del pago en efectivo en España. Por otra parte, el límite para particulares con domicilio fiscal fuera de España baja también de 15.000 a 10.000 euros. 

Prohibición de software de doble uso para ocultar ingresos

En 2019, el Gobierno anunció que la Agencia Tributaria intensificaría el control sobre las fintech y las soluciones tecnológicas de contabilidad empresarial, señalando la necesidad de restringir el uso de herramientas que facilitan el fraude contable, especialmente en la recaudación del IVA. 

De este modo, la ley prohíbe el uso del llamado software de doble uso que emplean algunas empresas para esconder una segunda contabilidad paralela y, por tanto, declarar menos ingresos y pagar menos impuestos e impone que los sistemas informáticos que se empleen en la contabilidad empresarial cuenten con una certificación del Ministerio de Hacienda.

Reducción de recargos sobre sanciones por pago de impuestos fuera de plazo

Como vía para fomentar el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, la ley incluye moderar las penalizaciones a los contribuyentes que presenten fuera de plazo sus declaraciones de IRPF, IVA o impuesto de Sociedades siempre que no hayan recibido un requerimiento de la Agencia Tributaria. De este modo, el recargo pasa del 5% al 1%, al que se añadirá otro 1% por cada mes de retraso en la presentación de la declaración que se requiera. 

Prohibición de amnistías fiscales y actualización de la lista de paraísos fiscales

Otra de las medidas más publicitadas dentro de la ley antifraude es la prohibición de nuevas amnistías fiscales como la promulgada en 2012, que fue declarada inconstitucional por la Justicia española en 2017, aunque sin retroactividad respecto a las fortunas acogidas a esta regularización exprés.

Además del compromiso de no volver a regularizar a evasores fiscales, la nueva ley incluirá actualizar la lista de paraísos fiscales con el fin de aflorar entramados offshore de evasión fiscal, una medida propuesta por Unidas Podemos y que podría servir para que Andorra vuelva a ser considerada como paraíso fiscal una década después, segúnPúblico.

Baja el umbral para aparecer en la lista de morosos de Hacienda

Hasta la aprobación de la nueva ley contra el fraude fiscal, la deuda mínima para ser incluido en la lista de mayores morosos que publica anualmente la Agencia Tributaria era de 1 millón de euros, que se reducirá a partir de ahora a 600.000 euros, como vía para favorecer el pago de esas deudas, además de incluir a los responsables solidarios en el listado.

Más control para las criptodivisas

En lo que respecta a las criptodividsas, Hacienda lleva desde 2018 analizando la información de las operaciones con este tipo de activos para estudiar sus flujos, su tributación y el origen de los fondos con los que se opera con estas monedas virtuales. Con la nueva ley, los contribuyentes que cuenten con criptomonedas deberán informar de sus cuentas y sus saldos, tanto en España como en el extranjero.

Las socimis deberán tributar el 15% de beneficios no distribuidos

En materia fiscal, la ley antifraude incluirá pocas novedades, que además se centran en las condiciones para acceder a regímenes especialmente protegidos, como el de las sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria o socimis, a las que la nueva norma impone la obligación de pagar un 15% en impuestos sobre los beneficios no distribuidos que procedan de rentas que no hayan sido incluidas en la tributación del impuesto de Sociedades.

Inversión mínima de 2.500 euros para disfrutar de exenciones fiscales en las sicav

En la misma línea que la medida anterior, a las sociedades de inversión en capital variable o sicav se le aplican nuevos requisitos dentro de la nueva ley, que consisten en una inversión mínima de 2.500 euros, o de 12.500 euros para una sicav por compartimentos, para contabilizar una participación dentro de la sociedad, dado que requieren 100 participantes como mínimo para disfrutar de la exención del 99% del impuesto de Sociedades, segúnEuropa Press.

Además, las sociedades que se disuelvan por este cambio legal contarán con un régimen transitorio de 6 meses en el que estarán exentas de impuestos, incluida la tasa Tobin, siempre y cuando reinviertan sus activos.

Inspecciones sorpresa de Hacienda

Por último, la nueva ley contra el fraude ofrece nuevos poderes a los inspectores de Hacienda respecto a las autorizaciones judiciales que deben solicitar antes de registrar el domicilio de un contribuyente, que se agilizarán aunque manteniendo las garantías judiciales. Con esta medida, el Ejecutivo busca romper la tendencia a la baja de la investigación de delitos fiscales, que el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha, ha denunciado que se ha reducido un 85% en los últimos 10 años. 

Del mismo modo, la norma incluía originalmente el refuerzo de la plantilla de la Agencia Tributaria y la creación de un cuerpo superior de técnicos de Hacienda. Aún es una incógnita si formarán parte de la nueva ley.

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