¿Qué pasa si el Gobierno aprueba la ley de vivienda sin el aval del Poder Judicial?

El Gobierno piensa aprobar la Ley de vivienda en el Consejo de Ministros del martes. Pero lo hará sin la bendición del Poder Judicial. 

El Ejecutivo estaba esperando a que el Consejo General del Poder Judicial elaborara un informe valorando la nueva regulación. El órgano aprobó ese informe el jueves pero, lejos de dar su aval, critica varias partes: 

En resumen, el informe avisa de que la ley expropia a las comunidades autónomas de sus competencias en vivienda, y que medidas como el control de alquileres son farragosas en su aplicación, por lo que piden evidencia empírica de que funcionan.

Guía rápida para entender el conflicto con la ley de vivienda: qué regulan las comunidades y hasta dónde puede entrar el Gobierno

A pesar del varapalo, el Gobierno planea seguir adelante con la aprobación del texto, prevista para el 1 de febrero. Después, la ley pasaría al Congreso, donde necesitaría los apoyos necesarios para salir adelante, como ocurre ahora con la reforma laboral, y no está claro que lo vaya a conseguir.

¿Tiene que obedecer el Gobierno el informe del Poder Judicial?

No tiene la obligación de hacerlo. El informe que elabora el CGPJ no es vinculante. Si el Gobierno quería tenerlo antes de aprobar la ley era para saber a qué atenerse y asegurarse de que no vulnera principios constitucionales o cuestiones procesales. Básicamente, quería tener la bendición de la Justicia antes de aprobar la ley.

"Estamos seguros de que es una buena ley, que tiene una solvencia jurídica y constitucional plenamente vigente", ha dicho la ministra de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

¿Qué pasa si aprueba la ley sin este aval?

"Lo que diga el informe puede tener repercusiones muy importantes, porque puede dar lugar a muchos conflictos judiciales", explica Gonzalo Bernardos, profesor Titular y director del Máster Inmobiliario de la Universidad de Barcelona.

En la ley de vivienda hay dos derechos fundamentales en conflicto. Por un lado, está la voluntad por parte del Gobierno de garantizar el uso social de la vivienda. Por otro lado, está el derecho a la propiedad privada que tienen los propietarios sobre sus inmuebles.

Hay algunas medidas contempladas en la nueva norma que podrían poner en juego el equilibrio entre estos dos derechos. Por ejemplo, si las comunidades o ayuntamientos fijan un límite de precios para los alquileres, significa que los propietarios no pueden decidir libremente el valor al que alquilan su propiedad.

Si el propio Poder Judicial se manifiesta en contra de algunos aspectos de la ley, habrá personas afectadas que se agarren a esos argumentos para recurrirla. "El Gobierno puede tirar para adelante peor lo sensato es rectificar", añade Bernardos.

En otras palabras, el Gobierno estaría aprobando una ley que puede dar lugar a numerosas demandas, ya que es el propio Poder Judicial quien reconoce que genera inseguridad jurídica en algunos artículos.

"En Berlín lo hemos visto cuando aplicaron el control de precios: juzgados colapsados con propietarios que no estaban de acuerdo", avisa José García Montalvo, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Pompeu Fabra. Esta es la postal que podría reproducirse si la ley se aprueba sin el aval judicial.

"No tiene ningún sentido meter con calzador una ley abocada a ser carne de tribunales, pues ya el propio Consejo General del Poder Judicial avanza su ilegalidad y algún partido como el PP ha anunciado que la llevará al Tribunal Constitucional", dice el secretario general de las Agencias Inmobiliarias de Madrid, Jesús Manuel Martínez Caja.