Por qué suprimir el impuesto a las eléctricas puede no ser suficiente para frenar el aumento del precio de la luz

• El precio de la luz ha vuelto a marcar un máximo anual esta semana.
• Los altos costes de producción son la causa de este incremento generalizado, según la CNMC.
• El Gobierno suprimirá el impuesto del 7% a las eléctricas, una medida defendida por varios expertos.

El pasado 12 de septiembre el precio de la luz marcó un máximo anual al situarse en los 75,39 euros el megavatio/hora (MWh). Un récord que responde a varios factores, como los impuestos a la generación de energía o por la emisión de CO2, pero que ni siquiera los expertos terminar de comprender.

Y menos cuando esta semana el precio de la luz ha vuelto a superar el máximo de principios de mes estableciendo un nuevo récord anual de 75,93 euros el megavatio/hora (MWh). Algo que parece confirmar la tendencia al alza del mercado eléctrico, el conocido como pool.

Lo peor, según Jorge Morales de Labra, experto en energía y autor del libro Adiós petróleo, es que "veremos más precios récord a medida que llegue el frío. Si no se interviene, en invierno alcanzaremos más cifras récord".

Pero, ¿por qué el mercado eléctrico fija precios tan altos? ¿La explicación es simplemente un aumento de costes de producción que se traslada a los consumidores? Estas son las razones por las que la factura de la luz está batiendo récords sin control y algunas posibles soluciones.

Qué es el 'pool' y cómo fija los precios

Para empezar, cabe reseñar que los precios que fija el pool son para el mercado regulado, o PVPC. Esto quiere decir que afectan aproximadamente a la mitad de los consumidores de electricidad, todos aquellos que no la adquieren en el mercado libre.

Tal y como resume este reciente artículo de El Español, en este mercado mayorista se establecen unas previsiones de la demanda eléctrica que se producirá al día siguiente y que determinan las ofertas que cada generadora de energía vierte —de ahí lo de pool, o "piscina" en inglés— desde sus centrales nucleares, de carbón, hidráulicas, etc. 

Entonces, es el operador del mercado diario, OMIE, quien ordena las ofertas recibidas de mayor a menor precio, posibilitando así que cada generadora aporte la energía que pasado este proceso de casación entre oferta y demanda.

Actualmente existe una regulación que limita el precio y le fija un techo de 180 euros el megavatio/hora, pero el problema es que no existe una regulación para el precio diario, que vuelve a estar en niveles de enero de 2017.

Por qué sube el precio de la electricidad sin control

Las razones que ofrecía el pasado 5 de septiembre la CNMC para explicar la constante subida de precios desde el pasado agosto se centraban en tres aspectos clave: 

• "Se ha disparado el precio de los derechos de emisión de CO2 (de 7€ en enero a 21€ en agosto), esto supone un incremento de 14€ por tonelada de CO2 emitida para las centrales de generación, lo que implica para las centrales de carbón un incremento de su coste de unos 12 €/MWh y de unos 5 €/MWh para las centrales de ciclo combinado, con respecto a enero. Las medidas de la Comisión Europea van encaminadas a que el precio del CO2 (derechos de emisión) se mantenga en niveles elevados.
• El precio del gas se ha disparado, debido en parte a que la mayoría de los contratos de suministro de gas están referenciados al precio del petróleo, que también lleva unos meses subiendo, y también al incremento del precio spot del gas en los mercados internacionales;
• Las condiciones climatológicas extremas (ola de calor), que han motivado que en agosto de 2018, la demanda eléctrica peninsular en barras de central haya registrado un incremento del 1,2% respecto al mismo mes del año anterior. Hay que destacar, que este año se ha producido en agosto la punta máxima de demanda correspondiente al periodo de verano, lo que habitualmente ocurre en el mes de julio".

Es decir, que el encarecimiento en 14 euros tonelada del impuesto por emitir CO2 en la producción, unido a la subida del precio del gas —ligada a la subida del precio del petróleo— y el incremento de la demanda, son los factores que a priori podrían explicar estas subidas de la luz.

Sin embargo, para Natalia Fabra, profesora de Economía en la Universidad Carlos III de Madrid, estos factores no deberían ser determinantes para la subida generalizada del precio de la luz. Principalmente, porque el coste de emitir CO2 —el principal motivo esgrimido— "sólo afecta al 20% del mercado, el del carbón y el ciclo combinado".

"La verdadera razón es el diseño del mercado eléctrico", sostiene Fabra, quien sostiene que es "injusto" que afecte al precio de la luz que fijan "no sólo estos actores, sino también los de la energía, nuclear, renovables, etc.". 

En este sentido, Fabra recuerda que los consumidores no sólo son hogares, sino también ámbitos "como la siderurgia o el sector servicios", por lo que la subida de la factura de la luz puede encarecer otros productos o servicios y, en última instancia, afectar al consumidor de a pie.

Por su parte, Morales de Labra coincide con Fabra en que las razones expuestas por la CNMC para explicar la subida del precio de la luz "es una justificación. Todo eso afecta, pero no a toda la producción, ya que más del 60% de la producción no tiene que ver con esto".

De hecho, rechaza de plano que un aumento de demanda justifique este tipo de subidas: "Que la demanda se haya incrementado en agosto no es significativo". El verdadero problema, en su opinión, es que "el mercado eléctrico es ineficiente porque no es capaz de trasladar al consumidor el coste de su producción".

Cuáles son las posibles soluciones

Una posible solución pasa por eliminar las cargas impositivas que actualmente soporta el sector energético, como ya avanzó que llevaría a cabo la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, este miércoles.

Según las medidas provisionales para frenar el incremento del precio de la luz que propone Fabra, "la eliminación de los impuestos que gravan la generación de los ciclos combinados y de las centrales de carbón [...] y la redefinición de los peajes variables por el uso de las redes de gas, evitarían que su cuantía se trasladase a los precios del mercado eléctrico con los que se retribuye toda la generación".

Lo que Fabra considera en su análisis retroactivo es que, habiendo eliminado el pasado 1 de enero el impuesto del 7% sobre los ingresos de la generación eléctrica y el impuesto especial sobre hidrocarburos, ambos introducidos en 2013 por la Ley 15/2012, con ello calcula que se habrían perdido en torno a 277 millones de euros en impuestos desde enero a agosto de 2018.

Sin embargo, esta pérdida recaudatoria "podría paliarse o bien redefiniendo la forma de dichos impuestos (para que dejaran de ser función de la generación de cada central), o bien trasladando dicha carga sobre el consumo de hidrocarburos al sector transporte y revirtiendo su recaudación al sector eléctrico".

Según sus cálculos, este ahorro "permitiría a los consumidores liberar más de 1.600 millones de euros para otros usos", con lo que se conseguiría, por un lado, rebajar el precio de productos y servicios en sectores afectados por la subida de la electricidad; por otro, compensar esa pérdida recaudatoria con otros impuestos desligados de la energía, como por ejemplo el IVA.

Por su parte, Morales de Labra se muestra algo reticente ante esta idea. Si bien reconoce que "es parte de la solución y que incluso el PP, sorprendentemente, ha anunciado su intención de eliminar el impuesto del 7% que él mismo aprobó en 2012", considera que "si retiras el 7%, bajas el precio de mercado, pero creas un agujero. Sólo a través de una mayor recaudación de IVA no se puede solucionar este problema".

Curiosamente, el PP cursó una proposición de ley el pasado miércoles para suprimir el impuesto, horas antes del anuncio de Ribera. En su propuesta, el PP acompañaba la suspensión de este impuesto con un mayor margen en la recaudación por las subastas de derechos de emisión de gases de efectos invernadero, fijado hasta ahora en 500 millones de euros y que pasarían a 2.000 millones.

En cualquier caso, Morales de Labra propone "medidas estructurales" que no sólo pasen por la supresión de impuestos —ni su correspondiente compensación recaudatoria—, sino que también incluyan algún tipo de regulación, al margen del techo fijado en los 180 megavatios/hora.

Las medidas ya adoptadas para la transición energética

Parte de esas medidas estructurales, de las que aún se desconocen los detalles concretos, ya se vislumbran en el ministerio de Transición Ecológica, después de que Teresa Ribera anunciase el pasado miércoles la supresión del impuesto del 7% a las eléctricas, así como iniciativas para favorecer el autoconsumo, proteger a las personas en riesgo de pobreza energética o para potenciar las renovables.

En este sentido, otra de las apuestas de Ribera es la de facilitar los contratos bilaterales para desplazar una parte del mercado mayorista a la contratación bilateral de energías renovables, algo que supondría un cambio en la tendencia actual, donde aproximadamente la mitad de los consumidores acuden al mercado regulado.

"España es uno de los pocos países europeos donde la mayor parte de la energía se obtiene en el mercado mayorista. Tenemos un largo recorrido en la potenciación de los contratos bilaterales", ha explicado la ministra, que espera revertir lo antes posible la situación.

Fabra consideraba positivas las medidas, especialmente la supresión impositiva: "Si bien estas medidas contribuirían a mitigar los efectos sobre la economía de la escalada de precios de la electricidad, la asignatura principal del sistema eléctrico en España sigue pendiente: su profunda reforma".

Algo en lo que coincide Morales de Labra, quien adopta un tono algo escéptico hasta que se concrete algo más: "Las medidas son un primer paso, claramente insuficiente para la solución. Coincido con el diagnóstico de la ministra, pero habrá que ver cómo plantea esa reforma estructural que anunció. Es importante que tenga en cuenta la parte fiscal, porque las medidas son insostenibles a largo plazo desde el punto de vista financiero".