Quién debe pagar la comisión de las inmobiliarias: un frente de la nueva Ley de Vivienda que puede afectar a tu bolsillo
Brian Snyder/Reuters
- La regulación actual establece que las comisiones de las inmobiliarias en los procesos de compraventa o alquiler deben ser asumidas por el vendedor o arrendador cuando se trate de una persona jurídica.
- Desde FACUA piden que esto ocurra también en el caso de las personas físicas, y reclaman mayores controles para la figura del intermediario inmobiliario.
- Unidas Podemos ya ha planteado esta medida para la nueva Ley de Vivienda, en la que el gobierno de coalición trabaja a contrarreloj estos días.
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Además, en muchos casos el vendedor acude a la intermediación de una agencia inmobiliaria, y estas cobran unos honorarios por el trabajo realizado, que se suma al precio de la compra o alquiler. Según la OCU, estas comisiones suelen oscilar entre el 2% y el 6% sobre el precio de venta.
"En la actualidad, aunque no existe norma alguna al respecto, es el inquilino o comprador quien suele asumir su coste", advierte FACUA, quien pide una mayor regulación en España para esta figura, con el objetivo de "evitar los abusos en la compraventa y alquiler de inmuebles, como puedan ser comisiones excesivas".
Según la organización no gubernamental, la actividad de intermediación inmobiliaria quedó "completamente desregulada" con la aprobación de la Ley 4/2013, de 4 de junio, de Medidas de Flexibilización y Fomento del Mercado de Alquiler de Viviendas.
Esto habría dado lugar a "un creciente número de prácticas irregulares (como cláusulas de exclusividad que podrían ser abusivas) por parte de estos intermediarios, a los que actualmente no se les exige ni siquiera una mínima cualificación ni registro para ejercer su actividad", recuerda.
El Real Decreto-Ley 7/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, establece que los gastos de gestión inmobiliaria y formalización del contrato deben ser asumidos por el vendedor o arrendador cuando se trate de una persona jurídica (una empresa), independientemente de quién contrate los servicios.
"La nueva norma debe incluir que esto ocurra en todos los casos, sea el vendedor o arrendador [una] persona física o jurídica", reclaman en un comunicado.
Esta es una de las medidas que podría incluir la nueva Ley de Vivienda, en la que el gobierno de coalición trabaja a contrarreloj para tratar de llevarla al Consejo de Ministros antes de que acabe el mes de febrero, como se comprometió el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
De hecho, ya ha sido planteada por Unidas Podemos, que propone que los honorarios correspondientes a las gestiones realizadas por la empresa inmobiliaria —en operaciones de compraventa y de alquiler de inmuebles— sean satisfechas por el vendedor o arrendador, respectivamente, informa Europa Press.
Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos no solo se enfrentan al reloj, sino a las diferentes posturas de ambas formaciones en materias como el control de precios de alquiler y los desahucios. Los próximos días determinarán qué versión de la nueva Ley de Vivienda acaba viendo la luz.
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