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Quién está detrás del fondo estadounidense que aspira a fulminar al taxi con 4.000 licencias de Uber y Cabify

Una imagen de una manifestación de taxistas en Barcelona.
Getty Images

José Luis Ábalos le ha tocado el papel más difícil en la guerra del taxi. En su mano está decidir cómo frenar a los grandes empresarios de las licencias VTC–las que utilizan Uber y Cabify–, que amenazan el statu quo del taxi. El ministro avisó en su primera comparecencia, tras el regreso de vacaciones, de una realidad innegable: en los tribunales quedan 9.000 autorizaciones que, tarde o temprano, llegarán a manos de muchos solicitantes. Y hay alguien con mucho que decir.

Ares Capital, la empresa participada por el fondo americano King Street Capital Managment, tiene ya en su poder la quinta parte de autorizaciones VTC que existen en el mercado, de acuerdo a la información registrada en el ministerio el 3 de septiembre, y ya ha recorrido más de la mitad del camino para completar su objetivo: controlar 4.000.

Los últimos datos consultados arrojan que la mercantil cuenta con 1.150 licencias (medio centenar a través de 143 filiales que cuelgan de su matriz) y fuentes cercanas a la compañía añaden que tiene desbloqueadas por la vía judicial otro millar. Respecto a este último punto, solo de la Comunidad Valenciana tiene 200 desde este lunes, después de que el Tribunal Superior de Justicia (TSJCV) obligara a la Generalitat a entregar el lote solicitado el 8 de febrero de 2013. 

Pero, ¿tiene ya Ares Capital lista la flota de vehículos? Las últimas matriculaciones de coches son de finales de julio. Cuando la tenga, posiblemente se habrán resuelto todas las autorizaciones bloqueadas de las que habló el ministro y la ratio 1/30 estará más lejos que nunca, con 65.223 licencias de taxi y aproximadamente 20.200 licencias VTC a nivel nacional. Fuentes del sector consultadas explican, no obstante, que el proceso será largo. 

“La administración va lenta, dicen que por presión del taxi... el caso es que, por ejemplo, una persona en Madrid para despachar todo no da para mucho y se acumula el trabajo. Una vez concedidas, la comunidad debe enviar carta a la empresa. Le da 90 días para que compre los coches, los matricule, cumpla con todos los requisitos y presente la documentación”, explican.

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“Puede ser que se requiera una prórroga de 90 días adicionales y, una vez presentados los coches, la administración tarda de dos a seis meses en dar las tarjetas. O sea, finalmente se puede ir casi un año desde que envían formalmente la carta. Y hasta que la envían unos cuantos meses más. Haz el cálculo”, añaden al respecto.

Ares Capital, un gigante americano con pedigrí malagueño

Ares Capital es un gigante, quizá el más grande, de licencias VTC. Estaba en sus inicios controlada por los hermanos Ortigüela, dos polémicos empresarios malagueños vinculados al sector del taxi que se aprovecharon de la liberalización del mercado para comprar licencias. Vendieron la empresa el pasado mes de marzo, tras el visto bueno de Competencia porque su comprador "apenas tiene actividad en España".

Se trata de King Street Capital, con oficina en Nueva York y sede social en Delaware. De este fondo, fundado en 1995 y con aproximadamente 19.000 millones de dólares en su poder, se conoce poco. Lo más destacado es que es accionista de Toshiba y que recientemente se asoció con Joseph DaGrosa, el inversor americano que es propietario del Girondins de Burdeos

El diario La Información adelantó cómo desembarcaron los tres ejecutivos americanos representantes del fondo, Michael Crooks, Paul Wengrofsky y David Walch, además de las claves de la operación. King Street adquiría los activos –las licencias– y más tarde las entregaba a un gestor para que los explotara junto a Uber, con quien alcanzaron un acuerdo paralelo.

La patata caliente de Ábalos

Ahora es el ministro Ábalos quien decidirá qué hace con todas estas licencias. El sector mayoritario del taxi, encabezados por Fedetaxi, no quiere que se lave las manos y únicamente pase las competencias para regular las VTC a las comunidades y que éstas busquen una solución con los respectivos ayuntamientos.

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El sector VTC, por su parte, no quiere ni oír hablar sobre una licencia extra, algo similar a lo que Ada Colau impulsó en el Área Metropolitana de Barcelona (AMB) y que judicialmente tampoco tiene un recorrido claro porque podría romper las reglas básicas del mercado.

La opción más lejana sigue siendo la expropiación de licencias para que se cumpla la ratio 1/30. Pero el Gobierno se comprometió a no hacerlo, por lo que la puerta que queda abierta es que lo hagan las CCAA si finalmente se les da plena capacidad para ello.

Pero sigue siendo otro problema. Las diferentes administraciones autonómicas ya se negaron durante las protestas del taxi de julio a recibir ese poder, puesto que pagar con dinero público un rescate millonario al taxi (artículo 14 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres), comprando esas licencias a sus titulares, puede tener un coste político.

   

  Artículo Original de Economía Digital

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