Manuel Castells es el más rico de los ministros, con 4 millones de euros en patrimonio: así son las declaraciones de los altos cargos del Gobierno

Manuel Castells, ministro de Universidades.
REUTERS/Susana Vera
  • El Boletín Oficial del Estado acaba de publicar la declaración de 2020 de altos cargos del Gobierno, que incluye a ministros y secretarios de Estado.
  • El responsable de Universidades es el ministro más acaudalado de todo el Gobierno. Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, es una de las que menos.
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El BOE ha publicado las declaraciones de todos los altos cargos del Gobierno que ocuparon un puesto durante el año 2020. De esta manera, se conocen por primera vez declaraciones de los nuevos ministros que llegaron al Ejecutivo a principios de 2020, con la creación del primer Ejecutivo de coalición de la historia democrática.

La resolución que publica el BOE este viernes cuenta con más de 300 páginas y detalla la situación patrimonial de ministros y secretarios de Estado en función de lo que estipula la legislación.

El ministro de Universidades, el prestigioso sociólogo Manuel Castells, es el más acaudalado de todo el Ejecutivo. Todo su patrimonio declarado alcanza los 5.058.219 euros, más de cuatro millones que reparte en bienes inmuebles (2,1 millones), cuentas corrientes o de ahorro (320.000 euros), seguros de vida (1,4 millones), otros bienes (21.800 euros) y un pasivo de más de un millón.

Le sigue de cerca el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, con un patrimonio que supera los 1,9 millones de euros, que reparte en cerca de 400.000 euros en bienes inmuebles, 17.000 en cuentas corrientes, más de un millón de euros en acciones y participaciones en entidades jurídicas negociadas y no negociadas, 255.000 euros en planes de pensiones y cerca de 300.000 como pasivo.

El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha declarado casi medio millón de euros. En bienes inmuebles, más de 180.000. En cuentas corrientes, más de 73.000. Casi 86.000 euros en planes de pensiones o seguros de vida, y un pasivo de más de 161.000 euros.

Se queda atrás del que hasta esta semana era su vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos y ahora candidato a la Presidencia de la Comunidad de Madrid suma un patrimonio de 540.000 euros. Tenía en su cuenta corriente, y en el momento de su declaración, más de 110.000 euros. En bienes inmuebles, unos 232.000 euros. Como pasivo tiene todavía 231.000 euros y en seguros de vida o planes de pensiones más de 187.000.

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Irene Montero, la ministra de Igualdad, tiene en pasivo la misma cantidad que Iglesias, 231.000 euros. Pero en bienes inmuebles suma 335.000 euros, y en cuentas corrientes o de ahorro más de 107.000. La cifra de planes de pensiones o seguros de vida es similar a la de Iglesias, con 187.000 euros. Un patrimonio que supera los 630.000 euros.

En el caso de Nadia Calviño, que pasará ahora a ser la vicepresidenta segunda y es la ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, declara 335.630 euros que reparte en bienes inmuebles (288.675 euros) y cuentas corrientes o de ahorro (46.955).

El ministro de Consumo y coordinador de IU, Alberto Garzón, declara unos 120.000 euros. Su declaración se reparte entre 111.300 euros de bienes inmuebles, 17.000 euros en la cuenta, y cerca de 160.000 como pasivo.

Por detrás está la fortuna de la ministra portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya declaración asciende a los 135.000 euros que reparte en los 113.230 de sus bienes inmuebles, a los 18.124 en sus cuentas, y a los 112.778 euros que tiene en pasivo.

Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, pasará a ser así la vicepresidenta tercera, siendo además una de las ministras que menos ha declarado en 2020. Tan solo unos 50.000 euros que divide en 39.837 euros para bienes inmuebles, 7.340 euros en depósitos de cuentas corrientes o de ahorro, 3.374 en otros bienes y 25.324 euros en su pasivo.

Puedes consultar la declaración de ministros, secretarios de Estado y otros altos cargos de la Administración Pública en la resolución que el BOE ha publicado este mismo viernes.

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