Carme Artigas reconoce que la implantación de RadarCOVID fracasó por "una cuestión cultural", aunque reivindica que "ha ahorrado 50.000 rastreadores"

Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, sujeta un teléfono con RadarCOVID.
Carme Artigas, secretaria de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, sujeta un teléfono con RadarCOVID.
REUTERS/Sergio Perez
  • Con RadarCOVID, "nos hemos ahorrado 50.000 rastreadores humanos", aunque el problema en su adopción fue "cultural", según la secretaria de Estado de Digitalización.
  • 7 comunidades todavía no han firmado el convenio para implementar la app de forma definitiva. Muchos códigos para confirmar contagios en la plataforma no llegan.
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RadarCOVID es la aplicación para rastrear posibles contactos estrechos de coronavirus que diseñó la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial (SEDIA) mediante un contrato de emergencia que se adjudicó a Indra. La app se conectó con los sistemas sanitarios de las comunidades después del verano pasado.

Sin embargo, al menos 7 las autonomías tienen la aplicación conectada a su red sanitaria pero no han firmado el convenio bilateral definitivo. Sin este documento, la app funciona "en pruebas", según desgranaba el diario digital Vozpópuli hace unas semanas. 

La aplicación ha demostrado su eficacia en entornos controlados e investigaciones académicas. La tecnología funciona, pero la plataforma registra una ratio muy baja de contagios respecto a los datos oficiales diarios que arroja la pandemia en España. ¿Cuál es el motivo?

La secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, Carme Artigas, cree que RadarCOVID es "un ejemplo" del "camino que nos queda por recorrer" y de los "avances que se han hecho". Reivindica que fue "un proyecto impulsado a nivel europeo que contó con la privacidad por diseño".

"Pero también nos refleja que lo difícil en los cambios tecnológicos no es solo la tecnología". Artigas expone, en una reciente entrevista con Business Insider España, que su misión es "poner la tecnología en las manos de quienes toman las decisiones". Pero, lamenta, "al final están los procesos. Donde tenemos la brecha es en los cambios culturales. La aplicación se ha implementado en muchas autonomías con una altísima penetración, pero hay comunidades que no la han implementado".

La escasa integración de RadarCOVID en las comunidades autónomas es uno de los factores que explican el fracaso de la app que iba a frenar contagios, según expertos

En aquellas comunidades en las que sí se ha implementado RadarCOVID de forma efectiva, la responsable de la SEDIA defiende que "se ha tenido el nivel de respuesta que buscábamos: un 20% de adopción por parte de la población y un 20% de detección de contagios".

"Si hubiéramos hecho una campaña más masiva y todas las comunidades la hubiesen implementado, ahora no tendríamos el problema que tenemos con los más jóvenes". Artigas se refiere al repunte de casos que está registrando la quinta ola de la pandemia en España: "Tendríamos esa capacidad de detección".

"Se han reportado más de 100.000 casos en RadarCOVID que han supuesto más de 200.000 avisos a ciudadanos que se han enterado de que han podido estar expuestos así a un contagio", según sus cifras. "Equivaldría a 50.000 rastreadores humanos. Nos hemos ahorrado 50.000 rastreadores humanos y eso hay que ponerlo en valor", apunta la secretaria de Estado.

Un cambio cultural, el principal desafío de las nuevas tecnologías

RadarCOVID.
Business Insider España

Así, no es cuestión de que algunas comunidades autónomas no tengan la app desplegada. "Lo que ocurre es que no se entregan los códigos". El funcionamiento de RadarCOVID es relativamente sencillo de explicar: los teléfonos que tienen instalada la aplicación se comunican de forma constante mediante fogonazos Bluetooth de bajo consumo energético. En cada teléfono se almacenan esos fogonazos, que en realidad son unos códigos cifrados.

De esta manera se garantiza el anonimato de un posible contagio y se preserva la privacidad de los ciudadanos. Todos los códigos se almacenan en los teléfonos de forma descentralizada, no se depende de ello para un servidor centralizado. Esto es así gracias a un protocolo desarrollado de manera conjunta por Apple (para sus iPhone) y Google (para los terminales Android), después de que la Unión Europea publicase unos requisitos mínimos para desplegar este tipo de herramientas en el continente.

Una vez una persona confirma una PCR positiva en coronavirus dentro de la plataforma, la aplicación envía una alerta a todos los códigos asociados a teléfonos que el dispositivo haya almacenado en las últimas 2 semanas. Para cribar de forma efectiva, los teléfonos solo almacenan los códigos de los teléfonos que hayan estado a menos de 1,5 metros de distancia del dispositivo durante más de 15 minutos: los posibles contactos estrechos.

Para comunicar el positivo en la plataforma, es necesario que el servicio sanitario de la comunidad autónoma entregue al paciente un código que deberá introducir en la app. Esos son los códigos que no se han entregado a menudo ni en tiempo ni en forma.

Por eso, Artigas entiende que lo que ha fallado no es la tecnología, "sino el cambio de proceso". "No le podíamos pedir más a las consejerías de Salud que ya han combatido la pandemia en primera línea todos estos meses. Algunas han sido capaces de adaptar estos procesos para incorporar la tecnología"  y enviar estos códigos. Otras no. Pero ese es el camino", zanja la secretaria de Estado.

"Es como si, ante el temporal Filomena, yo ofrezco un quitanieves con 5 palas a cada comunidad autónoma. Mi misión es entregarle la tecnología necesaria a las comunidades. Pero algunas nos dirían que no tienen gasolina o no tienen la capacidad de conducirla y por eso siguen usando una pala manual", ejemplifica.

"Al final quien toma la decisión, quien ejecuta, es quien tiene la responsabilidad. Nuestra misión es entregar la tecnología disponible y que no haya diferencias entre comunidades. Todas tenían la misma herramienta. Algunas han tenido el tiempo para hacer este cambio cultural y otras no. Muchas transformaciones digitales tienen menos de tecnología y más de cambio cultural. Ahí tenemos que seguir trabajando en capacitación y formación".

En un momento de la conversación, Artigas reconoce que hubiese ayudado "tener más recursos para hacer una campaña más masiva" de difusión. "No es una cuestión política", matiza. Algunas comunidades de signo contrario al Gobierno, "como Galicia, lo han hecho muy bien". Pero en muchos casos los equipos de rastreadores están "infradimensionados" y muchas autonomías "no han tenido el tiempo suficiente para formarlos ante la avalancha de la pandemia".

"No es que no haya habido voluntad. Es que se han visto desbordados y no se puede pedir que cambien sus procesos de la noche a la mañana". El "hito tecnológico", continúa Artigas, es que "en Europa hemos hecho una app con la privacidad por diseño y hemos conseguido que Apple y Google asuman estos estándares. Es una cuestión de soberanía digital europea".

La barrera cultural también en ciberseguridad

Durante la entrevista también se planteó el eje prioritario que supone la ciberseguridad para la nueva economía digital española. "Es prioritario y estratégico en nuestro país. No se puede vivir a espaldas de lo que está sucediendo", subraya Artigas. "A medida que se apuesta por abordar la digitalización, también aumenta el campo de acción y el perímetro de riesgo".

La secretaria de Estado tiene claro que "no se puede favorecer la transformación digital" si "no nos dotamos de nuevas herramientas, tanto para ciudadanos como para empresas. No podemos bajar la guardia porque es una amenaza continua".

En ese sentido, Artigas considera que hay 2 situaciones: aquellas ciberamenazas que afectan a ciudadanos (víctimas de una campaña de phishing, de un ransomware, de adicciones a redes sociales, sexting o bullying en el caso de los menores) y las que afectan a empresas y a la Administración General del Estado. Por ello, el Gobierno también prepara el lanzamiento de su CiberSOC, su centro operativo de ciberseguridad, donde se podrá monitorizar la actividad y seguridad informática de la infraestructura pública del Gobierno 24 horas al día, 7 días a la semana.

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"Pero no tenemos que confundir ciberseguridad con ciberdefensa. Como naciones, la ciberdefensa depende de Seguridad Nacional". En este sentido, Carme Artigas reivindica la estrecha colaboración y coordinación de la SEDIA con otros organismos del Ministerio de Defensa como el Centro Criptológico Nacional (CCN) y su Equipo de Respuesta Inmediata a Emergencias (CCN-CERT), ambos dependientes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Hace unos días, la SEDIA también avanzó la creación de un Observatorio Nacional de Ciberseguridad, el ObservaCiber. Viene, concretamente a tapar un hueco que había entre los estudios que generaba el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) y el Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad (ONTSI). Los resultados de los estudios y sondeos del nuevo ObservaCiber, conformado con equipos de estos 2 organismos, permitirán poner más datos sobre la mesa a la hora de tomar decisiones y determinadas políticas públicas.

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