La Inspección de Trabajo realizó en 2020 un récord de intervenciones para comprobar que se cumplen los planes de igualdad, aunque las sanciones se redujeron un 64%

Desde hace 14 años, desde la aprobación de la Ley Orgánica para la Igualdad Efectiva entre mujeres y hombres, las empresas de más de 250 empleados están obligadas a aprobar y aplicar planes de lucha contra la discriminación de género en sus plantillas. A pesar de que desde 2019 esta obligación afecta también a las compañías con más de 50 empleados, los resultados de esta medida todavía están por concretarse.

De hecho, en España sigue existiendo desigualdad laboral entre mujeres y hombres, como demuestra la persistencia de la brecha salarial, que se mantiene en el 21,4%, según datos de 2018, tras 5 ejercicios seguidos de descensos, la escasa presencia femenina en puestos directivos, donde suponen un 34%, o la mayor incidencia de la temporalidad, el empleo a tiempo parcial y la inactividad entre las trabajadoras.

Por ello, la Inspección de Trabajo ha aumentado sus intervenciones en empresas para comprobar sus planes de igualdad hasta su máximo histórico, con 1.540 actuaciones respecto a estos planes durante 2020, un 31,6% más que el año anterior, que se han traducido en 705 requerimientos, 38 sanciones y un total de 71.617 euros en sanciones, según datos provisionales de la inspección publicados por El País.

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No obstante, pese a que el número de inspecciones es el más alto registrado desde 2007, el número de sanciones y el volumen de dinero recaudado con las sanciones por incumplir la obligación de poner en marcha planes de igualdad en las empresas es menor que en los años anteriores. Así, en 2019 se produjeron 1.169 inspecciones que dieron como resultado sanciones de 200.000 euros, un 64,2% más de las multas aplicadas en 2020.

La legislación, además, ha avanzado en los 2 últimos años, con la reducción de 250 a 50 trabajadores en el mínimo de plantilla para que una empresa se acoja a un plan de igualdad aprobada en 2019, pero que no se aprobó hasta octubre del año pasado, cuando también entraron en vigor las auditorías de sueldos para evaluar hasta qué punto existe brecha salarial dentro de cada compañía.

Esas auditorías todavía no se aplican a todas las empresas obligadas a contar con planes de igualdad y  han comenzado a realizarse este mismo mes en empresas de más de 100 trabajadores, mientras que a partir de marzo de 2022 se realizarán también en las que cuentan con más de 50 empleados. En caso de no contar con un plan de igualdad o de que se detecte discriminación salarial, se considerará una falta muy grave en materia de relaciones laborales, sujeta a multas de entre 6.250 y 178.500 euros.

Mientras, otra de las medidas para combatir la desigualdad laboral entre hombres y mujeres entrará en vigor el mes que viene, cuando sea obligatorio que todas las empresas de más de 50 empleados cuenten con un registro que contabilice las retribuciones de sus empleados, incluyendo a los directivos y con datos desagregados de sueldo medio, complementos salariales y otras ganancias, además del establecimiento de criterios para evaluar los puestos de trabajo.