La reforma fiscal prometida a Bruselas no entrará en vigor hasta 2023, salvo los impuestos ecológicos, de matriculación y circulación y de hidrocarburos

Tras la publicación este miércoles del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia enviado el viernes pasado a la Comisión Europea para su aprobación, ya se conocen al fin los detalles del paquete de reformas e inversiones a las que el Gobierno se compromete a destinar los 140.000 millones de euros que España recibirá en concepto de transferencias a fondo perdido y créditos entre este año y 2026.

Uno de los puntos de ese plan que más expectativas ha despertado es el de la reforma fiscal con la que el Ejecutivo busca que la recaudación de impuestos vuelva a recuperar sus niveles previos al coronavirus elevándola un 7,6% para alcanzar 275.243 millones de euros en 2021 tras sufrir a lo largo de 2020 un desplome tributario del 8,8% debido a la pandemia que ha situado la recaudación anual en 255.809 millones de euros. 

Entre las metas del Plan de Recuperación está elevar la recaudación en los principales impuestos, con un alza del 13,9% prevista para el impuesto de Sociedades, de un 7,8% en el IVA y del 5,9% en el IRPF, que se atribuye al aumento de demanda interna durante la recuperación, que elevaría su recaudación hasta 104.709 millones de euros en 2021, un alza a la que contribuirán las subidas de tipos aprobadas para las rentas altas a comienzos de año.

El coronavirus hunde un 25% la recaudación de impuestos de las comunidades autónomas

Sin embargo, la mayor parte de la reforma fiscal incluida en el plan no entrará en vigor hasta 2023, especialmente la revisión de las exenciones y deducciones que restan capacidad recaudatoria al impuesto de Sociedades, la armonización del impuesto de Patrimonio para evitar el dumping fiscal entre autonomías o la revisión de las bonificaciones del IRPF, el IVA, los impuestos especiales y el de Sociedades.

En concreto, ese tercer punto, el del análisis de las bonificaciones de las principales figuras tributarias, se realizará en varias fases, con la revisión de 15 principales incentivos fiscales entre este año y 2023, entre los que se incluyen las bonificaciones por fomento de empleo, servicios sociales, complementos de pensiones, vivienda, investigación, sanidad, educación, cultura, acceso a bienes y servicios de primera necesidad y por protección de sectores estratégicos y del medio ambiente, segúnCinco Días.

De esos 15 incentivos, el Gobierno prevé aprobar 5 cada año y dar luz verde a la revisión del resto de bonificaciones en 2024 y 2025, entre las que podría incluirse la polémica eliminación de la reducción por tributación conjunta, que el Gobierno ha desmentido pese a que el plan prevé establecer un régimen transitorio para evitar que esta deducción suponga un desincentivo al empleo de uno de los miembros de la pareja, especialmente mujeres, según el diario económico. 

Con este análisis, el Ejecutivo busca revertir unas pérdidas de recaudación valoradas en 60.000 millones de euros al año, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef). Además, la vicepresidenta económica, Nadia Calviño ha asegurado que su prioridad  es impulsar el crecimiento y el empleo, por lo que el retraso de la reforma fiscal busca equiparar la presión fiscal de España al resto de la UE y garantizar el estado del Bienestar, pero sin poner en riesgo la recuperación económica.

El análisis de las bonificaciones fiscales y el sistema tributario, que realizarán expertos académicos, se reunirá en un libro blanco que se prevé publicar antes de febrero de 2022 en el que también se revisará la simplificación del impuesto de Sociedades y su equiparación a las medidas al respecto que aprueben los 27 o la OCDE, el funcionamiento de la tasa Google y la fiscalidad ambiental, un segmento en el que no se descarta la creación de nuevos impuestos.

No obstante, varios impuestos si aumentarán o se modificarán antes del primer trimestre de 2023. En concreto, los primeros cambios que entrarán en vigor serán los impuestos al plástico y los residuos, que el Congreso aprobará previsiblemente este verano, la reforma de los impuestos de matriculación y circulación en el primer trimestre de 2022, la del de gases fluorados en el segundo y la de los hidrocarburos en el cuarto trimestre, en la que se incluiría la equiparación fiscal del diésel a la gasolina.