Reforma de las pensiones: Gobierno, sindicatos y patronal pactan recuperar la revalorización con el IPC y sufragar el déficit de la Seguridad Social con impuestos

Tras más de 5 años de negociaciones infructuosas que consiguieron reencauzarse tras la aprobación de las 21 recomendaciones del Pacto de Toledo el pasado mes de octubre, el Gobierno, los sindicatos y la patronal acuerdan este lunes la primera fase de la reforma de las pensiones, que se produce justo 1 mes después de que el Ejecutivo y los agentes sociales llegasen a un acuerdo político sobre las bases principales de esta reforma.

El pacto para esta primera fase de la reforma del sistema público de pensiones ha sido posible tras cerrar varios temas pendientes, como la recuperación de la revalorización de la cuantía de las prestaciones de acuerdo al IPC, las penalizaciones a la jubilación anticipada con incentivos para mantener la vida laboral tras la edad legal de retiro o las nuevas fuentes de financiación del déficit de la Seguridad Social.

De este modo, otras cuestiones que han dificultado las negociaciones se han quedado fuera de esa primera fase de la reforma de las pensiones, como el mecanismo de solidaridad intergeneracional para repartir el coste del sistema y evitar que lo asuman los más jóvenes, que se retrasa a 2022, la posible ampliación del plazo de cómputo de las pensiones o la vinculación de la cotización de los autónomos con sus ingresos reales.

En concreto, uno de los puntos que se plasma en el acuerdo de este lunes será el referente a la situación financiera del sistema público de pensiones, que implica que el déficit de la Seguridad Social será sufragado con impuestos y no como hasta ahora, con cotizaciones de trabajadores y empresas, segúnEl País, que asegura que Hacienda transferirá 22.567 millones de euros anuales para evitar que el sistema asuma gastos impropios.

Estos son todos los cambios que afectan a las pensiones para 2021

El nuevo sistema comenzará a operar en breve y se estima que antes de finales de 2021 la Seguridad Social habrá recibido 13.929 millones de euros, tal y como figura en los presupuestos generales del Estado para 2021, mientras que en los próximos años la cantidad transferida desde las arcas estatales irá creciendo progresivamente hasta situarse en los 22.500 millones de euros acordados con patronales y sindicatos, según el diario del Grupo Prisa.

Así, los fondos estatales se emplearán para sufragar acuerdos valorados en 9.000 millones de euros y que incluyen las bonificaciones de cotización para facilitar el empleo, las ayudas a las jubilaciones anticipadas, los beneficios al régimen especial agrario o la prestación de maternidad o paternidad, aunque también las prestaciones por desempleo, un fenómeno que el Ministerio de Seguridad Social atribuye a que el sistema de pensiones requiere de más fondos que el de empleo.

Con estas medidas, el Ejecutivo busca reducir un déficit contributivo de 22.000 millones de euros, 7.000 millones más que antes de la pandemia, sufragándolo con impuestos y no con las cotizaciones sociales para evitar los llamados gastos impropios, aunque deberá acordar próximamente cómo repartir el coste del sistema antes de las jubilaciones de la generación del baby boom, que pueden sumar 4 puntos más de PIB al déficit estructural de la administración, segúnEl País.