La guerra de Fomento contra Uber y Cabify acaba hundiendo al sector tradicional de empresas de licencias VTC

• El sector tradicional de las VTC está sufriendo con el nuevo reglamento de Fomento pensado para controlar a Uber y Cabify, 
• Los representantes del sector se han reunido con los altos cargo del ministerio para comunicarles los desafíos a los que se enfrenta ahora el negocio. 
• Si todo sigue igual, los empresarios ven claro que deberán cerrar o integrarse en las flotas de Uber y Cabify. 

"En un año cerramos". Es la conclusión a la que llega Jorge Ciudad, empresario madrileño que lleva 20 años en el mundo de las VTC y que tras la llegada de Uber y Cabify ha visto cómo su negocio peligra. Y no por culpa de estas nuevas empresas, sino por el nuevo reglamento que Fomento ha desarrollado con el objetivo de sancionar a las plataformas y que mide a todos por igual. 

Ciudad estuvo reunido el pasado martes 4 de junio con altos mandos de Fomento, a quien trasladó los temores del sector. La reunión, a la que asistió Alicia Rubio, subdirectora general de inspección de la Dirección General de Transporte, se zanjó tras una hora y cuarto con una conclusión: el reglamento de Fomento es una chapuza que aboca al cierre a las empresas tradicionales. 

El ministerio de Fomento, con José Luis Ábalos a la cabeza, ha puesto en marcha desde hace unos meses un registro electrónico que vigila a Uber y Cabify. Esta herramienta, que se llevó a cabo para controlar que las plataformas realizan todos los viajes de acuerdo a la normativa actual  — por ejemplo, en Cataluña, respetando los 15 minutos de espera  que ha impuesto la Generalitat— , rompe el modelo de negocio de las VTC tradicionales, las que no trabajan para estas plataformas. 

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Uno de los motivos es la obligatoriedad de comunicar por vía electrónica y con todo tipo de detalles qué viajes se van a realizar. Se trata de una medida que se ajusta al modelo de trabajo de Uber y Cabify, cuyos sistemas están informatizados y perfectamente adaptados a lo que pide el Ministerio de Fomento, puesto que sus informáticos trabajaron codo con codo con la administración para sacarlo adelante.

"Yo tengo que poner en marcha la digitalización de todos los viajes que presto, con lo que ello conlleva (calcula unos 13.000 euros de gasto y cinco meses de trabajo extra, pese a que el registro ya está en marcha), y además, atenderme a posibles sanciones si la información que depositamos en el registro sufren más tarde alteraciones", explica el empresario, administrador de la sociedad Top Class Autos.  

Ciudad explica que el problema de base es que se mide a ambos negocios, el suyo y el de Uber y Cabify, como el mismo, cuando realmente "no tienen nada que ver". "Nuestros coches (Mercedes de gama alta)no son los de Cabify (Skoda o Kia) y nuestros clientes tampoco son iguales", explica, para más tarde añadir que el tipo de desplazamiento que hacen son muy distintos, al igual que el tipo de contratación. 

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"Nos contratan los servicios con semanas o meses de antelación, pero es habitual realizar cambios de trayecto o de contratación en el último momento, como la hora de recogida (un cliente que cambia la llegada de la hora del vuelo), en infinidad de ocasiones", pone como ejemplo para explicar que esa información, si está mal recogida en el registro de Fomento, trae consecuencias muy negativas. 

En concreto, esta mecánica provoca que las pequeñas empresas, que trabajan con servicios VTC tradicionales (dedicados a Congresos, bodas y embajadas, entre otros), se enfrenten a multas administrativas que no podrán soportar. "Estamos hablando de multas superiores a los 1.000 euros por cualquier viaje que sufra una alteración en la información enviada", explica Ciudad. 

580 VTC tradicionales contra 7.000 de Uber y Cabify

La regulación del ministerio ha llegado con motivo del desbloqueo de licencias de vehículos con conductor tras la liberalización del mercado (eliminación del ratio de 1 vehículo VTC por cada 30 taxis) y la aparición de modelos de transporte como Uber y Cabify.

Han sido dos factores que han provocado que en Madrid ya existan la mitad de autorizaciones VTC que hay en toda España y que, de todas ellas, únicamente 580 pertenezcan al sector tradicional, el que toda la vida se utilizaba para prestar servicios muy distintos a los que ofrecía el taxi y ahora ofrecen las plataformas. 

"Si no cerramos, estamos obligados a reconvertirnos", explica Ciudad. O, lo que es lo mismo, a terminar poniendo nuestros coches al servicio de Uber y Cabify, con todo lo que ello supone. "Supondría pasar de ofrecer viajes por entorno de los 70 euros a una media de 10", enlaza. 

 Artículo Original deEconomía Digital.