"Los derechos de las personas antes que el de las empresas": victoria clave de los activistas por los derechos digitales en el desarrollo de la norma europea que regulará a las tecnológicas

2023 podría ser el año en el que entren en vigor las nuevas regulaciones europeas sobre la industria tecnológica. Todavía queda mucho para que ocurra, pero la Ley de Servicios Digitales y la Ley de Mercados Digitales (DSA y DMA, en sus siglas en inglés) siguen concretando su forma.

La Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo ha aprobado este martes su posición sobre la DSA, y la Cámara votará el texto definitivo en enero. Después comenzará las negociaciones con el Consejo Europeo para que la norma cobre su aspecto definitivo.

Por su parte, el Parlamento también ha aprobado este martes su posición sobre la DMA, que votará este miércoles. Las negociaciones con los países del Consejo sobre esta regulación comenzarán durante los seis primeros meses del año que viene.

Los borradores de ambas normas se presentaron a finales del año pasado y desde entonces se han convertido en una de las referencias cuando Bruselas esboza el futuro regulado del sector. Con los pasos que se han dado esta semana, además, los activistas en defensa de la privacidad tienen razones para respirar aliviados. Muchos de ellos recuerdan que seguirán "en guardia".

Los activistas, de enhorabuena

¿La razón? Muchas organizaciones y colectivos de activistas consideran que la Comisión de Mercado Interior ha escuchado la voz de la sociedad civil. Aunque el texto borrador del DSA que se sometió a votación no era "tan ambicioso" como los informes que distintas asociaciones promulgaron durante los últimos meses, sí se acordaron ciertos puntos claves.

En palabras de la plataforma Access Now, la votación revela que se han puesto "los derechos de las personas por delante del interés de las grandes corporaciones". La postura de la Comisión de Mercado Interior ha aprobado mantener la exención de responsabilidad para plataformas, para que no se responsabilicen de los contenidos de sus usuarios.

También se mantiene la prohibición de la vigilancia de la información que se transmita o almacene en estas plataformas, lo que a juicio de Fronteras Electrónicas "garantiza la libertad de expresión de los usuarios". Se reconoció "la importancia de la privacidad en línea y rechazó las medidas que obligarían a las empresas a analizar y vigilar indiscriminadamente la comunicación de los usuarios".

Los metaversos serán un desafío regulatorio, con las tecnológicas controlando cómo gesticulamos o respiramos, pero estos expertos recuerdan que tenemos herramientas para defendernos

El debate sobre el DSA también contemplaba endurecer los plazos con los que las tecnológicas podrían eliminar los contenidos que vulnerasen sus normas de conducta. Recrudecer esos plazos  podría conducir "a la retirada de discursos y opiniones legítimas", con lo que la DSA, según la posición fijada por la Comisión del Parlamento Europeo se abstendrá de adoptar esa medida.

Un riesgo similar lo genera la propia directiva que recientemente se transpuso a España con la ley ahora conocida como ley Iceta: la norma prevé la retirada automatizada de contenidos que puedan estar vulnerando derechos de autor. El hecho de que esa retirada se vea automatizada ha llevado a algunos activistas a hablar de "censura algorítmica".

De hecho, hace escasos días, el streamer español Alexelcapo invitó a uno de sus directos a un abogado especialista en derecho tecnológico, David Bravo, para explicar los pormenores de esa "controvertida" (en palabras de Fronteras Electrónicas) directiva copyright, cuyo nombre oficial es directiva MUD (Mercado Único Digital).

Otra de las medidas que se han debatido según Access Now y que también corrobora información a la que ha tenido acceso Bloomberges sobre los patrones oscuros y los usuarios que suben material pornográfico a la red.

Estas enmiendas restringirían los anuncios dirigidos a menores que ofrecen las grandes tecnológicas así como exigiría a las plataformas buscar explícitamente el consentimiento de los internautas para ser rastreados en la red. Estandarizaría, de facto, la pregunta que el sistema operativo del iPhone hace desde hace unos meses con su funcionalidad App Tracking Transparency.

Unas amenazas ante la que no pueden bajar la guardia

Además, una de esas enmiendas obligaría a los usuarios que suben material pornográfico a internet a registrarse, a fin de evitar que el material alojado y que pueda suponer la comisión de un delito no sea trazable.

Esto, aunque a priori puede leerse como una medida razonable, es, a juicio de colectivos como Fronteras Electrónicas un riesgo de que información sensible de creadores de contenidos "vulnerables ante las filtraciones de datos" pueda verse expuesta.

Otras de las preocupaciones que la fundación tiene con respecto a la forma que ha cobrado la DSA en la Comisión de Mercado Interior del Parlamento Europeo tienen que ver con sus posibles "extralimitaciones". Obligará a las plataformas a entregar los datos de sus usuarios cuando un juzgado así lo requiera.

Las regulaciones tecnológicas que prepara Europa para 2023 nacerán obsoletas si se repiten estos errores del RGPD, advierten los expertos

"Aunque reconocemos la introducción de garantías procesales (las plataformas tendrían derecho a presentar un recurso efectivo), siguen faltando garantías esenciales para los derechos humanos".

La organización también cree que son necesarias más mejoras relacionadas con los requisitos para que fuerzas y cuerpos de seguridad así como organizaciones no gubernamentales puedan enviar notificaciones a todos los usuarios de las plataformas. Entienden, por otro lado, que los pasos para exigir la interoperabilidad entre distintas plataformas han sido insuficientes.

En España, la organización X.net ha considerado que la votación del DSA en la Comisión de Mercado Interior de la Cámara "puede considerarse una gran victoria para la sociedad civil organizada". "Hemos evitado los peores escenarios distópicos propuestos por algunos partidos". No obstante, la misma plataforma recuerda que este "solo es un paso". "No debemos bajar la guardia".

La DSA podría llegar en 2023

El paquete legislativo que incluye la Ley de Servicios Digitales podría llegar en 2023. Aunque las voces más optimistas planteaban su entrada en vigor incluso para el año que viene, las negociaciones con el Consejo todavía no han arrancado, y al tratarse de un asunto tan susceptible como este, las conversaciones podrían dilatarse incluso más allá de ese 2023.

Hace escasas semanas la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, logró una importante victoria en el Tribunal General de la Unión Europea sobre la primera de las cuatro grandes multas que impuso Bruselas a Google hace unos años.

Los Papeles de Facebook: todo lo que se está publicando a raíz de la filtración masiva de una extrabajadora de la compañía

Hasta ahora, sus propuestas de sanción se habían encontrado con el freno de los tribunales comunitarios, como ocurrió con el caso de Apple con sus impuestos en Irlanda.

Algunos especialistas ya advirtieron poco después de que se conociera la sentencia del Tribunal General de que la misma podría servir de precedente para que Bruselas impulsase nuevas investigaciones sobre grandes tecnológicas. En estos momentos, la Unión Europea ha iniciado pesquisas sobre la posición de dominio de tecnológicas como Amazon.

De ser así, de servir la sentencia del Tribunal General como precedente, el paquete legislativo de la DSA podría demorarse, pero Bruselas ya contaría con nuevas herramientas para seguir fiscalizando el papel clave de las multinacionales tecnológicas y su relación con los consumidores y usuarios europeos.

La extrabajadora de Facebook (ahora Meta) Frances Haugen compareció en noviembre en el Parlamento Europeo animando a los legisladores a desbloquear el desarrollo normativo de estas regulaciones. Lo hizo con un llamamiento de urgencia. "Sé que pueden destruirme", adujo.