Canarias, Andalucía y Cataluña, las Comunidades más favorecidas en el reparto de los 7.000 millones de euros de ayudas para autónomos

El pasado 15 de abril de 2021, el Ministerio de Hacienda remitió a las Comunidades Autónomas y a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla los convenios para poner en marcha las ayudas a autónomos y empresas más afectadas por la pandemia, que el Gobierno de España aprobó el pasado 12 de marzo.

Es una línea de ayudas directas para autónomos, dotada con 7.000 millones de euros. Otros 3.000 millones se dedicarán a reestructurar la deuda financiera que cuente con aval del Estado, y un fondo de 1.000 millones servirá para la recapitalización de las empresas.

Hacienda aprobó el 25 de marzo de 2021, una orden con el reparto territorial de las ayudas, con un compartimento para Baleares y Canarias de 2.000 millones de euros; y otro para el resto de autonomías y Ceuta y Melilla, dotado de 5.000 millones.

Dicho reparto de las ayudas para autónomos, queda de este modo:

En lo que se refiere a las islas:

Tal y como establece el Real Decreto-ley, señalan, Hacienda transferirá los recursos que corresponden a cada autonomía en un plazo máximo de 10 días desde la firma del convenio, salvo que las Comunidades soliciten que el libramiento se haga en un momento posterior. 

El texto del convenio, subrayan, “ya está adaptado a la perspectiva de que un cambio normativo permita a las Comunidades Autónomas ampliar los sectores beneficiarios e incluir también como potenciales receptoras de las ayudas a las compañías afectadas por la quiebra de Thomas Cook”.

Las ayudas para que autónomos y emprendedores hagan frente al coronavirus, según la Comunidad en la que vivas

Cada Comunidad Autónoma y las ciudades de Ceuta y Melilla deberán remitir semanalmente a la Agencia Tributaria un fichero con la relación de solicitudes de ayudas recibidas durante la semana anterior, así como, una vez iniciada la tramitación de las ayudas a autónomos y empresas, información mensual al Ministerio de Hacienda sobre la ejecución de las mismas. Los convenios tendrán una duración de cuatro años desde la fecha de su inscripción en el Registro Electrónico Estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación.

Los criterios para el reparto de las ayudas a autónomos

Los recursos del primer compartimento de 5.000 millones de euros se reparten entre las Comunidades Autónomas, explican, atendiendo a los mismos indicadores y con la misma ponderación que tienen en la asignación del fondo REACT EU, sólo que actualizados a la fecha de publicación del Real Decreto-ley.

• Dos terceras partes de su importe se distribuyen según el peso relativo del indicador de renta de cada Comunidad Autónoma y Ciudad, que mide la caída del PIB en 2020 moderado en función de la prosperidad relativa de cada una de ellas. El indicador de renta de cada Comunidad y Ciudad es la cifra resultante de dividir el peso relativo de cada entidad territorial en la caída del PIB de 2020 en relación con 2019 entre su respectiva prosperidad relativa, medida a través de su renta per cápita respecto de la renta per cápita nacional.
• Dos novenas partes del importe se distribuyen según el indicador de desempleo, que considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma y Ciudad en el total de parados registrados en enero de 2020 y su contribución al incremento del paro registrado nacional desde el 31 de enero y hasta final de ese ejercicio.
• Una novena parte de su importe de las ayudas directas para autónomos se distribuye conforme al indicador de desempleo juvenil (16-25 años) que, análogamente al criterio anterior, considera la media ponderada entre el peso de la Comunidad Autónoma o Ciudad en el total de jóvenes parados registrados en enero de 2020 y su aportación al incremento del paro juvenil registrado a lo largo del año pasado en todo el país.

En cuanto al segundo compartimento de 2.000 millones de euros reservado para las comunidades de Baleares y Canarias, su reparto se realizará de forma proporcional a su peso relativo en la caída en 2020 de los afiliados a la Seguridad Social en términos netos. Este indicador se medirá con la reducción del número medio anual de afiliados en alta entre 2019 y 2020, descontando el efecto del número de trabajadores en ERTE medios en 2020.