Las ayudas directas no llegarán a las pymes hasta junio: cruce de acusaciones por el retraso entre Hacienda y la Comunidad de Madrid

Nuevo retraso en la aplicación del paquete de medidas de apoyo a la solvencia empresarial aprobado por el Gobierno central. Así, las pymes que se beneficiarán de las ayudas directas para los sectores más afectados por la pandemia tardarán al menos 81 días en comenzar a recibir los fondos, el doble del plazo inicialmente anunciado por el Ejecutivo cuando aprobó su puesta en marcha en un Consejo de Ministros extraordinario el pasado 12 de marzo.

De este modo, las pymes no recibirán el primer pago correspondiente a esas ayudas directas hasta el mes de junio debido al proceso burocrático que implica, en el que el Gobierno central debe aprobar el desembolso de fondos a las comunidades después de que estas desarrollasen los mecanismos de entrega de subvenciones y cerrasen un convenio con las condiciones para acceder a estas medidas de estímulo empresarial.

En marzo, el Ejecutivo anunció que las ayudas directas a las pymes, a las que se han destinado 7.000 millones de euros dentro de un plan valorado en 11.000 millones que también incluye reestructuraciones de deuda y recapitalizaciones para empresas y autónomos que se han visto económicamente perjudicados por el coronavirus, estarían disponibles en un plazo de un mes y una semana, según la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

En ese plazo de 40 días, el Gobierno tenía que haber aprobado la orden de reparto del fondo de ayudas directas para las comunidades, según los criterios de React-UE, y también los convenios con las autonomías para la información sobre empresas. Sin embargo, el convenio marco no se envió a las autonomías hasta el 16 de abril, 35 días después de aprobar las ayudas, lo que ha retrasado el proceso de ratificación por parte de los ejecutivos autonómicos, segúnCinco Días.

Las ayudas directas de España cuentan con menos fondos que las de Alemania, Francia o Italia, pero prioriza más a las pymes, según Fedea

Sin embargo, las comunidades, a excepción de País Vasco y Navarra que cuentan con un régimen foral, ya han recibido los fondos que les corresponden, según el diario económico del Grupo Prisa, que destaca que el último paso para poder repartir las ayudas implica que cada autonomía debe enviar a la Agencia Tributaria los datos de las pymes que se han inscrito en este plan para verificar que cumplen los requisitos, un proceso que tarda 7 días en resolverse.

Precisamente, ese trámite ha provocado la polémica entre el Ministerio de Hacienda y la Comunidad de Madrid respecto a quién tiene la culpa de los retrasos en el reparto de ayudas directas a las pymes. Así, el consejero madrileño de Hacienda en funciones, Javier Fernández-Lasquetty, acusó al ministerio de no responder en plazo a su fichero de 14.000 posibles pymes beneficiarias, mientras Hacienda acusa al Ejecutivo autonómico de firmar con 6 días de retraso el convenio de reparto, según Cinco Días.

Pese al cruce de acusaciones, la Agencia Tributaria envió este miércoles la validación de la información fiscal de las 14.000 primeras solicitudes presentadas el pasado día 6 por la Comunidad de Madrid, que tardará al menos 2 semanas en distribuirlas entre las pymes. Además, el Ejecutivo autonómico enviará esta semana otras 11.000 solicitudes al fisco para que corrobore que cumplen los requisitos necesarios para acogerse a este plan.

Precisamente, los requisitos para acceder a las ayudas directas para pymes han provocado algunos de los retrasos en la puesta en marcha de este plan. En concreto, pese a que la medida establecía que solo  las empresas que pusiesen demostrar haber perdido un 30% de su facturación durante la pandemia, finalmente las pymes que ya estuviesen en pérdidas en 2019 también podrán recibir estas subvenciones.

La aprobación de esta medida se retrasó por los desacuerdos en el Gobierno de coalición respecto a los 3 fondos de solvencia empresarial. Así, el PSOE impuso que las autonomías se encargasen del reparto, descartó la prohibición de despidos y redujo su volumen desde los 8.000 millones de euros que reclamaba Unidas Podemos a 7.000 millones, mientras la formación morada incluyó condiciones como el mantenimiento de actividad, la prohibición de repartir dividendos o elevar salarios de directivos o que todas las pymes, y no solo las de comercio, turismo y hostelería, pudieran optar a las ayudas.