El Supremo desestima un recurso de taxistas que reclamaban al Estado indemnizaciones por el aumento de licencias VTC, justo en la cuenta atrás para que las comunidades aprueben su regulación

Revés en los tribunales para el sector del taxi. Una sentencia del Tribunal Supremo ha desestimado el recurso de un grupo de taxistas en Barcelona que pretendía que el Estado indemnizara al gremio del taxi por su "inactividad reglamentaria" que ha "permitido el aumento de las autorizaciones de vehículos con conductor" (VTC).

Los taxistas defendían que el Estado y su "inactividad reglamentaria" entre 2009 y 2015 habían provocado un incremento de VTC por el que se había producido "una disminución de los ingresos del gremio del taxi y del precio de las licencias". 

Estas reclamaciones, basadas según los demandantes en una "deficiente actuación de los poderes públicos a la hora de regular el sector", habían sido presentadas en varias ocasiones al Consejo de Ministros, que no había efectuado respuesta.

Pues bien, para el Supremo la actuación del Estado, que en 2009 había liberalizado las licencias de VTC con la Ley Ómnibus y en 2015 volvió a la limitación de una licencia VTC por cada 30 de taxi —al menos en la teoría—, ratificada en el Real Decreto Ley 13/2018, conocido como Decreto Ábalos por el apellido del entonces Ministro de Fomento, no ha generado perjuicios para los taxistas.

"La legislación de 2018 expuesta no comporta propiamente perjuicio alguno para los titulares de las licencias de taxis, sino un beneficio, porque restablece un porcentaje de licencias, que no era una exigencia de normativa alguna, y altera el régimen de explotación", señala la sentencia del Tribunal Supremo, adelantada por Cinco Díasy a la que ha accedido Business Insider España.

De hecho, el alto tribunal considera que ese decreto perjudica más a los titulares de VTC, a los que a modo de compensación se dio un plazo de 4 años para operar en las ciudades mientras las comunidades autónomas regulan su actividad. Un plazo que acaba en octubre de este año, lo que provoca que las empresas que tienen licencias hayan pedido que se regule lo antes posible.

Un revés en un momento clave para la pugna taxi-VTC

Esta sentencia, dictada el 22 de noviembre, sele a la luz en un momento clave en la pugna entre taxis y VTC. En apenas 9 meses vence el plazo del Decreto Ábalos por el cual si no hay regulaciones regionales los vehículos con conductor podrían quedar excluidos de las ciudades.

Pero justo al final del año 2021 la Comunidad de Madrid —donde opera la mitad de las autorizaciones VTC, unas 8.421 de 17.681 que hay en toda España, según datos del Ministerio de Fomento actualizados al 3 enero de 2022— reveló su propuesta de regulación dentro de un anteproyecto de ley con varios temas.

Las empresas de VTC piden regular el sector a un año de que se les prohíba circular dentro de las ciudades, lo que afectaría a más de 22.000 trabajadores y 8 millones de usuarios

En él se recoge que los vehículos VTC no podrán circular por las vías públicas en busca de clientes ni captar viajeros que no hubieran contratado previamente el servicio. No obstante, considera que para entender que están circulando en busca de clientes tienen que tener "una conducta activa tendente a esta finalidad", por lo que en la práctica podrán circular en las calles sin tener un viaje contratado.

En respuesta, la Federación Profesional del Taxi de Madrid amenazó con reclamar 150.000 euros de indemnización por cada una de las licencias en la región. La agrupación de taxistas eleva la cifra de licencias VTC en la región madrileña a 15.700, muy lejos de lo que reconoce el Ministerio de Fomento, por lo que el montante total de las indemnizaciones ascendería a 2.500 millones de euros.