El varapalo judicial a Glovo en España por los falsos autónomos estrecha el cerco sobre el modelo laboral de los riders en toda Europa
- Las batallas legales entre las empresas de la economía de plataformas y sus empleados han dado la vuelta a Europa en los últimos años, siempre en busca de un marco regulatorio común que legisle qué relación tienen con sus trabajadores.
- La Justicia europea ya se pronunció al respecto el año pasado, asumiendo que los trabajadores podían ser autónomos pero que, en todo caso, considerarlos como tales corría a cargo de los distintos países.
- Tras el último fallo del Tribunal Supremo en contra de Glovo, la empresa mira a sus vecinos europeos en busca de una salida que le permita compaginar su modelo de negocio con la legislación española sin contratiempos judiciales.
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A pocos días de que se apruebe el proyecto de ley que regule la situación laboral de los repartidores de Glovo y Deliveroo, la Justicia española ha dado carpetazo a los primeros.
Este miércoles, el Tribunal Supremo falló a favor de los trabajadores y asegura que los riders de la conocida aplicación eran asalariados y, por tanto, que estaban trabajando como falsos autónomos, en una sentencia histórica tras el largo litigio judicial de la compañía en España. Glovo, por su parte, aseguró respetar la decisión del Alto Tribunal a la espera, dicen, de un nuevo marco regulatorio que normalice las reglas de juego para empresas como ella y Deliveroo.
Ambas tienen sus esperanzas puestas en Europa, donde "varias sentencias validan [su] modelo, como la última del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TSUE)". Esto es inexacto, ya que el auto del órgano judicial europeo —que habla sobre los autónomos en general, no de los riders en particular— reconoce que no hay relación de empleabilidad, sí, pero deja en manos de la jurisdicción de cada miembro aplicar su mismo concepto de trabajador; esto es, que los criterios dependan de la legislación de cada país, que son bien distintas las unas de las otras.
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¿Quiere decir esto que la sentencia del Supremo es definitiva sobre la situación de Glovo en España? Nada más lejos de la realidad. El auto marca jurisprudencia sobre el modelo laboral actual de los riders y sienta un precedente importante, pero también abre la mano a una nueva regulación liderada por el Gobierno y unificada en el marco europeo. A esta regulación es a la que se agarran.
Pero en el resto de países del Viejo Continente la situación no es menos polémica.
Alemania
REUTERS/FABRIZIO BENSCH
Los alemanes siempre han tenido fuertes marcos regulatorios para frustrar la precariedad, la discriminación y la atomización en la economía de plataformas, pero carecen de una normativa específica para designar a los gig workers (trabajadores esporádicos y/o sumergidos), la mayoría de ellos falsos autónomos. Su única defensa es, pues, los tribunales, pero los vacíos de su jurisdicción siguen tan presentes como en España.
"Es difícil saber con certeza cómo terminará un juzgado o tribunal clasificando la relación laboral al adjudicar las disputas", señala un reciente estudio de Fair Work sobre el asunto. Principalmente, el mayor problema al que se enfrentan sus tribunales es la propia definición de "plataforma" —entendida como el lugar de trabajo— y las consecuencias que tiene esta interpretación para los magistrados.
Esta situación crea una serie de lagunas jurídicas que las plataformas digitales aprovechan para su beneficio. De esta forma, empresas como Deliveroo o Vereinte logran "legalizar" como falsos autónomos (Scheinselbstständigkeit) a sus trabajadores, ahorrándose los costes de seguridad social y otros derechos laborales, entre ellos el salario mínimo y la negociación colectiva. En los últimos tiempos, las sentencias se han ido decantando a favor de los trabajadores, pero la guerra está lejos de acabar.
"Como no hay regulaciones especiales [...] es difícil distinguir a los empleados de los autónomos", señala un informe de PwC. Sumado a esta problemática, las decisiones de los tribunales laborales sobre la situación laboral de los trabajadores no son vinculantes para, por ejemplo, los tribunales sociales, formando un caldo de cultivo perfecto para la maraña jurídica.
Su historial jurídico así lo demuestra, ya que todavía existen sentencias contrapuestas dependiendo de lo que entienda el juez, no la legislación, aunque el Gobierno ya está manos a la obra. Esta es precisamente una de las asignaturas pendientes del Ministerio Federal de Trabajo y Asuntos Sociales, que lleva desde 2018 trabajando en un nuevo marco regulatorio que acoja los derechos de negociación colectiva y otros derechos laborales básicos en los contratos de trabajo en estas plataformas.
Francia
A pesar del éxito de las plataformas en ciudades como La Rochelle, Bayona, Libourne o Pau, la uberización de las condiciones laborales en Francia sigue como en su germen, también en lo relativo a la precariedad.
Por lo pronto, el Gobierno ha encomendado la creación de un estatuto especial a Jean-Yves Frouin, expresidente de la sala social del Tribunal de Casación, que deberá "definir los distintos escenarios posibles y construir un marco que permita representación de los trabajadores en plataformas digitales" de una manera uniforme, informa Sud Oest. Sus conclusiones se darán a conocer en octubre.
“El objetivo de esta misión es afianzar el modelo de plataformas que quieren mantener un vínculo de subordinación con sus trabajadores, sin pagar cotizaciones sociales”, asegura al mismo periódico Arthur Hay, secretario general de CGT-Riders en Gironda. "Para ellas, el mayor peligro sería verse obligados a una recalificación masiva".
De momento, y para salir al paso, el modelo francés se centra en un esquema de trabajo independiente con derechos reforzados: las coberturas en caso de accidente, transparencia, formación, indemnizaciones o espacio de diálogo. Es provisional, hasta que Frouin termine su estatuto, pero contempla a los trabajadores como autónomos, por lo que es uno de los marcos legales más aplaudidos por empresas como Glovo.
En paralelo a la normativa general, el Tribunal de Casación confirmó en marzo un fallo similar al visto esta semana por el Supremo español, obligando a Uber a reclasificar las condiciones de trabajo de un falso autónomo, ahora empleado de la VTC. Lo mismo está ocurriendo con algunos riders de, por ejemplo, Deliveroo, que el pasado mes de febrero recibieron 30.000 euros de indemnización por la recalificación de su contrato —de autónomo a contratado—.
A nivel jurídico, la única clasificación posible a ojos de los magistrados para saber si un trabajador es o no falso autónomo se centraría, según recoge PwC, si existe un vínculo jerárquico entra la plataforma y el individuo. Si no existe total independencia, el trabajador deberá considerarse empleado, pero una vez más las distintas interpretaciones de lo que implica esta "independencia" hacen necesaria una regulación total a nivel estatal.
Italia
Italia tiene una tradición legislativa bastante similar a la española, pero su Gobierno ha avanzado más que el nuestro a la hora de formar un nuevo marco regulatorio del trabajo en plataformas.
Su andadura en los nuevos esquemas de relaciones laborales para trabajadores del delivery y de las VTC, aprobados en noviembre de 2019, opta por reconocer el modelo de trabajo de las plataformas como autónomo, eso sí, con unos pocos derechos y obligaciones añadidos para el trabajador. Uno de ellos es la ya mencionada negociación colectiva de los riders y la calificación de trabajo por cuenta ajena en caso de no existir un convenio.
Por lo pronto, una de las soluciones que contempla la legislación italiana es dividir a los trabajadores de plataformas en tres categorías: empleados (subordinados, normales), autónomos y los llamados "colaboradores/parasubordinados/semisubordinados" (en Italia, "co.co.co."), que a prácticamente todos los efectos se interpretan como autónomos. Para diferenciar a unos de los otros, el criterio es únicamente jerárquico (qué relación tienes con tus jefes) y a efecto de salario (¿por horas o por trabajo realizado?), nunca según la dependencia económica.
Es una fórmula, otra más, de las muchas que se están probando por todo el mundo.
Así las cosas, son ya varias empresas y agentes sociales las que trabajan para promover un convenio colectivo que establezca más derechos y coberturas para los repartidores eso sí, manteniendo un esquema de trabajo independiente y autónomo. Esta es la principal reivindicación de firmas como Glovo, que reclaman lo mismo en España.
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