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El Gobierno acuerda con patronal y sindicatos subir el salario mínimo a 950 euros en 2020

La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Josep María Álvarez, y los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva.
La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Josep María Álvarez, y los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva. Ministerio de Trabajo/Twitter
  • La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, acuerda subir el salario mínimo a 950 euros en 2020 con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Josep María Álvarez, y con los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva.
  • El salario mínimo subirá así un 5,5% en 2020 respecto a los 900 euros mensuales que alcanzó en 2019, cuando se elevó un 22,3%.
  • De este modo, el Gobierno abre el diálogo social, con medidas como el aumento del salario mínimo interprofesional hasta el 60% del salario medio durante la legislatura o la derogación del despido objetivo por absentismo justificado, incluidas en el acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos.
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Mes y medio después del inicio de la XIV Legislatura y menos de 10 días después de la toma de posesión de los ministros, el Gobierno ya ha empezado a moverse para poner en marcha algunas de las medidas del acuerdo de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. En el terreno laboral y salarial, esa iniciativa ha pasado por reiniciar el diálogo social con sindicatos y patronal anunciando un acuerdo para elevar el salario mínimo interprofesional (SMI) hasta los 950 euros.

Así lo ha explicado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, tras reunirse con los secretarios generales de CCOO, Unai Sordo, y UGT, Josep María Álvarez, y con los presidentes de la CEOE, Antonio Garamendi, y Cepyme, Gerardo Cuerva. De este modo, gobierno y agentes sociales han acordado aumentar el salario mínimo a 950 euros al mes en 14 pagas, un 5,5% más que los 900 euros a los que el Ejecutivo elevó en 2019.

Yolanda Díaz ha asegurado tras anunciar el acuerdo que elevar el SMI ha sido su objetivo prioritario desde que asumió el cargo y que ha mantenido reuniones por separado con sindicatos y patronales para alcanzarlo.

"Es un día muy feliz para los trabajadores y trabajadoras de este país",  ha asegurado la ministra de Trabajo. 

"Ha habido una negociación real, y secreta", en palabras de Unai Sordo, secretario general de CCOO, que ha valorado positivamente la disposición al diálogo de Gobierno y patronales. Mientras que el secretario general de UGT Jose María Álvarez ha reconocido que la negociación "ha pivotado en torno a la ministra de Trabajo" a la que ha reconocido sus méritos como mediadora, pero también ha señalado que hubiera preferido negociar un senda de subida del salario mínimo con la patronal con el horizonte en 2023. 

Por su parte, Antonio Garamendi ha señalado que "cuando negocias y llegas a un acuerdo, todo el mundo se deja pelos en la gatera", destacando que hubiera preferido una subida menor, pero que les preocupaba que SMI llegara a los 1.000 euros mensuales.

El presidente de Cepyme ha pedido tener en cuenta a las empresas y a los agricultores en futuras medidas salariales, aunque sin entrar en las futuras subidas de cara al final de la legislatura.

El acuerdo entre el PSOE y Unidas Podemos incluía el compromiso de actualizar el salario mínimo durante la legislatura hasta alcanzar el 60% del salario medio en España, como recomienda la Carta Social Europea. Además, esta política coincide con la propuesta que ha sacado a debate en la UE la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen.

Así, las discusiones con los agentes sociales se han centrado en el aumento para este año y no tanto en el ritmo de subida del SMI en los próximos 4 años. En la pasada legislatura, el Gobierno aprobó elevar el SMI un 22,3% hasta los 900 euros mensuales en 14 pagas, pero sin consultarlo previamente con patronal y sindicatos.

Por eso, de cara a una nueva subida del salario mínimo, la postura de la CEOE era de rechazo. Así, su presidente, Antonio Garamendi, aseguró este martes a la Agencia EFE que no se comprometería a una hoja de ruta de incremento del SMI para los próximos 4 años, sino que se limitaría a negociar el alza para 2020, sobre el que ya avanzaba que se negaría a que alcanzase los 1.000 euros mensuales.

Esa cantidad es significativa, dado que es precisamente la que pactaron los 2 partidos de la coalición y la que reclamaban los sindicatos, además de que figuraba expresamente en el programa electoral de Unidas Podemos. De hecho, CCOO, UGT y la CEOE ya habían acordado en 2018 elevar el SMI a 1.000 euros tras la moción de censura que puso fin al Gobierno de Mariano Rajoy.

La intención de los sindicatos, sin embargo, era la de no aceptar para este año una subida que no supusiera alcanzar los 1.000 euros mensuales, dado que lo consideraban un horizonte que ya pactado con la patronal. No obstante, CCOO y UGT habían dejado a la puerta abierta a un SMI por debajo de 1.000 euros  para este año, siempre que la patronal se comprometiese a alcanzar el 60% del salario medio al final de la legislatura, según El Periódico.

Sin embargo, pocas horas antes de la reunión, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, había enfriado las expectativas de una subida del SMI "de golpe" a 1.000 euros mensuales este mismo año en una entrevista en la Cadena SER. Calvo ha señalado que "el salario se va a incrementar, pero será de manera progresiva y asumible para no poner en riesgo a las medianas y pequeñas empresas".

Antes de la reunión en el ministerio de Trabajo, la agencia de calificación S&P aseguró que España contaba aún con margen para subir el salario mínimo, dado que aún está lejos del 60% del salario medio, incluso después del alza del 22% del año pasado. Su director de ratings soberanos, Marko Mrsnik, todavía existe potencial para subir el SMI "sin perjudicar la evolución del empleo en España", según recoge Europa Press.

Sin embargo, Mrsnik ha precisado que para lo que no hay margen es para "derogar completamente" la reforma laboral, dado que considera que supondría regresar a un escenario semejante al de 2009. El experto ha considerado que esta derogación sería "perjudicial" para la calificación de la deuda española, aunque reconociendo que podría tener "un efecto positivo" si se centra en reducir la precariedad y la temporalidad.

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