Soplar y sorber, o la batalla entre el BCE y los Gobiernos europeos por la inflación

La presidenta del BCE, Christine Lagarde

REUTERS/Wolfgang Rattay

  • La lucha por la inflación consiste en que, mientras los bancos centrales echan un jarro de agua fría para apagar una economía en llamas, los gobiernos ponen estufas de gas para no pasar frío.
  • La política fiscal ha servido para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, pero también para todo lo contrario: estimula el consumo.



Soplar y sorber, todo no puede ser. Esto es un refrán español, y también es lo que está ocurriendo entre la política monetaria de los bancos centrales y la política fiscal de los gobiernos con la inflación.

Hace meses que el Banco Central Europeo (BCE) se marcó la difícil tarea de parar la inflación, y en julio de 2022 comenzó a subir los tipos de interés.

Para entonces, la escalada de precios había alcanzado cotas históricas en la eurozona, y viendo que no era posible frenarla en seco, los gobiernos europeos sacaron la artillería fiscal para aliviar el impacto de la inflación en el bolsillo de hogares y empresas. 

Todo iría bien, si no llega a ser porque una y otra son misiones antagónicas. Por poner un ejemplo gráfico: es como si la economía estuviera ardiendo por la inflación, y mientras el banco central echa un jarro de agua fría para apagarla, el gobierno pusiera estufas de gas para no pasar frío.

Abono de tren gratis, descuento para la gasolina, tope al precio de la luz, límite a los alquileres, para hogares vulnerables, becas para estudiantes, impuestos para energéticas y bancos... Todas ellas son ejemplos de la política fiscal aplicada por el Gobierno de España y de otros países en los últimos meses.

Los escudos de ayudas anticrisis han servido para contrarrestar la pérdida de poder adquisitivo de los hogares, pero también para todo lo contrario. Los límites de precio o bonificaciones generalizadas son medidas de alivio, pero también estimulan el consumo, lo que a su vez aumenta la inflación. Es la pescadilla que se muerde la cola. 

Carritos de la compra

"Los gobiernos deben seguir dando prioridad a ayudar a las personas más vulnerables a hacer frente a las altísimas facturas de los alimentos, la energía y otros costos, pero a su vez deben evitar aumentar la demanda agregada debido al riesgo de que esto aumente la inflación". Esta era la advertencia que lanzó el Fondo Monetario Internacional (FMI) en noviembre.

En el caso de España, "el FMI nos ha tirado mucho de la oreja. No puede ser que lo que la política monetaria trata de eliminar, la fiscal trate de estimularlo con medidas de café para todos, como bonificaciones o rebajas del IVA, por ejemplo", avisa María Romero, socia directora de Economía en Analistas Financieros Internacionales (Afi). 

En noviembre, el fondo envió una llamada de atención a España al señalar que la mayor parte del gasto público del Gobierno se dedicó a "iniciativas no focalizadas y que distorsionan las señales de precio”, además de ser muy caras y beneficiar "de forma desproporcionada a los hogares de mayores ingresos".

Es el caso del descuento de 20 céntimos al carburante, que "estaba estimulando precisamente el consumo", avisa Jesús Ruiz-Huerta, director del Laboratorio de Fundación Alternativas. Al alentar el consumo, estas medidas suponen echarle más gasolina al fuego de la inflación.

"Este tipo de conductas pueden terminar por provocar que la inflación subyacente no baje a los niveles que estamos contemplando para este ejercicio", coincide Romero.

Partido de fútbol en España

Esa fue una de las razones principales que llevaron al Gobierno a retirar parcialmente la medida. Pero, al mismo tiempo aprobó una rebaja del IVA de los alimentos cuyo efecto colateral es similar.

Pero el efecto bumerán de que suba la inflación no es el único daño colateral de este tipo de medidas. Es que, si la escalada de precios continúa, los bancos centrales seguirán endureciendo la política monetaria, y eso también se traduce en sufrimiento para los hogares.

Aplicar estímulo fiscal en el actual entorno de inflación elevada obligaría a los bancos centrales a frenar de forma todavía más brusca para contener la inflación", resume el FMI.

Es lo que ocurrió en Estados Unidos a principios de la década de los 80, cuando Paul Volcker presidía la Reserva Federal (Fed). Entonces, la inflación se había afianzado en niveles elevados y la respuesta del gobierno estadounidense fue una política fiscal expansiva. 

Para embridar una inflación galopante, la Fed tuvo que aumentar drásticamente los tipos de interés, lo cual provocó el colapso de la inversión en vivienda y una apreciación sustancial del dólar.

La presidenta del BCE, Christine Lagarde

Otro efecto colateral de medidas como los controles de precios, subsidios o recortes de impuestos es que "harán mella en los presupuestos y, a la larga, no serán eficaces", avisa el informe del fondo.

En su lugar, el FMI recomienda "abandonar el apoyo de base amplia para asistir a las personas más vulnerables, de ser posible mediante transferencias monetarias selectivas". 

Esto es algo que el Gobierno ha empezado a hacer con medidas más quirúrgicas, aclara Romero. Es el caso de los bonos sociales eléctrico y térmico, la mejora del ingreso mínimo vital o las ayudas directas a sectores afectados que, en palabras del fondo, "benefician a los más vulnerables con un coste fiscal relativamente bajo".

Pero habrá que ver si estas medidas se mantienen, si se aprueban nuevas o hasta qué punto son temporales. Máxime en un año electoral en el que tienden a primar las políticas expansivas de gasto.

 

 

 

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