La subida del salario mínimo y la reforma fiscal siguen sin fecha: la crisis del coronavirus da un jarro de agua fría sobre las promesas del Gobierno

Una de las primeras medidas que adoptó el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos a principios de este año fue subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) a los 950 euros, lo que dejaba la retribución mínima legal para los trabajadores en los 13.300 euros al año.

Fue la segunda subida que adoptaba el Ejecutivo con Pedro Sánchez como presidente: los socialistas ya subieron el salario mínimo un 22% a finales de 2018 hasta los 900 euros. Antes, el mínimo legal rondaba los 735 euros al mes.

Aunque uno de los compromisos del Gobierno de coalición era fijar este SMI en al menos un 60% del salario medio, parece que estas expectativas se tendrán que enfriar por culpa de la crisis del coronavirus. Es lo que deduce El Confidencialen un artículo publicado este lunes.

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El martes pasado el Consejo de Ministros aprobó el Plan Anual Normativo para la Administración General del Estado. Este es un documento en el que el Gobierno marca las prioridades para el curso políticoy en él, según recuerda El Confidencial, no aparece la subida del SMI.

Su subida tampoco se ha planteado —de momento— en la mesa de diálogo que el Gobierno mantiene con los sindicatos y la patronal.

Así las cosas, y debido a que el Gobierno tiene la obligación legal de fijar el SMI cada año mediante un real decreto, la solución provisional de cara al SMI de 2021 podría ser adaptar el salario mínimo al Índice de Precios de Consumo.

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Las centrales sindicales, por el momento, siguen a la expectativa. De momento, El Confidencial destaca que no se ha realizado ningún acercamiento sobre este tema, y los sindicatos no saben qué esperar: si el Gobierno les convocará para una mesa del diálogo específica para tratar el SMI o si serán simplemente consultados el próximo mes de diciembre.

Reforma fiscal o congelar el sueldo de los funcionarios, en el aire

El SMI no es el único compromiso en el programa de Gobierno que podría verse afectado o enfriado por culpa de la crisis económica derivada del COVID-19. La reforma fiscal en la que trabajaba el Ejecutivo se tendrá que "modular y adaptar al actual momento del ciclo económico", avanzó la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

Aunque la subida del SMI no tiene por qué incluirse en un capítulo de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, la eventual congelación del sueldo de los funcionarios y la derrota parlamentaria que el Ejecutivo sufrió la semana pasada también podría ayudar a explicar que se enfríen las expectativas de una subida exponencial del salario mínimo.

El decreto de los remanentes —por el cual los ayuntamientos cederían al Estado sus remanentes a cambio de percibir una cuantía de un fondo de 5.000 millones— no prosperó en el Congreso por el rechazo de varios grupos de la oposición. Esto ha obligado al Gobierno a adaptar nuevamente el calendario con el que pretenden tener sus nuevos PGE.

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Si el Gobierno pretendía poner sobre la mesa el techo de gasto para su debate en los próximos días, la supresión parlamentaria de este decreto obliga a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, a redibujar el calendario,según admitía ella misma. La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quiere presentar un borrador en Bruselas antes de que termine octubre.

A expensas de conocer el contenido concreto de los nuevos Presupuestos, el Gobierno parece también dividirse en dos al afrontar otro melón: congelar el salario de los funcionarios.

Mientras que la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, avanzaba que esta medida no se había incluido en la propuesta de PGE; la vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, asumía que funcionarios y pensionistas habían registrado en los últimos años ganancias en su poder adquisitivo y se prevé "inflación cero"; por lo que se trabaja en el borrador de Presupuestos "teniendo en cuenta una multiplicidad de factores".