Uber gana a los taxis al conseguir que el Supremo anule la prohibición de vender licencias VTC en 2 años

El director de Uber en España, Juan Galiardo.
El director de Uber en España, Juan Galiardo.
Uber
  • El Supremo ha anulado la prohibición de las ventas de licencias de VTC en 2 años desde su expedición.
  • Así como la exigencia a que las VTC comuniquen datos a la Administración como la ruta de los coches.
  • Se trata de un revés del Supremo a los taxistas, que habían luchado por conseguir estas restricciones, y de una victoria para Uber, que había presentado un recurso a la norma.
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El Tribunal Supremo ha decidido declarar nulos algunos artículos del decreto ley que regulaba las ventas de licencias VTC, y, en concreto, el que prohibía vender licencias en 2 años desde su expedición y el que exigía que las VTC comunicasen datos a la Administración como la ruta de los coches, según ha adelantado El Español citando la sentencia, a la que ha tenido acceso.

Uber lo ha conseguido tras presentar un recurso contra la Administración por esta norma que buscaba evitar que plataformas como Uber y Cabify pudiesen seguir expandiendo sus flotas comprando licencias rápidamente, dinámica que había provocado las protestas de los taxistas, todo según el mismo medio.

En el recurso también aparecen como codemandados la Federación Española del Taxi (Fedetaxi) y la Asociación Nacional del Taxi (Antaxi).

Además, los taxistas esgrimían que la falta de medidas en este ámbito estaba provocando subidas en los precios de las licencias de VTC.

Dicho decreto se publicó en diciembre de 2017 por el Gobierno de Rajoy.

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En concreto, los artículos declarados nulos son los siguientes: el primero, que establecía que las licencias VTC "no podrán ser transmitidas hasta que hayan transcurrido dos años desde su expedición original por el órgano competente en materia de transporte terrestre", y el segundo, que exigía "comunicar a la Administración, por vía electrónica, los datos reseñados en la hoja de ruta o el contrato", como recoge El Español.

La anulación de esta exigencia a que las VTC comunicasen su hoja de ruta a la Administración podría afectar a situación de Uber y Cabify en Cataluña, donde la Generalitat ha establecido un registro electrónico para los VTC.

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