El histórico acuerdo sobre el impuesto de sociedades mínimo global deja en el aire la ejecución de la polémica tasa Google

La tasa Google, oficialmente conocida como Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, puede tener los días contados incluso antes de ejecutarse.

El pasado martes, tras varias prórrogas, estaba previsto que el Consejo de Ministros aprobara la ejecución de este impuesto, además de especificar por fin su reglamento, para aclarar las múltiples dudas que había generado en todas las compañías afectadas. 

Sin explicación alguna, nada de eso sucedió. Semanas antes, el Gobierno había recibido airadas presiones, especialmente desde la industria del calzado, para que no se implementara este tributo. ¿Estaba afectada la industria del calzado por la tasa Google? No directamente, pero el Gobierno estadounidense, tras varias advertencias, había aprobado la imposición de aranceles del 25% a determinados (parece que este término es un lugar común en este asunto) productos españoles si finalmente España implementaba este impuesto unilateralmente, que afectaba, entre otras, a compañías americanas como Google, Facebook o Amazon. 

Para ello, Biden anunció la imposición de los aranceles, pero los dejó en suspenso durante 180 días. Ahora parece evidente que estos movimientos ya contemplaban la posibilidad de un acuerdo global inminente en la tributación.

Las presiones de la industria del calzado no fueron las únicas, aunque sí las únicas a las que el Gobierno español prestó atención. Antes, las asociaciones de empresas digitales, como Adigital (a la que pertenecen Apple, Google o Facebook) o Ametic y hasta la CEOE ya habían insistido una y otra vez sobre los riesgos de aplicar este impuesto de forma unilateral.

Y, de forma más modesta, compañías como Axel Springer España, editora de Business Insider España, Auto Bild, Computer Hoy y Hobby Consolas, también habían expresado su disconformidad al respecto, puesto que debido a las arbitrarias y en ningún momento argumentadas condiciones para ser gravado por este impuesto -más de 3 millones de facturación local y más de 750 millones a nivel global- provocaba que también estuviera incluida, al igual que otras compañías (como algunas agencias de publicidad) a pesar de cumplir rigurosamente con la tributación en España en base a sus beneficios reales. 

Un objetivo recaudatorio de cara a lograr la aprobación de los presupuestos

Un “daño colateral” que el Gobierno conocía, y que, según fuentes del Ministerio de Economía, era necesario para alcanzar una recaudación cercana a los 1.000 millones de euros anuales, que junto a los ingresos derivados de la implementación de otros nuevos tributos  -como los impuestos a la aviación y el transporte marítimo, la tasa Tobin o el impuesto sobre envases de plástico no reciclados- permitirían al Gobierno cumplir con los requisitos de Bruselas para la aprobación de sus presupuestos. 

En otras palabras, lo que en principio iba a ser una forma de que las big tech tributaran en nuestro país en base a su facturación real, gravando los ingresos en vez de los beneficios (que se llevan a semi paraísos fiscales como Irlanda), acabó siendo una mera herramienta recaudatoria, como quedó demostrado en las propias condiciones finales: mientras que en Francia el mismo impuesto situó la base de ingresos locales en 25 millones de euros, en España se redujo hasta los 3 millones -a pesar de que la ministra Nadia Calviño había prometido que sería similar-, una manera de “meter en el saco” a muchas más compañías y por tanto aumentar la recaudación.

Una arbitrariedad que provoca que algunas empresas de un mismo sector, como puede ser el de los medios de comunicación, con el mismo modelo de negocio digital y una facturación similar en España se vean afectadas por ese impuesto, y otras no, por el simple hecho de entrar o no en ese inexplicado rango de los 3 millones locales y 750 millones globales.

Para más inri, a Google y Amazon les faltó tiempo para incrementar todos sus servicios con entre un 2 y un 3% para compensar la llegada de este impuesto. El inmenso poder y la gran dependencia que muchas compañías tienen de estos dos gigantes hizo absurda cualquier protesta: o lo tomas o lo dejas.

Y aún hay más. El Impuesto de Determinados Servicios Digitales es tan ambiguo y confuso en su explicación y en lo que debe ser incluido como tal, que para muchas compañías es imposible determinar su tramitación sin recurrir a una consultora, como ha sido el caso de Axel Springer España, que además tiene muchos servicios contratados, como la práctica totalidad de los medios de comunicación en España, con Google.

Esto provoca que, en caso de que este impuesto finalmente se ejecute, Axel Springer España deberá pagar tres veces: el impuesto en sí, el recargo de Google y el coste de la asesoría fiscal.

Todo ello mientras el Gobierno de España está fomentando la transformación digital del país y de las empresas, algo que parece contradictorio si se penaliza fiscalmente a compañías por su negocio digital, como es el caso de los medios, que ya están muy avanzados en la digitalización, obligados por la caída del negocio impreso.

El histórico acuerdo de este fin de semana, que tendrá que ser aprobado y ratificado en julio por el G-20 en Venecia, puede lograr que finalmente este impuesto nunca llegue a ejecutarse, librando al Gobierno de un embrollo de consecuencias impredecibles.

Aun así, la última palabra aún no está dicha, y en esta semana probablemente conoceremos la decisión final del Gobierno acerca de este controvertido asunto.