Bruselas sobreestimó "el potencial del impuesto": las razones por las que el Gobierno pincha un 75% sus expectativas de lo que recaudará la tasa Google en 2022

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

Francisco Seco/Pool vía REUTERS

  • El Gobierno ha rebajado sus expectativas de recaudación sobre la tasa Google más de un 75% con respecto a lo que previeron para 2021.
  • Este año no lograrán recaudar los 968 millones de euros de este impuesto sobre servicios digitales que entró en vigor en enero de este año.
  • Las causas, según el propio Ejecutivo: la pandemia y una sobreestimación por parte de la Comisión Europea de "la potencialidad" del impuesto.
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El Gobierno esperaba recaudar en 2021 hasta 968 millones de euros a raíz de su Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales (IDSD), un tipo más conocido como la tasa Google que entró en vigor en enero. A mediados de año el Ejecutivo solo había recaudado 92 millones, menos del 10%.

Ahora, los presupuestos de 2022 estiman que este tipo recaude en 2022 tan solo 225 millones de euros. Se trata de un descenso de más del 75% en las previsiones de ingresos del Ejecutivo. Las razones que esgrime el Ejecutivo se han conocido este lunes, a raíz de una respuesta parlamentaria que puedes consultar aquí.

El Gobierno se defiende en que las estimaciones de recaudación de este impuesto "se hicieron antes de la pandemia", lo que ha repercutido "en el número de contribuyentes comprendidos en los umbrales del impuesto". No obstante, antes de la pandemia las previsiones del Ministerio de Hacienda eran que este tipo recaudaría hasta 1.200 millones de euros.

Esa cifra después se rebajó a los 968 millones, cifra que parece improbable que el Ejecutivo alcance al término de este año. "En paralelo, con posterioridad a la realización de las estimaciones, se han hecho públicos datos sectoriales sobre 2020 que han mostrado una caída tanto en el negocio de la publicidad como, por ejemplo, también, en materia de alquiler turístico con motivo de la pandemia".

"Por tanto, no era posible estimar este impacto de la situación sanitaria en la previsión de los presupuestos", aduce el Ejecutivo. Con todo, la pandemia no es la única razón que el Gobierno esgrime para justificar el fiasco que ha representado esta tasa Google. También descarga algo de responsabilidad en las previsiones que elaboró la propia Comisión Europea.

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"La estimación de la Comisión Europea sobreestimaba el potencial de este impuesto, como se ha puesto de manifiesto en las recaudaciones de tributos similares en otros países", señala.

Las estimaciones iniciales planteaban una recaudación de 1.200 millones de euros que luego fueron 968 millones. Para 2022, el Gobierno confía, ahora sí, recaudar 225 millones de euros fruto de este tipo. El umbral del impuesto apunta a que solo afectará a aquellas empresas que superen los 750 millones de euros en cifra de negocio global o 3 millones por la prestación de servicios digitales.

Se trata, además, de un impuesto con fecha de caducidad, después de que los gobiernos de EEUU y España, Austria, Francia, Italia o Reino Unido alcanzasen un acuerdo el pasado mes de octubre para transitar desde estos impuestos digitales al nuevo marco fiscal que se ha pactado en el seno de la OCDE.

Fruto de ese acuerdo se aprobó que a partir del 1 de enero de 2022, y hasta el 31 de diciembre de 2023 se disfrutase de un "período interino" por el cual estos gobiernos podrían mantener el tipo digital hasta que en 2024 entrase en vigor el primero de los dos pilares del acuerdo multilateral de la OCDE.

A partir de 2024 se calculará si los impuestos pagados por estas empresas digitales era superior al que hubiesen tenido que pagar de haberse aplicado el pilar 1 de la OCDE. Si así fuera, España y los países con estas tasas Google abonarán un crédito fiscal con la diferencia a esas multinacionales.

La tasa Tobin también pincha

En la misma respuesta parlamentaria, el Gobierno también da explicaciones sobre qué ha pasado finalmente con otro impuesto que entró en vigor casi al mismo tiempo. La tasa Tobin o Impuesto sobre Transacciones Financieras, que grava al 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros.

El Gobierno preveía que la tasa Tobin recaudara unos 850 millones de euros, si bien fuentes de la Confederación Española de las Cajas de Ahorro (CECA) explicaban, en declaraciones a El Economista que es probable que lo ingresado a finales de año "no llegue a los 400 millones de euros", un 53% menos.

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Lo primero que recuerda el Ejecutivo en su contestación es que esta previsión se arrastraba desde los presupuestos de 2018, que estuvieron en vigor durante varios ejercicios a raíz del bloqueo parlamentario y el posterior adelanto electoral que se vivió en 2019.

"Desde el momento de la estimación inicial, el efectivo negociado en bolsa ha disminuido un 47,6%, y el número de empresas con una capitalización superior a 1.000 millones de euros, un 17%", expone, citando datos hasta julio de este año. Además, "hay determinadas operaciones que en la redacción final de la norma no han quedado gravadas".

Dos de ellas son las operaciones intradía o los contratos por diferencia, aquellos contratos entre dos partes "que intercambian la diferencia entre el precio de entrada y el de salida, multiplicado por el número de acciones o índices que se acordaron".

Del mismo modo, el Gobierno tampoco descarta que muchos agentes económicos "hayan derivado sus inversiones a productos financieros no afectados con la finalidad de evitar la tributación". Con todo esto, el Ejecutivo estima que en 2022 recaudarán 372 millones de euros con esta tasa Tobin, un 56% menos que lo que esperaron recaudar en 2021 (y no lograron).

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