Reforma de las pensiones, capítulo 1: así te afectará el proyecto de ley que acaba de aprobar el Consejo de Ministros y que pasa ahora a manos del Congreso

Casi 2 meses después de que el Gobierno y los agentes sociales llegasen a un acuerdo sobre cómo reformas el sistema público de jubilación, que se aprobará en 2 fases, el Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley que incluye la primera parte de esta reforma de las pensiones para que entre en vigor antes de final de año, cumpliendo así el calendario comprometido con Bruselas.

El pacto que firmaron en mayo el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT, que supuso el décimo acuerdo del diálogo social desde el inicio de la legislatura en enero de 2020, se centra en derogar gran parte de la última reforma de las pensiones tras 4 años de negociaciones al respecto en el Pacto de Toledo.

En 2013, la modificación de la reforma acordada 2 años antes por el último Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero fue aprobada en solitario por el primer Ejecutivo de su sucesor, Mariano Rajoy. No obstante, la mayoría absoluta que ostentaba entonces el PP permitió que saliese adelante sin el respaldo de otros partidos, los sindicatos, la patronal o el Pacto de Toledo.

En cambio, en 2021, la búsqueda de un acuerdo con la mesa del diálogo social ha obligado a dividir la reforma de las pensiones en 2 fases. De este modo, el Consejo de Ministros da luz verde a la primera parte de esta medida, mientras que seguirá negociando la segunda fase con sindicatos y patronales en otoño para intentar que vea la luz a partir de 2022.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha destacado que "una recuperación justa" para los pensionistas era prioritaria para el Ejecutivo por motivos de justicia "tras una década de incertidumbre en materia de pensiones", destacando que se recupera el consenso del diálogo social "para que la reforma perdure y dé tranquilidad a pensionistas de ahora y del futuro".

La portavoz del Ejecutivo ha señalado que se garantiza el poder adquisitivo de los pensionistas, cumpliendo con el mandato constitucional que considera que se perdió con la anterior reforma. Además, ha afirmado que se mejora la equidad en el sistema a la espera de futuros acuerdos del diálogo social y de la recuperación económica completa del país.

Rodríguez ha augurado que la reforma, que ahora que pasa a tramitarse en el Congreso, será aprobada antes de final de año. Además, ha restado importancia al posible rechazo de PP, Vox o ERC y ha recalcado que la medida viene precedida por un acuerdo casi unánime del pacto de Toledo y avalado por el diálogo social, aunque precisando que "puede ser mejorado en sede parlamentaria". 

El contenido de la reforma sigue la pauta marcada por el acuerdo del Pacto de Toledo de octubre de 2020, según la ministra. Ese pacto se plasmó en 21 recomendaciones para mejorar el sistema, pero la división de la reforma en 2 fases ha motivado que no todo el contenido de esas recomendaciones forme parte del proyecto de ley de reforma las pensiones, al menos no de forma inmediata. 

Qué medidas de la reforma de las pensiones entrarán en vigor este año

No obstante, la reforma aprobada este martes incluye varias medidas que tendrán un impacto casi inmediato en la mayoría de los trabajadores, especialmente en lo que respecta a la cuantía de las pensiones y a las nuevas condiciones para jubilaciones anticipadas, demoradas y forzosas.

En primer lugar, la reforma deroga el índice de revalorización de las pensiones aprobado en 2013 que incluía subidas anuales del 0,25%. A partir de ahora la revalorización de la cuantía de las prestaciones se calculará al inicio de cada año según la evolución del IPC durante los 12 meses anteriores y no se reducirá aunque la inflación sea negativa para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas.

En segundo lugar, la primera parte de la reforma busca aproximar la edad efectiva de jubilación a la edad legal a través de varias medidas. Así, incluye fomentar el retraso de la jubilación duplicando del 2% al 4% el porcentaje de aumento anual de la pensión en el caso de que un trabajador decida postergar su retiro, que podrá cobrar mes a mes, en un pago único o de forma combinada.

Por otra parte, la reforma busca desincentivar las jubilaciones anticipadas voluntarias con penalizaciones mensuales, en lugar de los actuales cálculos trimestrales. De este modo, aplicará recortes de entre un 2,8% y un 21% a las prestaciones de quiénes decidan retirarse hasta 2 años antes de tener la edad legal de jubilación y les exonerará de cotizar por contingencias comunes.

España es el cuarto país europeo con las mejores pensiones: los jubilados españoles cobran más de lo que han cotizado

Ese porcentaje dependerá de con qué antelación se pretenda retirar el trabajador y de cuánto se aproxime su periodo de cotización al máximo de 44 años y 6 meses. Mientras, las jubilaciones anticipadas involuntarias tendrán penalizaciones mensuales de entre el 0,5% y el 30%, según la antelación con que se retire el trabajador y los años que acumule de cotización.

Para las jubilaciones forzosas, se establece facilitar su inclusión en los convenios colectivos en el caso de trabajadores de más de 68 años y estableciendo como obligación que se les sustituya por otro trabajador con contrato indefinido a tiempo completo, al tiempo que se establece un periodo de un año de jubilación activa, que permite compaginar el trabajo con el cobro de la pensión.

La reforma incluye un régimen transitorio durante 10 años a partir de enero de 2024 con mayores coeficientes para trabajadores que cotizan por encima de la prestación máxima para favorecer la equidad del sistema. Además, establece una reducción del 75% de las cuotas empresariales por contingencias comunes por incapacidad temporal de trabajadores de más de 62 años.

En cuanto a las medidas que no afectan directamente a los trabajadores y jubilados, como la financiación del sistema público de pensiones, se establece que el déficit de la Seguridad Social será sufragado con impuestos y no con cotizaciones de trabajadores y empresas. Para ello, Hacienda transferirá cada año 22.567 millones de euros, aunque este año su cuantía será de 13.929 millones. 

Por último, la primera parte de la reforma de las pensiones también deroga el factor de sostenibilidad, que se incluyó en la reforma de las pensiones de 2011 para desvincular la cuantía de las prestaciones de la evolución del IPC. No obstante, nunca ha llegado a aplicarse dado que en 2013 el anterior Gobierno decidió retrasar su puesta en marcha hasta 2023.

Otras medidas deberán negociarse en los próximos 3 a 9 meses 

No obstante, todavía no se ha acordado con los agentes sociales la medida que debe sustituir al factor de sostenibilidad, que será un mecanismo de solidaridad intergeneracional, con el que busca repartir el coste del sistema y evitar que lo asuman los más jóvenes cuando se jubile la generación del baby boom, nacidos entre 1946 y 1964.

Así, el Gobierno se ha dado de plazo hasta el 15 de noviembre para llegar a un acuerdo con sindicatos y patronales para definir este mecanismo, que prevé aplicar a partir de 2027, y que se incluirá en el proyecto de ley de la reforma de las pensiones mediante una enmienda parlamentaria que acuerde el Gobierno con otros partidos en el Congreso de los Diputados, según la Cadena SER.

Además de esta medida, también habrá que esperar 3 meses para que se elabore el reglamento que incluya en la Seguridad Social a los becarios, tengan o no remuneración, otros 6 meses para revisar las pensiones de viudedad para incluir a las parejas de hecho y hasta el segundo trimestre de 2022 para aprobar el sistema de cotización por ingresos reales para autónomos.

Esta ha sido una de las propuestas más polémicas durante el periodo de negociación de la reforma, al igual que el aumento de años cotizados para el cálculo de la base reguladora de la prestación de jubilación, que podría pasar de 25 a 35 años y que podría suponer una pérdida del 10% de la pensión de los autónomos y que Unidas Podemos y los sindicatos han calificado de recorte encubierto.