Cómo te afectará la reforma de las pensiones que acaban de acordar Gobierno y agentes sociales y qué cambios tendrán que esperar a 2022

Gobierno, sindicatos y patronales han alcanzado este lunes su décimo acuerdo del diálogo social en 16 meses de legislatura, exactamente un mes más tarde de haber conseguido su noveno pacto, que supuso la quinta prórroga de los ERTE, y una década después del último acuerdo con los agentes sociales sobre el sistema público de jubilación, que sería modificada unilateralmente 2 años después por el Ejecutivo que entonces presidía Mariano Rajoy.

Precisamente, el consenso alcanzado en la mesa del diálogo social se centra en derogar gran parte de las medidas que incluía esa última reforma, como el índice de revalorización de las pensiones de un 0,25% anual con el que se desvinculaban la cuantía de las pensiones de la evolución de la inflación, o el factor de sostenibilidad, con el que se recortaban las prestaciones en función de la esperanza de vida.

Sin embargo, el acuerdo para la reforma de las pensiones no deroga todos los cambios de 2013 ni tampoco cumple todas las metas que estableció el pasado mes de octubre el Pacto de Toledo, que presentó sus 21 recomendaciones para la reforma con un acuerdo casi unánime que tardó 5 años en negociarse, ni tampoco desarrolla al 100% las medidas pactadas entre Gobierno y agentes sociales hace un mes, cuando alcanzaron un acuerdo político para la reforma.

En concreto, el acuerdo entre el Ejecutivo y los agentes sociales se centra en la primera fase de la reforma de las pensiones, que se aplicará antes de final de año, para cumplir con los objetivos comprometidos con Bruselas a cambio de los fondos europeos de recuperación de la pandemia, mientras que varias medidas deberán seguir negociándose con patronales y sindicatos de cara a 2022, tras conseguir el beneplácito europeo para realizar la reforma en 2 fases.

Estos son todos los cambios que afectan a las pensiones para 2021

Así, varias de las medidas que más polémica han levantado entre los agentes sociales durante la negociación de la reforma de las pensiones seguirán sobre la mesa cuando el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CCOO y UGT retomen el diálogo en otoño para intentar consensuar la segunda fase de la reforma de las pensiones antes de 2022.

Qué cambia en las pensiones tras el acuerdo y cómo te afecta

Con el principio de acuerdo alcanzado este lunes, que se plasmará en un anteproyecto de ley una vez lo hayan ratificado los órganos de gobierno de la patronal CEOE, entrarán en vigor varios de los puntos fundamentales de la reforma de las pensiones, que tendrán impacto sobre su cuantía, sobre la financiación del sistema y sobre las condiciones con las que contarán las jubilaciones anticipadas y demoradas.

En concreto, la primera fase de la reforma supone la derogación del índice de revalorización de las pensiones aprobado en 2013 y que se concretaba en subidas anuales del 0,25%. Así, a partir de ahora y como vía para garantizar el poder adquisitivo de los pensionistas, la revalorización de la cuantía de las prestaciones de calculará al inicio de cada año según la evolución del IPC durante los 12 meses anteriores y no se reducirá aunque la inflación sea negativa.

Además de garantizar que las pensiones se equilibrarán respecto a las subidas de los precios, la reforma se centra en el objetivo de desincentivar las jubilaciones anticipadas e involuntarias y fomentar la ampliación de la vida laboral para compensar el aumento de la esperanza de vida, además de facilitar que se compagine la compatibilización de la pensión con el empleo en los trabajadores que sigan en activo tras alcanzar la edad legal de retiro.

Así, se duplica del 2% al 4% el porcentaje de aumento anual de la pensión en el caso de que un trabajador decida retrasar su jubilación, aunque también se establece que se pueda elegir cobrar este incentivo en un pago único en el momento en que se confirme la retirada que puede alcanzar los 12.000 euros o apostar por una combinación de ambas medidas.

Por contra, las jubilaciones anticipadas voluntarias se desincentivarán con penalizaciones mensuales, en lugar de los actuales cálculos trimestrales, que se aplicarán a quiénes decidan retirarse hasta 2 años antes de tener la edad legal de jubilación y que oscilarán entre un 2,8% y un 21%, dependiendo de con qué antelación se pretenda retirar el trabajador y de cuánto se aproxime su periodo de cotización al máximo de 44 años y 6 meses.

En el caso de las jubilaciones anticipadas involuntarias, las penalizaciones, que también serán mensuales, se incrementan a una horquilla entre el 0,5% y el 30%, alcanzándose el coeficiente mínimo en el caso de trabajadores que se prejubilan con un mes de antelación y 44 años y medio cotizados y el máximo para los que accedan a la jubilación anticipada con hasta 4 años de antelación respecto a la edad legal con menos de 38 años y medio cotizados en su vida laboral.

Además, se incluirá un régimen transitorio durante 10 años con mayores coeficientes para trabajadores que cotizan por encima de la prestación máxima para favorecer la equidad del sistema, al tiempo que se deja fuera del ámbito de estas medidas a los afectados por ERE a partir de 2021, lo que implica que no se aplicará a los afectados por los despidos colectivos de CaixaBank o el BBVA.

En cuanto a la jubilación forzosa, se facilitará su inclusión en los convenios colectivos, aunque restrigiéndola a trabajadores que superen los 68 años y estableciendo como obligación que se les sustituya por otro trabajador con contrato indefinido a tiempo completo. Respecto a la jubilación activa, que permite compaginar el trabajo con el cobro de la pensión, se establece que su duración será de un año a partir de la edad legal de retiro, aunque esta medida se revisará durante los próximos meses.

Por otra parte, otro de los grandes cambios que introduce la reforma de las pensiones se refiere a la financiación del sistema público, que implica que el déficit de la Seguridad Social será sufragado con impuestos y no como hasta ahora, con cotizaciones de trabajadores y empresas. Para ello, Hacienda transferirá cada año 22.567 millones de euros, procedentes de impuestos, aunque este año su cuantía será de 13.929 millones de euros al cierre del ejercicio. 

Por último, otra de las grandes novedades es la derogación del factor de sostenibilidad, que se incluyó en la reforma de las pensiones del año 2011 como herramienta para desvincular la cuantía de las prestaciones de la evolución del IPC, pero que en 2013 se decidió retrasar su puesta en marcha hasta 2023, aunque finalmente nunca ha llegado a aplicarse.

Qué podría cambiar en las pensiones si hay acuerdo antes de 2022

Respecto a los cambios que Gobierno y agentes sociales deberán seguir negociando, uno de los más destacados es precisamente la medida que tiene como función sustituir a ese factor de sostenibilidad, que el Ejecutivo ha definido como un mecanismo de solidaridad intergeneracional, con el que busca repartir el coste del sistema y evitar que lo asuman los más jóvenes cuando se jubile la generación del baby boom, nacidos entre 1946 y 1964.

En principio, la entrada en vigor de este mecanismo negociará hasta el 15 de noviembre, pero su entrada en vigor no se producirá hasta 2027, según adelantó el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, e incluirá ajustes en las futuras pensiones respecto al aumento de la longevidad y a la mayor carga que soportará el sistema, introduciendo elementos correctores para revisar el cálculo de la pensión según se va retrasando la edad de jubilación.

Además de esta medida, también se han dejado para 2022 otras iniciativas polémicas, como la posible ampliación del plazo de cómputo de las pensiones, que el ministerio dejó entrever que podría aumentarse de los actuales 25 años a 35 años y que provocó el rechazo unánime de los sindicatos y de los socios de Gobierno de Unidas Podemos, que calificaron esta medida de recorte encubierto.

También deberá esperar a 2022 la vinculación de la cotización de los autónomos con sus ingresos reales, que suscitó las críticas de las asociaciones sectoriales debido a las elevadas cuotas que tenía previsto aplicar el Gobierno, de entre 90 y 1.220 euros, y el destope de la base de cotización máxima, que actualmente se fija en 48.800 euros al año, para elevar los ingresos de la Seguridad Social en unos 4.470 millones de euros.