Un nuevo acuerdo entre la industria cultural y las telecos contempla el cierre 'exprés' de dominios 'espejo' de páginas webs clausuradas por piratería

El presidente del Gobierno y el ministro de Cultura en la gala de los Goya de 2020.
El presidente del Gobierno y el ministro de Cultura en la gala de los Goya de 2020.

REUTERS/Jon Nazca

  • El Ministerio de Cultura y Deportes ha presentado este jueves un acuerdo "histórico", en palabras de José Manuel Rodríguez Uribes.
  • Se trata de un protocolo rubricado entre las telecos y la industria de los contenidos para maximizar la eficacia de la controvertida Ley de Propiedad Intelectual.
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Este jueves el ministro de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes, ha definido como "histórico" un acuerdo que han rubricado las telecos y las industrias de contenidos.

Se trata de un protocolo encaminado a crear un marco de autorregulación para seguir incentivando "la colaboración entre el sector de la cultura y el de operadores de acceso a internet". Algo clave "en la lucha contra la piratería", según reza en un comunicado del propio Ministerio.

Es en realidad un texto que ha sido revisado favorablemente por la Comisión Nacional de los Mercados y los Valores (CNMV) y que afectará fundamentalmente a las páginas web que ya hayan sido clausuradas mediante resolución judicial.

En concreto, contra aquellas páginas en las que "concurran determinadas condiciones de reiteración de la conducta ilegal". En otras palabras: los dominios espejos de las páginas ya cerradas en base a la Ley de Propiedad Intelectual tienen los días contados, ya que las telecos trabajarán más estrechamente con las patronales de creadores e industrias culturales para interrumpir el acceso a sus contenidos.

Este protocolo ha sido firmado este jueves por la Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos y sus asociados, así como por DigitalES y las telecos que forman parte de esta entidad, así como de otras compañías como Euskatel o Eurona.

El propio Uribes, que ha tomado la palabra en un acto para anunciar este nuevo protocolo, ha asegurado que el Gobierno de España "se enorgullece mucho" de situar al país "a la cabeza de los estados europeos y de todo el mundo" mediante la creación de "un código de conducta voluntario" que fomenta "la autorregulación entre el sector de la cultura y los operadores de acceso a internet".

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Además de restringir los citados mirrors, el protocolo crea un nuevo comité técnico en el que podrá participar el propio Ministerio de Cultura, pero solo con invitación de alguna de las dos partes que han rubricado este acuerdo.

Cierres en 24 horas sin intervención judicial

Será el Comité el encargado de elaborar un listado semanal con los mirrors y los dominios operativos sobre los que ya se ha determinado su clausura judicial. Las operadoras tendrán que dar respuesta cerrando esos dominios en 24 horas desde que se recibe ese listado semanal, aclara la propia Coalición en su perfil de Twitter.

Desde 2019 está en vigor la reformada Ley de Propiedad Intelectual, que ya ha supuesto cuantiosas multas contra sitios webs que alojaban contenidos que vulnerarían sus preceptos, como el caso de Ex Vagos, sancionada con 400.000 euros hace dos años.

Esta legislación se ha considerado como una prórroga de la norma que popularmente se bautizó como Ley Sinde, y sobre la cual se llegaron a pedir 500 millones de euros en indemnizaciones contra los administradores de otro popular portal, SeriesYonkis, que finalmente fueron absueltos también en 2019.

En contexto, valga recordar que solo quedan meses para que se transponga la conocida como Directiva Copyright que colectivos como X.net han calificado de liberticida.

Medio año antes de que la Ley de Propiedad Intelectual vigente comenzase a aplicarse, el abogado especializado en derecho informático y propiedad intelectual, David Bravo, lamentaba en declaraciones a Público que a la gente "se la suda más todo lo que tiene que ver con internet".

"Mientras que el lobby de la industria puede pagar a sus lobbistas, y pueden estar décadas y décadas haciendo el mismo trabajo de presión, los que hicimos un poco de contrabalanza dentro de nuestras posibilidades terminamos muy cansados, agotados y con la acumulación de responsabilidades familiares y laborales propias de la edad", adujo entonces.

En términos similares se expresó entonces Carlos Sánchez Almeida, director jurídico de la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información, al tratar de explicar la aparente "desmovilización": 

"Durante mucho tiempo la forma de protesta de la ciudadanía eran las redes. Todo ello funciona hasta el 15M, que es el punto culminante en el que se logra constituir un movimiento desde las redes. Ahora, existe una desmovilización que creo que viene desde la politización del mismo".

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