Trabajo da de alta a 11.013 falsos autónomos de Glovo y le exige 16,2 millones de euros por sus cotizaciones impagadas

Dos repartidores de Glovo en la ciudad de Málaga
Dos repartidores de Glovo en la ciudad de Málaga
Reuters
  • Inspección de Trabajo ha dado de alta como trabajadores a 11.013 repartidores de Glovo que figuraban como autónomos en la empresa.
  • A esta revelación, tanto el organismo como los agentes sociales han reclamado a la firma catalana un total de 16,2 millones de euros en concepto de cotizaciones impagadas a la Seguridad Social.
  • Glovo, por su parte, asegura que estas actas todavía no son firmes y que habrá que esperar a la confirmación de los juzgados antes de señalar a los riders como asalariados o autónomos.
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La Inspección de Trabajo ha dado de alta como trabajadores a 11.013 repartidores falsos autónomos de Glovo el año pasado y en lo que llevamos de 2020, según ha declarado el propio organismo. Con esta cifra sobre la mesa, la autoridad laboral reclama a la multinacional catalana de repartos a domicilio un total de 16,2 millones de euros por las cotizaciones impagadas a la Seguridad Social.

Se suma así un nuevo capítulo a la histórica confrontación legal que lidia la compañía dirigida por Óscar Pierre con las condiciones laborales de sus riders, una historia que vivió su último gran vaivén el pasado septiembre con la sentencia del Tribunal Supremo. El fallo, que sienta jurisprudencia para acciones futuras, determinó que Glovo no era una mera intermediaria en la contratación de servicios entre comercios y repartidores, por lo que estos debían ser considerados, efectivamente, trabajadores asalariados.

Pero esto es bien distinto, ya que se trata no de una actuación judicial sino burocrática de las instituciones. Así, las investigaciones de Trabajo responden por un lado a denuncias de las organizaciones sindicales (CCOO, UGT, CNT, CUT, CSI y SAT) y por otro a actuaciones de oficio de la propia Inspección, integrada en un Ministerio de Trabajo que ya anticipó el fin de los repartidores como falsos autónomos en palabras de la titular de la cartera, Yolanda Díaz.

En lo que respecta a Glovo, un representante de la compañía ha asegurado a Business Insider España que las actas de la Seguridad Social todavía no son firmes y que todavía tendrán que pasar por el dictamen de un juez para decir si los repartidores investigados son o no repartidores. En este caso, la misma fuente de la firma catalana defiende que los 16,2 millones de euros reclamados en cotizaciones "es una deuda estimada" precisamente porque el dictamen no es firme, por lo que habrá que esperar a que lo sea para poner un número concreto a estos presuntos impagos.

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Por lo pronto, y a la espera de confirmación judicial, las cifras conocidas de 16,2 millones son las de las distintas acusaciones. Esto es, algo más de 8,2 millones por las primeras 7 denuncias de los sindicatos, otros 5,7 millones fruto de 15 órdenes de servicio posteriores y, finalmente, otros 2,2 millones provenientes de Inspección de Trabajo. En total, y tras todos estos procesos, los diferentes movimientos pro-riders, vengan de donde vengan, habrían conseguido el alta de un total de 11.013 trabajadores.

La campaña de Trabajo para investigar a Glovo se enmarca dentro de las más grandes que la Inspección haya realizado en los últimos años, según ha adelantado Europa Press a partir de fuentes conocedoras de la actuación. Anunciada a finales de noviembre de 2019, el movimiento en los despachos del Ministerio se centró en endurecer los controles a empresas como Glovo o Deliveroo, de la que todavía no se tienen datos de altas, en diferentes provincias, a saber Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Málaga, Granada, Asturias, Baleares, Murcia, Córdoba, Valladolid, Burgos, Salamanca, Pontevedra, Cantabria y Badajoz.

Se estrecha el cerco del Ministerio y los agentes sociales

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Pool Moncloa/José María Cuadrado

Aunque el anuncio entonces fue focalizado en los falsos autónomos en general, no era difícil adivinar que el punto de mira estaba en los repartidores como representantes casi simbólicos del colectivo. Sobre este punto precisamente discutieron este miércoles sindicatos, empresarios y el propio Ministerio en la mesa de diálogo social, en la que ya están buscando una fórmula para adaptar la llamada ley de riders al resto de estos trabajadores.

"La mesa no se va a ceñir a los riders, sino que se aspira a establecer una regulación para evitar la proliferación del fraude laboral a través de plataformas digitales", apostilló CCOO a la salida del encuentro. Por lo pronto, hoy se ha debatido el marco general, pero habrá que esperar a la reunión de la semana que viene para que los interlocutores sociales presenten sus propuestas concretas.

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Desde el comienzo del mandato de Yolanda Díaz al frente del Ministerio, la ministra ha dejado claro en reiteradas ocasiones que el uso de medios tecnológicos o digitales no puede "desvirtuar" la naturaleza de la actividad prestada, ni todas las actividades prestadas con el apoyo de instrumentos digitales responden a los mismos presupuestos ni tienen el mismo objetivo. Con esto sobre la mesa, la titular gallega de Trabajo siempre ha defendido que los nuevos modelos de negocio online deben estar sometidos "a las mismas reglas" que los modelos de negocio clásicos para que no haya competencia desleal y proteger los derechos laborales de los trabajadores.

"Una persona que va en bicicleta no es un emprendedor, es un simple trabajador", reflejó Díaz en una histórica declaración a la salida del Consejo de Ministros. "No sólo no es un emprendedor, sino que no hay ningún margen de autonomía en su relación laboral. Han sido de los más vulnerables de la pandemia: no se han podido defender y tenían que trabajar para ayudarnos", afirmó.

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