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Nuevo golpe a las apps de comida a domicilio como Glovo o Deliveroo: los inspectores de Trabajo denuncian que emplean a más de 8.000 falsos autónomos

Repartidor de comida a domicilio de la empresa Glovo
Gettyimages
  • La Inspección de Trabajo ha detectado que las apps de comida a domicilio como Glovo o Deliveroo emplean a más de 8.000 falsos autónomos, según El País.
  • Este afloramiento de las contrataciones fraudulentas en las plataformas de reparto se encuadra dentro del plan de choque contra la explotación laboral, que ha aflorado desde agosto de 2018 a 32.067 trabajadores que deberían haber sido inscritos en el régimen general por sus empresas.
  • Esta noticia se da a conocer una semana después de que un tribunal de Madrid dictase la mayor sentencia contra una plataforma de reparto de comida a domicilio, estableciendo que cerca de 532 de sus repartidores estaban sujetos a una relación laboral.
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Nuevo golpe a uno de los pilares de la gig economy por imponer condiciones ilegales a sus empleados. Tras los múltiples disgustos en los tribunales que se están llevando las plataformas de reparto de comida a domicilio como Deliveroo, Glovo o Uber Eats, ahora estas empresas están recibiendo la visita de los inspectores de Trabajo para comprobar si están respetando los derechos de los trabajadores.

Y la respuesta, como suele suceder en estos casos, es negativa. Así, la Inspección de Trabajo ha detectado en los últimos 6 meses a 8.076 falsos autónomos entre los repartidores de estas apps de comida a domicilio y ha obligado a sus empresas respectivas a darles de alta en el régimen general de la Seguridad Social, como cualquier otro asalariado, según informa El País.

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El modelo de negocio de este tipo de empresas, especialmente en lo que se refiere a su negativa a reconocer cualquier relación laboral con sus trabajadores, se basa en no asumir costes de contratación, sino en vincularse a sus repartidores o riders de formas más baratas para la empresa. Una práctica que es legal en EE.UU., pero no en la Unión Europea.

Sin embargo, El País asegura que las demandas individuales de los riders que reclaman que se les reconozca su relación laboral no están generando tanta unanimidad en los juzgados, como sí está sucediendo en los procesos iniciados por Trabajo, que se encuadran en el plan de choque contra la explotación laboral puesto en marcha en agosto de 2018.

En sus actas, los inspectores denuncian que "algunas empresas (...) recurren a trabajadores a los que exigen encuadrarse en el régimen especial de trabajadores autónomos, cuando en realidad su relación jurídica reúne las características propias de una relación laboral por cuenta ajena", según los documentos publicados por el diario del Grupo Prisa.

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Estas inspecciones son un nuevo varapalo a estas apps de comida a domicilio una semana después de que un tribunal de Madrid dictase contra Deliveroo la mayor sentencia para una plataforma de reparto, en la que establecía que cerca de 532 de sus repartidores estaban sujetos a una relación laboral. Deliveroo ya había sido denunciada por Trabajo en 2018 por usar una aplicación fraudulenta para esquivar inspecciones de Trabajo.

Más de 32.000 falsos autónomos en general

Pero las plataformas de comida a domicilio no son las únicas en las que se están aflorando falsos autónomos. Así el plan de choque contra la explotación laboral ha aflorado desde agosto de 2018 a 32.067 trabajadores que deberían haber sido inscritos en el régimen general por sus empresas. Se trata de casi 5 veces más que los 6.592 falsos autónomos descubiertos por Trabajo entre 2017 y 2018.

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El País asegura que esos más de 32.000 falsos autónomos se han convertido en altas en el régimen general de la Seguridad Social, lo que ha supuesto una recaudación adicional para las arcas públicas de 218,8 millones de euros en cotizaciones, un 345% más que en los 11 meses anteriores.

El aumento de las inspecciones de Trabajo es el motivo de este incremento, según el periódico, que señala que el número de sanciones por este motivo ha pasado de 365 a 725. Además, señala que hace unos meses el Gobierno aprobó establecer la infracción por falso encuadramiento, destinada a frenar el fraude con falsos autónomos, que supone multas de hasta 10.000 euros para las empresas infractoras.

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