Robots contra el fraude de las empresas a la Seguridad Social: la Inspección de Trabajo reemplaza a los funcionarios para automatizar las multas

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.
Yolanda Díaz, ministra de Trabajo.

Pool Moncloa/José María Cuadrado

  • La Inspección de Trabajo utilizará robots para detectar fraudes en las empresas a la Seguridad Social, automatizando las investigaciones y las sanciones sin usar funcionarios humanos.
  • Los inspectores critican que esta medida vulnera sus competencias y la seguridad jurídica de los procesos de inspección, según La Información.
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En los próximos meses, España y el resto de países de la Unión Europea comenzarán a recibir las ayudas del fondo comunitario de recuperación del coronavirus que, entre otros fines, se destinarán a fomentar la transición a una economía sostenible, la competitividad y productividad, la cohesión social y territorial y la digitalización del tejido empresarial y de las administraciones públicas.

No obstante, el Ministerio de Trabajo está tomando la iniciativa respecto a este último punto, dado que está preparándose para actualizar y digitalizar sus procesos de búsqueda de posibles infracciones laborales. Así, la Inspección de Trabajo podría comenzar a usar robots para detectar posibles fraudes a la Seguridad Social en las empresas, automatizando las inspecciones y las sanciones, según La Información.

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Este proceso, denominado actuación administrativa automatizada, implica que los robots realizarán por sí solos la revisión de datos empresariales e iniciarán de forma automática el procedimiento de sanciones si detectan irregularidades. Todo ello, sin que un funcionario intervenga en el proceso, lo que ha generado críticas por parte de los inspectores de Trabajo, que afirman que esta medida vulnera sus competencias y la seguridad jurídica de las inspecciones.

La presidenta del Sindicato de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social, Ana Ercoreca, ha criticado que esta medida incumple la ley, asegurando que "la competencia sancionadora la tiene la Inspección y no puede ser sustituida por ninguna máquina", en declaraciones a La Información. Trabajo, por su parte, niega que digitalizar la detección del fraude reduzca las garantías jurídicas para los ciudadanos.

Así, el ministerio destaca la importancia del análisis de big data para detectar irregularidades y afirma que automatizar el proceso de detección y sanción del fraude laboral no excluye que intervengan posteriormente funcionarios humanos en el proceso, aportando una valoración jurídica a las alegaciones que presenten las empresas que sean multadas por los robots de Trabajo, destacando la importancia.

Sin embargo, Ana Ercoreca rechaza las alegaciones de Trabajo y asegura que la seguridad jurídica de las inspecciones debe garantizarse en todas las fases del proceso, según el diario digital, al que ha reiterado que, si el ministerio quiere agilizar los procesos por fraude a la Seguridad Social en las empresas, debería reforzar la plantilla de la Inspección en lugar de intentar sustituir "a las personas por robots".

La propuesta de dejar la inspección y sanción del fraude laboral a robots administrativos se incluirá en un decreto que está preparando el ministerio y en el que se incluirán otras novedades, como el incremento de las multas previstas en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, que no se actualizan desde 2007, lo que en la práctica supondrá incrementarlas un 20%, según La Información.

La actualización de multas para reflejar los cambios en la inflación en los últimos 13 años, en los que se ha incrementado un 19,9%, busca mejorar la capacidad recaudatoria de estas sanciones. De este modo, una infracción leve, como vulnerar el derecho a la desconexión digital de los trabajadores enviándoles mails fuera de su horario laboral, pasará de 60 a 625 euros de multa a entre 70 y 745 euros si se aplica ese incremento del 20%.

Mientras, las infracciones graves, como no respetar las medidas de prevención de contagios del coronavirus o no formalizar el contrato de teletrabajo que estipula la Ley de Trabajo a Distancia, que oscilan hasta ahora entre 626 y 6.250 euros, aumentarán hasta los 746, en su grado mínimo y 7.490 euros, en el máximo.

En lo que respecta a las infracciones muy graves, como el fraude en los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o los incumplimientos en la normativa de igualdad salarial, pasarán de la horquilla entre 6.251 y 187.515 euros de multa a entre 7.491 y 224.830 euros. La entrada en vigor de este decreto estaba prevista para el 1 de enero, aunque tendrá que esperar al 1 de abril, según el medio digital.

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