La Inspección de Trabajo obliga a Glovo a dar de alta a 1.316 repartidores y pagar 8,6 millones de euros
- La Inspección de Trabajo ha abierto un acta de infracción a Glovo por la situación de 1.316 repartidores en Sevilla a los que la empresa debe incorporar como asalariados, según El País.
- Este procedimiento reclama a la plataforma 8,6 millones de euros entre la infracción y la liquidación de cuotas a la Seguridad Social de estos trabajadores.
- Es la primera actuación contra Glovo después de la entrada en vigor de la ley de riders, que obliga a las plataformas a dar de alta a los repartidores como empleados y a informar sobre los algoritmos que regulan el trabajo.
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La Inspección de Trabajo ha abierto un acta de infracción a Glovo por la situación de 1.316 repartidores en Sevilla, a los que ha dado de alta en la Seguridad Social como trabajadores por cuenta ajena. Este procedimiento supone una sanción de 8,5 millones de euros para la empresa de entregas a domicilio: 6,17 millones por la infracción y 2,48 millones por liquidación de cuotas, según El País.
Se trata de la primera propuesta de sanción que se da a conocer tras la entrada en vigor de la llamada ley de riders, una modificación del Estatuto de Trabajadores que hizo el Gobierno a mediados de mayo y comenzó a aplicarse en agosto, por la cual los repartidores son considerados trabajadores por cuenta ajena y las empresas debían informar de los algoritmos que organizan el trabajo.
Glovo respondió a esa ley confirmando que contratará a unos 2.000 repartidores, pero su flota en España está calculada en unos 12.000 riders, lo que supone que el resto seguirían siendo autónomos.
Este procedimiento de la Inspección de Trabajo, no obstante, es previo a la Ley Rider, según han confirmado a Business Insider España fuentes de Glovo.
El CEO y cofundador de Glovo, Óscar Pierre, aseguró hace semanas que la ley de riders es una "chapuza", según dijo durante una entrevista en el podcast de Itnig.
La plataforma barcelonesa, uno de los pocos unicornios —empresas valoradas en más de 1.000 millones de dólares, 880 millones de euros al cambio actual— fue objeto de una de las sentencias clave del proceso que llevó a la aprobación de la ley de riders: una del Tribunal Supremo que determinó que uno de sus repartidores era un falso autónomo.
Tras la aprobación de la nueva ley, la Inspección de Trabajo ha ido realizando varias intervenciones en este tipo de plataformas, según El País.
De ellas, ya ha salido de España la británica Deliveroo, cuyo cese de operaciones en España será efectivo el 29 de noviembre y supone el despido de 3.800 trabajadores.
La plataforma multinacional anunció esta medida en verano señalando la ley de riders como principal motivo de la decisión, aunque varios extrabajadores de la empresa revelaron a Business Insider España que la filial española de la compañía tenía otros problemas: el auge de Glovo, una escasa inversión en marketing o una estrategia empresarial poco clara.
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