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La maniobra legal del Tribunal de Cuentas que podría recuperar el dinero del 1-O y embargar el sueldo de Puigdemont como eurodiputado

El expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.
REUTERS/Denis Balibouse

  • El Tribunal de Cuentas ha reclamado a Puigdemont y otros 19 cargos separatistas 4,1 millones de euros malversados para el 1-O.
  • Fiscalía y Abogacía del Estado se negaron a reclamar el dinero vía procedimiento penal, lo que ha permitido al Tribunal de Cuentas intervenir directamente.
  • Este hecho supone un revés para los acusados, ya que el control financiero es capaz de emitir juicios sin que los acusados estén presentes.
  • Si Puigdemont y el resto de acusados no abonan la cantidad antes de 15 días el órgano fiscalizador procederá a embargar sus bienes y sueldos.
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Empieza a esclarecerse el destino del dinero malversado en el referéndum del 1 de octubre de 2017.

El Tribunal de Cuentas ha comunicado este martes al expresidente catalán Carles Puigdemont y a todo su Govern el dinero desviado para organizar la consulta que inició el procés y la liquidación del delito. En total, 4.146.000 euros de fianza a reclamar a los 19 implicados, entre ellos el propio expresident, el vicepresidente Oriol Junqueras y el resto de exconsellers y altos cargos de la Generalitat.

En un principio, tanto Abogacía General como Fiscalía renunciaron a pedir la responsabilidad civil de los miembros del Govern, lo que implica que no les reclamaban el dinero malversado. Pero esto no quiere decir que se olvidasen de él.

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Finalmente ha sido el Tribunal de Cuentas el órgano encargado de pedir los 4,1 millones de euros, por lo que la situación ha cambiado radicalmente para los líderes independentistas. Te explicamos por qué:

No se puede juzgar a una persona ausente

La Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM) defiende en su artículo 786 que no se puede juzgar por la vía penal a una persona que no se encuentra en la vista (salvo que la pena sea inferior a dos años de prisión, que no es el caso). Este es el contexto en el que se encuentran los eurodiputados Carles Puigdemont y Toni Comín, actualmente en Bruselas, que huyeron de la Justicia española en octubre de 2017.

La diferencia radica en que el Tribunal de Cuentas sí puede juzgar a personas aunque no estén presentes, y esto da todo un vuelco al caso. Para Puigdemont, Comín y compañía esta vez no habrá escapatoria: se les citará (en España) y, si no aparecen, el juicio se resolverá sin ellos.

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Tendrán que responder por los gastos que acometieron como Gobierno para afrontar una consulta no autorizada por el Estado; en concreto, los 4,1 millones de euros públicos se desviaron a aplicaciones, plataformas informáticas, el uso de 2.259 puntos de votación (muchos de ellos colegios), campañas como la denominada Civisme o en materiales electorales tales como las urnas o las papeletas.

No se les cargará, no obstante, ninguno de los gastos derivados del despliegue policial en la Operación Copérnico (87 millones), ya que el Govern no tuvo decisión en el desplazamiento de los agentes.

El Tribunal de Cuentas podrá embargar bienes y sueldos

Este martes comienza la cuenta atrás: los líderes independentistas tienen 15 días para abonar los 4,1 millones de euros de fianza reclamados. Si no lo hacen, el órgano fiscalizador podrá proceder a embargar no sólo los bienes del antiguo Govern, sino también sus sueldos (los que tuvieren).

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Es el caso de Puigdemont y Comín, actuales eurodiputados, y Clara Ponsatí, que previsiblemente se unirá a sus compañeros en el Parlamento Europeo a partir de febrero

En caso de no contar con sueldos requisables, lo público pasará por embargar propiedades hasta cumplir la fianza estipulada. Vistas las pocas posibilidades de asumir el cargo, Puigdemont ha pedido ayuda a los votantes del 1-O para hacer frente al Tribunal.

Puigdemont ha señalado que el órgano fiscalizador reclama la fianza a los impulsores del 1-O y ha advertido de que tienen 15 días para pagar y evitar el embargo, por lo que ha pedido aportaciones a la Caixa de Solidaritat: "Si votaste el 1 de octubre, te necesitamos".

A partir de ahora comienza el procedimiento jurisdiccional con sus vistas hasta concluir en una sentencia en primera instancia; esta podrá ser recurrida ante la Sala de la Justicia del Tribunal de Cuentas, pero poco más tendrá que hacer el fiscalizador. El paso siguiente será el recurso de casación por la vía de lo contencioso administrativo en el Supremo.

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