Uber Eats reconoce el despido colectivo de más de 4.000 repartidores en agosto de 2021, justo antes de la entrada en vigor de la ley 'rider'

Un repartidor de Uber Eats.
Un repartidor de Uber Eats.
  • CCOO y UGT llegan a un acuerdo con Uber Eats y evitan ir a juicio ante la Audiencia Nacional tras la desconexión de 4.000 repartidores en agosto de 2021.
  • La compañía de reparto reconoce ahora que ante la entrada en vigor de la ley rider, se produjo un despido colectivo y se compromete a pagar las indemnizaciones correspondientes.

Finalmente, no habrá juicio entre Uber Eats y los sindicatos UGT y CCOO por la desconexión de más de 4.000 repartidores que llevó a cabo la compañía de delivery en agosto de 2021 ante la entrada en vigor de la ley rider

Las partes han llegado a un acuerdo esta mañana ante la Audiencia Nacional, ha informado primero Hipertextual.

Ambos sindicatos habían presentado una demanda colectiva ante este tribunal, después de que 4.000 riders fueran desconectados de la plataforma de la noche a la mañana sin previo aviso.

Esa "desconexión" supuso que los trabajadores no pudieran seguir repartiendo para la compañía californiana, que ante la entrada en vigor de la nueva regulación que presume la laboralidad entre repartidores y plataforma, optó por un modelo de subcontratación.

Sin embargo, esas empresas de subcontrata no contactaron a todos los repartidores que trabajaban en Uber, y muchos se quedaron en un limbo en agosto de 2021. De un día para otro, se encontraron con que la app de Uber nos les dejaba conectarse, y, por lo tanto, trabajar.

Tres repartidores de Glovo mirando la aplicación

Ahora, Uber Eats reconoce que se produjo un despido colectivo en agosto de 2021 y se compromete a abonar una indemnización a cada una de las personas repartidoras afectadas en cuantía de 45 días de salario por año de servicio, con unos mínimos de indemnización, dependiendo de la antigüedad y la retribución percibida en el último año, ha compartido UGT en un comunicado.

Desde el sindicato señalan que se trata de un acuerdo histórico. 

"Por primera vez se reconoce en sede judicial un despido colectivo de personas repartidoras y garantiza el cobro de las indemnizaciones por cada unas de las personas afectadas, en cuantías que mejoran las establecidas en la ley", recoge el mismo comunicado.

Por su parte, un portavoz de Uber ha señalado a Business Insider que "este acuerdo con UGT y CCOO compensará a los repartidores que perdieron su acceso a la app de Uber como consecuencia de la entrada en vigor de la ley rider".

"Recientemente, hemos puesto en marcha un nuevo modelo, en pleno cumplimiento de la regulación vigente, que incluye cambios estructurales que le ofrecen al repartidor mayor control sobre su actividad, como por ejemplo la posibilidad de establecer su tarifa libremente. Seguimos comprometidos a colaborar con el Gobierno y los sindicatos para mejorar el trabajo de todos los repartidores”, ha añadido.

Este verano, la compañía californiana estableció un nuevo modelo de autónomos que busca eludir la laboralidad que presume la ley. Según la compañía, mediante este nuevo sistema, los repartidores podrán establecer sus tarifas, y determinar el precio mínimo por kilómetro en cada pedido y recibir únicamente ofertas que sean iguales o superiores a la tarifa elegida.

Este acuerdo, alcanzado tras meses de duras negociaciones, según ha podido saber Business Insider, se ha firmado después de que en un primer momento la Audiencia Nacional tumbara la demanda presentada por ambos sindicatos. 

La Audiencia Nacional consideró que no carecían de implantación dentro de la empresa. Es decir, que los sindicatos mayoritarios no tenían legitimidad para demandar a Uber porque no contaban con representantes dentro de la compañía de reparto.

Sin embargo, el alto tribunal falló a favor de UGT y CCOO que habían recurrido dicha sentencia. El Supremo dictaminó que los sindicatos más representativos, ante la falta de representación unitaria y sindical en Uber Eats, dado que no reconocía la relación laboral de sus repartidores, sí que tenían en este caso la capacidad de impugnar lo que consideran un despido colectivo. 

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