Control de las ayudas europeas: la oficina antifraude de la UE advierte de dificultades para prevenir abusos porque 5 países se niegan a usar una base de datos común

El desembolso de las ayudas europeas para la recuperación de la crisis provocada por el coronavirus dentro del fondo Next Generation EU ha dado este miércoles su primer paso con la aprobación de los planes de recuperación de Portugal y España, en los que se definen los objetivos y medidas a los que se destinará la financiación comunitaria entre 2021 y 2026.

Sin embargo, la puesta en marcha de las ayudas europeas aún afronta varias dificultades. Así, los jefes de Estado y Gobierno de la Unión Europea todavía tendrán que dar su visto bueno a los planes de recuperación de cada uno de los 27, además de las dificultades que ha denunciado la OLAF, la oficina antifraude de la UE, para que varios estados miembros se ciñan a los sistemas comunitarios de control financiero.

En concreto, el director de la OLAF, el finlandés Ville Itala, ha asegurado a Financial Times que la UE afronta un "gran riesgo" de posibles abusos en la gestión de los fondos europeos de recuperación, que ascienden a 800.000 millones de euros. "Es tal cantidad de dinero que la prevención es importante, vemos que supone un gran riesgo, eso está claro, porque no tenemos las mismas posibilidades de rastrear los flujos de dinero e información y de encontrar a los beneficiarios", añadió.

Itala ha criticado que Alemania, Dinamarca, Suecia, Polonia y Chipre se hayan negado a usar la base de datos comunitaria Arachne para la supervisión del desembolso de las ayudas europeas, dado que estos países cuentan con sistemas propios, mientras que los otros 22 estados miembros de la UE sí han accedido y se prevé que lo usen de forma voluntaria, dado que la normativa europea no lo exige, según el diario financiero.

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El director de la OLAF ha recalcado la importancia de que exista supervisión a escala estatal y también comunitaria para evitar abusos o despilfarro en el desembolso de las ayudas europeas, destacando que la carencia de una base de datos común a los 27 les hará muy difícil controlar en qué manos acaban los fondos de recuperación. "Podemos hacerlo, pero es mucho más complejo y supone mucho más trabajo sin las herramientas informáticas para rastrear a los beneficiarios finales", ha añadido.

Sin embargo, Bruselas ha anunciado la puesta en marcha de nuevos mecanismos de control que podrán emplearse para ofrecer transparencia en el gasto de las ayudas europeas y prevenir posibles abusos, y para desentrañar conflictos de interés previos. Además, a los 27 se les ha exigido la puesta en marcha de sistemas estatales que recojan y controlen quiénes son los beneficiarios de los fondos de recuperación.

De hecho, las autoridades europeas llevan advirtiendo desde hace meses de que los estados miembros deben poner en marcha mecanismos de control del gasto más estrictos, asegurando que frenarán el desembolso de los tramos de ayudas comunitarias a aquellos países que no cumplan los objetivos que incluye su plan nacional de recuperación, como vía para garantizar un uso responsable de la financiación de emergencia de la UE.