Recursos sin límites y acceso total a expedientes: las últimas súplicas de las tecnológicas a Bruselas por el Reglamento de Mercados Digitales

El Reglamento de Mercados Digitales está en vigor desde noviembre del año pasado, aunque no entrará en fase de aplicación hasta el próximo mes de mayo. Conocido por sus siglas en inglés, el DMA introduce nuevas normas para evitar que en el mercado digital europeo las grandes plataformas bloqueen la posibilidad de competir a terceras empresas.

A finales de diciembre la Comisión Europea abrió un plazo de audiencia pública que ha terminado esta misma semana para recibir opiniones sobre esta DMA. En un principio, la consulta pasó algo desapercibida. Pero en los últimos días del plazo han aparecido en el portal comunitario las consideraciones de distintos ciudadanos, organizaciones y plataformas.

El DMA, al igual que el Reglamento de Servicios Digitales o DSA —este último, todavía no en vigor— pondrán coto a las plataformas digitales. En ambas normas Bruselas se refiere a ellas como los "guardianes de acceso" o gatekeepers, y aunque no se conoce qué nombres y compañías podrían verse afectados por estas normas, todo el mundo se puede hacer una idea.

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Ambos reglamentos se aplican a guardianes de acceso con más de 45 millones de usuarios, cuyo volumen de negocio en la UE supere los 7.500 millones de euros en los 3 últimos ejercicios, o que su valor de mercado supere los 75.000 millones de euros en el año fiscal inmediatamente anterior. 

De esta manera, compañías como Meta —propietaria de WhatsApp, Facebook o Instagram— o Google se ven directamente interpeladas. Tanto es así, que junto a telecos como Deutsche Telekom o asociaciones de consumidores como la federación europea BEUC, tanto Meta como Google han compartido sus consideraciones sobre la DMA, a apenas 5 meses de su entrada en aplicación.

Las tecnológicas piden más garantías en el acceso a expedientes

El Reglamento de Mercados Digitales o DMA introduce herramientas para que la Comisión Europea pueda perseguir de forma más eficaz aquellas prácticas que puedan estar perjudicando la libre competencia en el Viejo Continente. 

Hasta ahora, la Comisión realizaba sus investigaciones, compartía sus conclusiones e interponía sanciones. Pero muchas de ellas acababan tumbadas en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La DMA aspira a revertir esa situación. A Meta y a Google no les interesa la idea, y durante todo el proceso legislativo han hecho incansables pero infructuosos ejercicios de lobby.

Las aportaciones que las tecnológicas han hecho en este plazo de consulta pública son un nuevo intento por parte de las multinacionales. Un intento, esta vez, más concreto y sobre artículos y cuestiones procesales muy determinadas del borrador de aplicación del reglamento DMA.

De esta manera Meta y Google muestran varios puntos en común en sus consideraciones acerca de ese texto. Por ejemplo, ambas firmas piden que cuando se abra un procedimiento bajo el reglamento DMA, las empresas aludidas —o incriminadas— puedan acceder al expediente completo con el que la Comisión Europea concluya que se está dando alguna práctica anticompetitiva.

El reglamento, tal y como está redactado, contempla que las empresas podrán acceder a las conclusiones preliminares de la Comisión. "En la práctica se podrá acceder a los documentos que inculpen" a las guardianas de acceso, y no a los exculpatorios. Google y Meta quieren acceder a todos esos documentos.

En palabras del gigante del buscador, "la discrecionalidad con la que la Comisión decidirá qué pruebas se comparten —y cómo— no es coherente con los derechos fundamentales". "El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido claro en la materia: la Comisión no puede decidir por sí misma qué documentos puede o no usar una organización para defenderse", enfatizan.

Vistas orales, plazos más amplios y límites más laxos a la hora de presentar un recurso

Igual que las plataformas piden acceder a todo el expediente —y no solo a las conclusiones de la Comisión—, entienden que también es necesario contar con plazos más amplios a la hora de responder a los hallazgos de Bruselas. Google cree que los plazos "deben ser proporcionados y empezar a contar una vez la compañía acceda a todo el expediente".

En ese sentido recuerda que el Reglamento de Mercados Digitales da un plazo de unos 14 días para responder a un expediente iniciado por la Comisión. "Es menor que los plazos que da el Tribunal de Justicia de la Unión Europea", de hasta 2 meses para dar respuesta o presentar recurso.

Un temor de la Comisión Europea en estos nuevos procedimientos es que las tecnológicas vuelvan a emplear la vieja técnica de enterrar en papeles a los funcionarios de la Unión para dilatar los procedimientos, por eso impone un límite de papeles y documentación a la hora de dar respuesta. A juicio de Meta y Google, ese límite es demasiado estricto.

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A la compañía fundada por Mark Zuckerberg y propietaria de Facebook no le parece "apropiado" ese límite en tanto que "el propósito de un proceso administrativo y regulatorio es asegurarse de que toda la información y los hechos —incluyendo observaciones y argumentos de parte— relacionados con el asunto a tratar se tienen en cuenta antes de alcanzar unas conclusiones finales".

Las dos multinacionales estadounidenses lamentan, además, que en el texto del DMA no se haya atribuido ningún papel clave al Consejero Auditor de la Unión Europea, un cargo comunitario que se encarga de escuchar a las partes implicadas en procesos relacionados con competencia. También demandan la incorporación de vistas orales.

"Dado que el derecho a una vista oral se ofrece de forma rutinaria en otros procesos anticompetencia y en la regulación de fusiones y adquisiciones, sería apropiado darle ese derecho a los guardianes de acceso y a terceros que conozcan el asunto, para ser escuchados en un proceso abierto", exponen desde Meta.

Una crítica recurrente tanto al DMA como al DSA es que parecen normas especialmente dirigidas a las grandes multinacionales tecnológicas de origen estadounidense. Sin embargo, en la consulta que ha abierto Bruselas, una de las respuestas es de Booking, un agregador de ofertas hoteleras de origen neerlandés que comparte esas mismas consideraciones con Meta y Google.

Telecos y organizaciones de consumidores entran en escenas

A la consulta también se han incorporado las manifestaciones de compañías de telecomunicaciones, como la alemana Deutsche Telekom, y de asociaciones de consumidores. Por ejemplo, la opinión de la BEUC, la federación europea que aglutina asociaciones y entidades como la española OCU.

Ambas opiniones son, en cierto punto, coincidentes. Por ejemplo, a la hora de exigir que no se amplíe el límite documental a la hora de responder o recurrir los procedimientos abiertos. 

La BEUC entiende que limitar la longitud de esas respuestas es eficaz en tanto que "documentos excesivamente largos podrían ser estratégicamente utilizados por los guardianes de acceso para retrasar y menoscabar la eficaz implementación y aplicación de la DMA".

Además, la organización de consumidores lamenta que el acceso a expedientes tal y como lo concibe la DMA no contempla el acceso a los mismos a terceros: a los procedimientos solo podrán acudir las empresas señaladas. La BEUC entiende que terceros también deberían poder acceder a la documentación "para asegurar procedimientos justos y eficaces".

Curiosamente, lo mismo considera Deutsche Telekom. Las telecos europeas han vivido en los últimos años una intensa cruzada con las grandes tecnológicas. Las primeras quieren que las segundas paguen por el uso de las redes. 

Para la teleco alemana, el acceso de terceros a los procedimientos, "especialmente usuarios de negocios y competidores potenciales, deben verse involucrados en todas las etapas de un proceso, dado la importancia del papel que juegan". La operadora también recomienda incluir a los reguladores nacionales de la competencia en las etapas tempranas de los procedimientos.

La única participación española: la Coalición, preocupada por un posible repunte de piratería

La Coalición de Creadores e Industrias de Contenidos, conocida como la Coalición, ha compartido sus impresiones en el marco de esta consulta comunitaria. Esta organización es una asociación del sector del entretenimiento español conocida por sus actuaciones como lobby antipiratería. Y por ello entiende que la DMA debería ser más explícita a la hora de dar garantías en ese ámbito.

El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) es el reglamento que vela por la seguridad de los usuarios frente a contenidos ilegales —discurso de odio, noticias falsas, sesgo de algoritmos...—. A pesar de ello, la Coalición cree que ciertos artículos de la DMA debe "desarrollar reglamentariamente" algunos artículos de la norma.

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Por ello, artículos que sí figuran en el DSA no pueden quedar "atenuados o excluidos con la aplicación del nuevo régimen de obligaciones estipulado en la DMA". "Las obligaciones de los prestadores de servicios digitales respecto del contenido ilícito no deben mermarse ni reducirse de ningún modo para salvaguardar una competencia más justa y equitativa en el entorno digital".

Un ejemplo de ello es un punto del artículo 6 del Reglamento de Mercados Digitales: una vez entre en aplicación esta norma, compañías como Google o Apple no podrán impedir a sus usuarios instalar tiendas de aplicaciones de terceros en dispositivos móviles. El problema, para la Coalición, es que esto abre la puerta a que se instalen tiendas de apps que incluyan contenidos pirateados.

Ese artículo "obliga a los guardianes de acceso a permitir la instalación y el uso efectivo de apps o tiendas de aplicaciones de terceros, pero sin aclarar que esto es sin perjuicio de las acciones que se tomen para combatir los contenidos ilegales en línea", apuntan desde la entidad.

Los siguientes pasos para el Reglamento de Mercados Digitales y el de Servicios Digitales

Con el fin de este plazo de consulta, el Reglamento de Mercados Digitales entra en su recta final para su aplicación. A pesar de estar en vigor desde principios del pasado mes de noviembre, Bruselas contempla que las plataformas detallen hasta el 3 de julio cuáles son los servicios que ofertan en el mercado europeo, para que Europa dictamine si serán afectadas o no por la norma.

El plazo máximo para que Bruselas responda a las plataformas si serán consideradas o no "guardianes de acceso" de cara al Reglamento de Mercados Digitales culminará el próximo 6 de septiembre. 

La DMA prevé 10 servicios básicos de las plataformas que podrían ser señaladas: motores de búsqueda, redes sociales, plataformas de intercambio de vídeo, sistemas operativos, cloud computing, publicidad, navegadores, asistentes virtuales, servicios de comunicación interpersonal independiente de la numeración —WhatsApp, Telegram— u otros servicios de intermediación.

Para el Reglamento de Servicios Digitales o DSA todavía queda algo más de tiempo. La DSA entrará en vigor 15 meses después de su aprobación o a principios de 2024, lo que llegue antes. Por cuestiones de calendario, esta última fecha será la evidente: este reglamento crucial para compañías como el Twitter de Elon Musk entrará en vigor dentro de exactamente un año en Europa.