Airbnb logra una gran victoria con el fallo del Tribunal Europeo que considera que es una empresa de servicios online y no una empresa inmobiliaria

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  • El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) concede una gran victoria a Airbnb al dictaminar que es "un servicio de la sociedad de la información", y que por tanto no debe regularse como agente inmobiliario.
  • La Asociación para el Alojamiento y Turismo de Francia denunció a la plataforma por incumplir las leyes locales de propiedad.
  • Esta denuncia había puesto en peligro el acuerdo alcanzado entre Airbnb y el Comité Olímpico Internacional para promover los servicios de la plataforma durante los Juegos Olímpicos que se celebrarán en 2024 en París.
  • Esta noticia es una gran victoria para Airbnb, que se enfrenta a decenas de denuncias en todo el mundo.
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acaba de dictaminar este jueves que Airbnb no debe seguir la normativa que rige a las empresas inmobiliarias. 

Esta es una gran victoria para Airbnb, al haber sido considera por la justicia europea como un "servicio de la sociedad de la información". Es decir, según el TJUE no se trata de una compañía inmobiliaria, sino de una empresa que ofrece servicios a través de internet.

El fallo se produce después de que la Asociación para el Alojamiento y Turismo de Francia (AHTOP) presentase una demanda, denunciando que la compañía debía ser considerada como agente inmobiliario, para así obedecer la normativa de vivienda que está en vigor actualmente en Francia.

Esta decisión no solo significa que Airbnb pueda seguir operando como hasta ahora en Francia. También facilita muchas de las batallas legales que está librando en todo el mundo.

Las asociaciones de turismo se quejan de que Airbnb básicamente está ofreciendo servicios hoteleros sin seguir las leyes del sector

Airbnb se ha enfrentado en los últimos años a gran parte de la industria turística de todo el mundo. Las empresas del sector aseguran que esta plataforma está dirigiendo un negocio hotelero sin la necesidad de seguir las leyes estipuladas.

Airbnb siempre ha respondido a estas acusaciones, y un portavoz de la compañía contó a Reuters que "el servicio que se proporciona es únicamente el contacto entre anfitriones e invitados para se pongan de acuerdo entre ellos. En ningún momento se participa en la transacción económica".

La polémica comenzó cuando un fiscal de la justicia francesa acusó a Airbnb de violar las leyes inmobiliarias, acto seguido un juez remitió el caso a la justicia europea.

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El pasado abril, un asesor del Tribunal de Justicia Europeo emitió un dictamente no vinculante en el que se afirmaba que la compañía no es un operador hotelero, y que por tanto no se le puede aplicar esta normativa.

El fallo de este jueves reafirma su opinión, y aclara que cualquier plataforma que ponga en contacto a anfitriones y huéspedes debe considerarse como servicio de la sociedad de la información.

No es la primera vez que Airbnb se enfrenta a disputas legales. La compañía ha peleado con gobiernos estatales y locales sobre temas como la normativa de vivienda, las obligaciones fiscales, el impacto en el mercado y sus precios, y las estafas y problemas de seguridad.

Tanto gobiernos como empresas hoteleras han argumentado que la plataforma debería cumplir las mismas leyes que los operadores tradicionales del sector turístico y los propietarios de vivienda. Especialmente en lo que se refiere al pago de impuestos y tasas.

Aunque Airbnb ha evolucionado en los últimos años en cuanto a materia fiscal, la compañía se considera una proveedora de servicios en internet, y no quiere ser regulada como hotelera ni estar sujeta a dichas responsabilidades legales.

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Respecto a la sentencia, Airbnb ha enviado un comunicado. “Airbnb agradece que se haya emitido la sentencia. La prioridad ahora es seguir trabajando con las ciudades en normativas claras, que sitúen a las familias y a las comunidades locales como principales protagonistas del turismo sostenible en el siglo XXI. Airbnb quiere ser un buen socio para todos y ha trabajado con más de 500 gobiernos para ayudar a los anfitriones a compartir sus hogares, cumplir con la regulación y hacer frente a sus obligaciones tributarias.”, dice el texto. 

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