El papel de Huawei en el despliegue del 5G en España queda en manos de Telefónica, Orange y Vodafone

5G Huawei
Reuters

El papel de Huawei en el 5G sigue despertando dudas. Pese a las presiones de Estados Unidos para que se vetara a la compañía china, España se comportó de manera anómala en Europa y abrió la puerta al operador para que participara del despliegue de redes. Y la patata caliente pasará en los próximos meses a las operadoras, que se juegan mucho dinero en el desarrollo de esta nueva tecnología y aceptan a regañadientes la regulación que se quiere llevar a cabo. Telefónica, Orange y Vodafone han ido retirando su exposición a la compañía asiática, pero ahora deben decidir si operan o no con ella en el despliegue de redes, jugando con el riesgo de que sus acuerdos terminen siendo papel mojado en los próximos años.

Es lo que trasladan fuentes del sector a Economía Digital tras analizar el proyecto de seguridad de 5G que prepara el Gobierno de España para este 2021. Uno de los elementos centrales estará en el informe de riesgos que el Ejecutivo evaluará. El proceso está marcado para el verano de este año.

El artículo 7 de la nueva ley, que todavía debe aprobarse por el Consejo de Ministros y más tarde por el Congreso de los Diputados, afirma que los operadores (Telefónica y otras telecos) deberán “examinar las prácticas de seguridad de sus suministradores” que puedan repercutir en los productos y servicios que les proporcionan. Este examen debe repetirse, al menos, cada dos años.

La cosa se complica más para las empresas de telecomunicaciones si, además de evaluar, deben calificar  — si así lo creen —  a aquellos proveedores que no aporten la seguridad suficiente con la etiqueta de “suministradores de alto riesgo” (artículo 8). La consecuencia será que los productos de estas compañías estarán vetados de la nueva red de telecomunicaciones en España.

Telefónica, al igual que Orange y Vodafone, han ido reduciendo su exposición a Huawei en los últimos años. El motivo no es otro que las sospechas —todavía no probadas— de que la compañía utiliza la tecnología como “puerta trasera” para realizar prácticas de espionaje para el gobierno chino.

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Así, las tres grandes compañías de telecomunicaciones en España han optado por eliminar a Huawei como proveedor 5G y han seleccionado a otras firmas, como Nokia y Ericsson, para que realicen su labor. No obstante, el problema central de cara a la subasta al 5G de España es que sí se ha excluido a la compañía del núcleo de red 5G, pero no de los accesos (antenas), como así confirman distintas fuentes consultadas por este medio.

Quedará por ver si el Gobierno entiende como “suministradores” a todos o solo a una parte (los del núcleo de red) de estos proveedores. Desde la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, adscrita al Ministerio de Economía y Agenda Digital, muestran cautela y recuerdan el estado incipiente del proyecto. Por tanto, dejan la puerta abierta a que se realicen más cambios y se consulte a los operadores, a la vista de la falta de concreción de algunos aspectos.

Preguntada al respecto, una portavoz de Huawei en España se limitó a trasladar que “creemos que la nueva ley debería reconocer el papel de todos los participantes de la industria para garantizar la seguridad de las redes 5G”.

España, una anomalía en Europa

Antes de que termine este año, el 75% del territorio español va a tener acceso a la tecnología 5G. Y lo estamos haciendo con distintas empresas como Huawei. Vamos a seguir apostando por estas tecnologías”. Las palabras fueron pronunciadas por el presidente de España, Pedro Sánchez, durante la XXXI Cumbre Hispano-Lusa que se celebró en Portugal el 13 de octubre.

Las declaraciones dejaron entrever la tremenda diferencia entre la postura de España respecto a la del resto de Europa en el caso Huawei. Francia y Suecia son algunos de los países que han optado por vetar directamente la participación de la compañía en el despliegue de red, pese a que la firma utilice una tecnología mucho más avanzada que la de otros players como Nokia o Ericsson.

La geopolítica ha pesado mucho en estas decisiones. Solo basta con recordar cómo finalizó el enfrentamiento de Donald Trump y Boris Johnson por Huawei en 2020. El primer ministro británico dio vía libre en un primer momento a Huawei para operar en el 5G, pero las presiones de la Casa Blanca tuvieron efectos casi inmediatos.

A los pocos días del primer anuncio, Reino Unido optó por limitar a Huawei y consideró que podría desplegar como máximo hasta 35% del equipamiento de las nuevas redes. Los ánimos en Pekín se incendiaron todavía más cuando días después Johnson optó directamente por prohibir a la empresa china participar en el despliegue de redes. “Lo hice yo solo”, afirmó el propio Trump cuando le preguntaron por el cambio de parecer del jefe del Ejecutivo británico.

La comparación entre el posicionamiento de España y el del resto de países de Europa es otro motivo más de enfado de las operadoras españolas. Entienden que se está generando inseguridad regulatoria al no prohibir a Huawei y al mismo tiempo dejar la puerta abierta a hacerlo en el futuro.

Un paso atrás en este sentido supondría desmontar la red desplegada por Huawei para el acceso al 5G y, en última instancia, un daño económico para las compañías, que solo en España deberán invertir 6.000 millones de euros. Emilio Gayo, presidente de Telefónica España, valoró además que por cada euro que dediquen los operadores en infraestructuras de 5G se invertirán otros tres en todo el ecosistema que se generará alrededor de esta nueva tecnología.

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En Europa ya se ha alzado la voz contra este tipo de decisiones por parte de los gobiernos. Martín Bouygues, el dueño de Bouygues Telecom, el tercer operador de Francia, exigió una compensación estatal en caso de prohibición. La postura está respaldada por los principales directivos de las grandes empresas europeas de todos los sectores, cuya coordinación emana del European Round Table (ERT).

Quedan meses por delante para ver cómo evoluciona el tira y afloja entre operadores y Gobierno. Pero la lectura que las compañías hacen de la situación actual no gusta nada: la factura del 5G puede ser mucho mayor que los desembolsos millonarios para desplegar la red.

 

 Artículo original de Economía Digital

 

 

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