La vivienda centra la batalla preelectoral: PSOE y Podemos se disputan su bandera y el PP apuesta por más suelo y fórmulas como el "coliving"

El Gobierno y sus socios han puesto el foco en multitud de temas a lo largo de la legislatura. Una legislatura que ha estado marcada por el estallido de la pandemia y de la guerra en Ucrania, con las consecuentes crisis empresariales y energéticas. Los planes de recuperación y los extraordinarios "escudos sociales" se han convertido en la norma de acción política desde 2020.

No ha sido hasta 2023, a menos de 40 días de las elecciones municipales, cuando el foco ha pasado a estar monopolizado por la vivienda. De este modo, la crisis habitacional que padecen millones de españoles, en especial los más jóvenes, ha cobrado especial relevancia a nada de que tengan lugar los comicios del 28 de mayo.

Todo ha sucedido tras el desbloqueo de la esperada ley de vivienda, que llevaba ya en el Congreso desde febrero del año pasado, donde ha estado encallada más de un año. Los desencuentros entre los socios de la coalición y el resto de fuerzas que les habían respaldado no permitieron que la norma saliese adelante antes.

Un punto crítico tuvo lugar en el inicio del presente curso político, en septiembre del año pasado, cuando la coportavoz parlamentaria de Unidas Podemos, Isabel Serra, denunció que el Gobierno no hubiese llevado a cabo "una negociación definitiva para aprobar" dicha ley, "tan necesaria cuando están aumentando los tipos de interés del BCE y dificulta el acceso a la vivienda".

Las tornas han cambiado mucho en apenas 96 horas. 4 días es el tiempo que ha transcurrido desde que se anunciara un principio de acuerdo para desatascar la ley de la vivienda, que se aprobará este jueves en la Comisión de Transportes del Congreso para dirigirse ya al Pleno en la Cámara Baja la semana que viene.

En ese lapso de tiempo, además de desatascar la ley, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha anunciado el reparto de 50.000 pisos de la Sareb entre las comunidades autónomas y una línea de crédito de 4.000 millones de euros para financiar 43.000 pisos de alquiler a precio asequible.

¿Dónde están las viviendas de la Sareb en Madrid? La capital y los 9 municipios más grandes solo suman 44 pisos por cada 100.000 habitantes

El de la ley fue el anuncio más llamativo. Tras más de 2 años de tira y afloja dentro y fuera del Gobierno de coalición, con un texto que avanzaba a trompicones y sufría tantos cambios que parecía estar vivo, el Ejecutivo llegó a un pacto con ERC y Bildu el pasado viernes para desbloquear la nueva ley. Nada como la llegada inminente de un deadline político para desencallar un gran pacto.

La nueva norma incluye un límite a la revalorización de alquileres en vigor, un control de alquileres en áreas tensionadas, incentivos fiscales para propietarios, penalizaciones a pisos vacíos y una cuota mínima de más del 30% de vivienda de alquiler social en promociones, entre otras medidas.

Dos días después, el domingo, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avanzó un acuerdo con la Sareb (el conocido como banco malo) para movilizar 50.000 pisos de alquiler social entre las administraciones, que fue aprobado por el Consejo de Ministros el martes.

Y ayer volvió a la carga con un nuevo anuncio: en una comparecencia en el Parlamento, Sánchez informó de una línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO), por valor de 4.000 millones de euros de los fondos europeos, que permitirá movilizar otras 43.000 viviendas, tanto de nueva construcción como de rehabilitación.

Estos pisos tendrán que cumplir determinados requisitos en materia de eficiencia energética y debe ser de alquiler social o cesión de uso de al menos 50 años.

Pero el PSOE no es el único que ha puesto el foco en la vivienda en la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas.

El PSOE aprieta en vivienda y Podemos reacciona: son "anuncios preelectorales"

El anuncio de Sánchez de una línea de crédito ICO para movilizar otras 43.000 viviendas tanto en nueva construcción como rehabilitación pilló por sorpresa a los morados, la otra fuerza que forma parte del Gobierno de coalición. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, no dudó en tildar esa propuesta de anuncio "preelectoral".

En palabras de Belarra, "todo el mundo ha visto lo que ha ocurrido en estos 3 años de legislatura" y "todo el mundo es consciente de que para que se cumplan estos anuncios preelectorales del PSOE Podemos tendrá que seguir gobernando con fuerza". "Lo fundamental es que tengamos ley de vivienda y que después del 28 de mayo siga habiendo prioridad para garantizar este derecho".

De hecho, en el programa de Podemos que se han empleado en anteriores citas electorales sigue apareciendo la necesidad de establecer "mecanismos de control y regulación de los precios del alquiler mediante la creación de índices de precios de referencia adaptados a las realidades locales", algo que contempla la nueva ley pero que deja la puerta abierta a la intervención autonómica.

De hecho, esto ha provocado que precisamente la oposición, encarnada en este caso en la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se haya apresurado a manifestar que no aplicará lo que no sea obligatorio y la recurrirá en los juzgados.

Belarra no ha sido la única que ha tildado de electoralista el anuncio de Sánchez de movilizar otras 43.000 viviendas más con una línea de créditos ICO. Íñigo Errejón, líder de Más País, ha apoyado la propuesta de Sánchez, aunque duda de ellas y pide que estas no sean anuncios de precampaña: quiere que sean medidas "estructurales" para paliar la situación del mercado habitacional.

Por parte del programa marco municipal de los socialistas para el 28M sí que se plantea la creación de un pacto "social, político e institucional" por la vivienda, "como una declaración de responsabilidad entre todas las administraciones, agentes económicos, académicos y ciudadanía" para "resolver uno de los principales problemas" a los que se enfrenta el país.

También propone reforzar el sistema de ayudas al pago de la vivienda y el parque de viviendas destinadas al alquiler social, "que se nutrirá preferentemente de viviendas ya construidas" y con un precio que se deberá fijar "de acuerdo a un sistema público de precios de referencia".

Los populares apuestan por ayudas de 1.000 euros y construir más, Ciudadanos plantea una insólita fórmula para hipotecarse

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha procurado reaccionar rápido a toda la maquinaria electoral socialista que ya se estaba movilizando por la vivienda. Aunque es habitual en la derecha que el debate sobre la vivienda se reduzca a los problemas derivados de la okupación, Feijóo mantuvo un encuentro con jóvenes para llevar la política de vivienda del PP unos pasos más allá.

En realidad el acto estuvo convocado por Nuevas Generaciones, la formación joven de los populares. En el encuentro Feijóo tildó de "fantasmada" el primer anuncio de Sánchez de movilizar los 50.000 pisos del conocido como banco malo. "Yo no voy a hacer demagogia con un tema tan complejo. No hay soluciones fáciles, no hay medidas populistas".

El dirigente conservador sí esbozó algunas líneas de lo que sería la política de vivienda en caso de que los populares lograran alcanzar el poder a finales de año en las generales, así como en las autonomías y municipios que concurren a finales del mes que viene. "Un pacto de Estado de todas las administraciones", como el PSOE, y más suelo público.

Así se expone en el programa marco para municipales y autonómicas de los populares. "Movilizaremos suelo público dotacional y de equipamiento y suelo privado para servicio público de vivienda a través de fórmulas de alquiler social y asequible", abunda. 

Pero parte de ese suelo se destinará a "nuevas fórmulas de uso": "coliving, cohousing, senior living, residencias de estudiantes".

Cómo te afecta la nueva ley de vivienda: todo lo que debes saber

El resto del programa estipula incentivos fiscales para la promoción de nueva vivienda, así como la posibilidad de alquileres sociales con opción a compra o facilidades hipotecarias para jóvenes con cuentas de garantía hipotecaria "mediante convenios de adhesión con las entidades financieras". Feijóo el martes pasado abrió la puerta a una ayuda de 1.000 euros que no se ha concretado.

Llamativa ha sido la propuesta de Ciudadanos, que también se ha conocido en las últimas horas. La presentó hace apenas unos días su portavoz nacional, Patricia Guasp. "Frente al intervencionismo", como tildaron la ley de vivienda, "una propuesta liberal": menores de 35 años podrán acceder a una parte de su pensión —con cotizaciones todavía no generadas—.

El objetivo es que perciban una cuantía considerable "en pago único" para que de esta manera los jóvenes puedan hacer frente al pago de una entrada hipotecaria, el mayor escollo en la compraventa de vivienda hoy día junto a la subida continuada de los tipos de interés. "Esto no supondría ningún problema para la Seguridad Social", subrayaron desde Ciudadanos según recogió El País.

"Si luego tienes una pensión más baja, al menos tienes una casa y no un alquiler", destacaron desde el mismo partido. El equipo técnico que está detrás de la propuesta de los naranjas esgrime que esto ya existe en países como Suiza. 

"Está todo atado", responden desde la formación ante las dudas que genera la iniciativa: cómo calcular esa hipotética pensión o qué sucedería en caso de que algunos trabajadores no pudiesen realizar las cotizaciones esperadas por emigrar, sufrir un despido o morir.

Santiago Abascal, líder de Vox, también ha acusado a Sánchez de realizar anuncios sobre la vivienda por agitar a su electorado. "Hemos vivido una tediosa mañana con un mitin del PSOE", acusó en la tribuna de la Cámara. 

En marzo del año pasado, la portavoz de la organización de extrema derecha en la Comisión de Transportes del Congreso, Cristina Esteban, resumió sus propuestas en materia de vivienda: "Liberen suelo, rebajen el impuesto de transmisiones patrimoniales, rebajen el IVA en la compra de vivienda, supriman el impuesto de donaciones".