La vivienda social para alquiler cae a mínimos: representa un 13,3% de las VPO construidas en los últimos 5 años

La vivienda de protección oficial (VPO) en régimen de alquiler se está reduciendo a mínimos en los últimos años, muy lejos de las cifras que marcó durante los años previos al estallido de la burbuja inmobiliaria y también a mucha distancia de los objetivos que se ha marcado el Gobierno para facilitar el acceso a una vivienda asequible en alquiler.

Así, solo 4.800 viviendas sociales de las 36.009 que se construyeron entre 2016 y 2020 se han dedicado a arrendamiento, lo que supone que solo un 13,3% de la vivienda protegida que se ha construido en los últimos 5 años se ha destinado a alquiler, segúnEl País, que señala que en 2020 la proporción respecto a los años anteriores ha aumentado hasta un 23,2% del total construido.

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No obstante, ambos porcentajes están muy lejos de las metas fijadas por el Ministerio de Transporte durante la negociación de la nueva Ley de Vivienda, en la que ha propuesto que al menos un 50% del suelo destinado a VPO por las administraciones públicas se destine a vivienda en alquiler social, como vía para facilitar la accesibilidad a una vivienda asequible, dado que España es uno de los países de la Unión Europea con menos porcentaje de VPO.

Sin embargo, el total de vivienda protegida destinada a alquiler entre 2016 y 2020 es casi 4 veces menos que el porcentaje recomendado por Transportes, dado que se construyeron 4.732 viviendas frente a las 18.000 que se requerirían para alcanzar el 50% del total de vivienda social construida, según el diario del Grupo Prisa, que destaca que Baleares y Cantabria sí han cumplido ese requisito durante los últimos 5 años.

De hecho, en la comunidad balear se han construido 41 viviendas de protección oficial entre 2016 y 2020 y el 100% se destinaron a alquiler, al igual que en Melilla, y en Cantabria este porcentaje cae al 85,7% de las 154 VPO construidas. Mientras, Galicia, País Vasco, Andalucía, Navarra y Cataluña están por encima de la media estatal del 13,3%, con porcentajes que oscilan entre el 24,6% y el 15,1%, y las 10 autonomías restantes no alcanzan ese promedio.

En concreto, los porcentajes más bajos de VPO de alquiler se han dado en La Rioja, que no se ha generado vivienda social de ningún tipo en los últimos 5 años, o en Castilla-La Mancha, Asturias y Aragón, donde sí se ha construido vivienda protegida para compra, pero no para alquiler, o en Canarias y la Comunitat Valenciana, con 4 VPO de alquiler cada una que suponen el 1,5% y el 0,4% del total del último lustro.

Además, las cifras totales de calificaciones de viviendas protegidas desde 2016 contrastan con las que representaban hace algo más de una década. Así, en 2008 se construyeron un total de 68.000 viviendas protegidas, mientras que 9 años después se habían reducido a menos de 5.300, aunque han sufrido un leve repunte durante el último año, con 10.700 viviendas sociales construidas en 2020, de las que algo más de 2.000 se destinaron a alquiler.