Las empresas de VTC piden regular el sector a un año de que se les prohíba circular dentro de las ciudades, lo que afectaría a más de 22.000 trabajadores y 8 millones de usuarios

Las empresas de licencias VTC han decidido levantar la voz. Dentro de un año, en octubre de 2022, expira el plazo que les permite operar en el interior de las ciudades, y a partir de entonces deberán dedicarse al transporte interurbano, si no hay regulación por parte de las comunidades autónomas, a las que reclaman un paso adelante.

Esta cuenta atrás tiene su origen en el Real Decreto Ley 13/2018, el denominado Decreto Ábalos por el entonces ministro de Fomento José Luis Ábalos, que tras las protestas del sector del taxi estableció que las empresas que explotan autorizaciones de transporte con vehículos con conductor podrían utilizarlas "exclusivamente para realizar transporte interurbano de viajeros".

Ese mismo texto, publicado el 28 de septiembre de 2018 y recurrido ante el Tribunal Constitucional, daba a estas empresas un plazo de cuatro años para seguir prestando servicios en el ámbito urbano y habilitaba a las comunidades autónomas a regular las condiciones de explotación de estas licencias.

Qué debes saber sobre el Decreto de las licencias VTC aprobado por el Gobierno

A un año de que caduque este plazo, las dos principales patronales de empresas de VTC, Unauto VTC y Aseval Madrid, han publicado un documento en el que reclaman a las comunidades autónomas que pongan en marcha esa regulación, que consideran "urgente e inaplazable" y reflejan los datos económicos del sector.

Según este documento, el sector de las VTC emplea en España actualmente con las licencias que están operativas a unos 22.110 trabajadores (14.740 directos y 7.370 indirectos), paga 371 millones de euros en salarios y da servicios a unos 8 millones de usuarios en toda España.

Estas entidades cifran el tamaño del sector en más de 17.000 licencias en toda España. El sector del taxi contaba en 2019 unas 69.547 licencias, según el último dato de la Estadística del Taxi del Instituto Nacional de Estadística (INE), lo que supone una ratio de 1 VTC por cada 4,16 licencias de taxi, muy por encima del máximo de 1/30 que marca la legislación.

Las patronales del sector estiman que si se les permitiera continuar prestando trayectos urbanos en toda España podrían aumentar su actividad hasta los 61.754 empleos (41.168 directos y 20.586 indirectos) y pagar 1.037 millones de euros en salarios.

Además, las organizaciones aseguran que las restricciones introducidas en las diferentes comunidades autónomas podrían generar un coste a las arcas públicas en indemnizaciones de entre 899 y 1.377 millones de euros, que dependerán de las decisiones de los tribunales. El sector, aseguran Unauto y Aseval, prevé invertir 800 millones en movilidad eléctrica.

“La regulación del sector de los vehículos de transporte con conductor es urgente e inaplazable. Sin duda, el impacto económico de no hacerlo sería devastador para la economía española y para miles de familias que viven del sector, en un momento en el que es más importante que nunca promover el empleo”, señalan las organizaciones en un comunicado en el que piden a las autonomías "que inicien urgentemente los trámites para regular las VTC y así evitar la desaparición del sector en toda España”.

La pelota de las VTC, entre el Estado y las Autonomías

Aunque el Decreto Ábalos puso en el tejado de las comunidades autónomas la regulación de este sector, durante este verano se ha especulado con que el gobierno central podría asumir la regulación como una enmienda en otro proyecto de ley.

Según El País, el ejecutivo baraja limitar las VTC al territorio de la comunidad autónoma donde haya sido autorizada, obligar a la contratación previa bajo pena de sanción por recoger clientes sin ella o prohibirlas circular por las ciudades en búsqueda de clientes.

La Comunidad de Madrid, por su parte, avanzó el pasado mes de febrero un proyecto de regulación que habilitaría a las VTC a realizar transporte urbano sin precontratación, aunque mantendrían la regla 1/30 (una autorización VTC por cada 30 licencias de taxi) y les prohibirían estacionarse en lugares de alta afluencia para captar viajeros. Aún no se ha dado a conocer su aprobación.

El Gobierno de Cataluña fijó un tiempo obligatorio de 15 minutos para la contratación previa por parte del usuario y el Ayuntamiento de Valencia estableció que debía contratarse 1 hora antes de iniciar el servicio.