Europa decide el futuro de Cabify, Uber y Bolt en España: todo lo que está en juego en el conflicto entre el taxi y las VTC

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  • El conflicto entre el taxi y las VTC tiene más de una década, y su raíz se remonta al 2006 y un comisario europeo. Frits Bolkenstein, contigo empezó todo.
  • Ahora, el Tribunal de Justicia de la UE puede hacer que salte todo por los aires al tumbar la norma que establece que por 30 taxis, puede haber un máximo de 1 VTC.

¿Seguirán operando como hasta ahora Cabify, Uber y Bolt en Madrid o Barcelona? La larga cuenta atrás llega mañana —8 de junio— a su fin.

Este jueves el Tribunal de Justicia de la UE dictará sentencia sobre si realmente la limitación en el número de licencias VTC utilizadas por Uber y Cabify —el conocido como ratio 1/30— es contraria o no al derecho europeo. De la resolución que dictamine el alto tribunal dependen miles de licencias de las principales empresas de VTC que ahora están en el aire.

El origen del conflicto se remonta a 2009, cuando el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la popularmente conocida como ley Ómnibus, que buscaba la liberación del sector servicios y donde incluía al taxi. De esta manera, se eliminaban las limitaciones de licencias VTC, abriéndole la entrada al país a empresas como Uber o Cabify, que desembarcarían en España a los pocos años.

Desde ese momento en el cual se eliminó la ratio de una licencia VTC por cada 30 taxis —ratio 1/30—, los taxistas se pusieron en pie de guerra. Dicha ratio se había fijado, de hecho, a principios de los años 90 a través del Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT). 

Por otro lado, la liberalización del sector del taxi por parte de Rodríguez Zapatero, fue en realidad la trasposición de una Directiva europea anterior, conocida como directiva Bolkenstein, en honor a su impulsor Frits Bolkestein, aprobada en el 2006 y que también desató una fuerte polémica en ese momento en el Viejo Continente. La norma europea quería favorecer la libertad de establecimiento y la libre circulación de servicios dentro de la UE. 

En 2015, ya con el Gobierno popular de Mariano Rajoy, se da marcha atrás a la reforma del anterior gobierno socialista y se vuelve a imponer la ratio 1/30. Sin embargo, el Tribunal Supremo confirmó que las licencias entregadas antes de ese año eran legales. Con este cambio, la ley Ómnibus quedó obsoleta por el aluvión de autorizaciones que se solicitaron, pasando de 2.000 en 2014 a más de 11.000 en 2018. 

Sin embargo, en 2021, el Alto Tribunal admitió un nuevo recurso para analizar si, como respaldó en 2018, la ratio 1/30 era legal. Desde mediados de 2021, el Tribunal Supremo ha admitido más de una treintena de recursos que suman más de 25.000 licencias solicitadas, especialmente en Madrid.

En medio de este conflicto, Pedro Sánchez cedió la competencia de cómo gestionar este sector a las Comunidades Autónomas en 2018. En ese mismo año, José Luis Ábalos, anterior ministro de Transportes, lanzó el denominado decreto Ábalos en el que se fijaba que las comunidades tenían hasta el 30 de septiembre de 2022 para regular la actividad de empresas de VTC.

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Madrid fue la primera comunidad en dar un paso al frente para regular la convivencia entre los taxis y las VTC. Ese mes de junio, la Asamblea de Madrid aprobó la modificación de la Ley de Transportes de la Comunidad, en la cual detallaban que las compañías de transporte compartido, como Uber, Cabify o Bolt, pudieran seguir operando a partir de octubre, como lo habían hecho hasta ahora. 

La única restricción que ha puesto el Gobierno madrileño es que se podrán anular las licencias a estas compañías en el momento en el que se supere la ratio 1/30, es decir, por cada 30 licencias de taxi puede haber 1 de VTC. 

Barcelona fue mucho más restrictiva. El Govern de Cataluña impuso más restricciones, como que los propietarios de las licencias de VTC tenían que haber sido adscritas mínimo un año antes, los conductores tenían que tener el permiso de conducir con al menos 2 años de antigüedad y los vehículos debían ser eléctricos o híbridos enchufables, además de tener una longitud mínima de 4,90 metros. Todo ello además de la ratio 1/30. 

A estudio la ratio 1/30 y la segunda licencia

Por el momento, en España, la proporción de un VTC por cada licencia de taxis no se cumple. A día de hoy, hay otorgadas en España 18.389 licencias de VTC y al mismo tiempo hay 60.039 licencias de taxis. Esto da una proporción de 1 VTC por cada 3,3 taxis. 

De cara a dilucidar si es legal o no esta ratio, la Comisión Europea ha reclamado al Estado español que justifique por qué se usa el 1/30 como medida proporcionada. Además, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha preguntado por el funcionamiento del taxi y de las licencias del país, el régimen de transmisión de las licencias y de las autorizaciones, y si el coste de adquirir estas licencias está incluido en la garantía de la rentabilidad razonable para los taxistas que se considera necesaria para garantizar el interés general.

Por su parte, España explicó que "la restricción es necesaria, proporcionada y no discriminatoria" por considerar que "el taxi, y no la VTC, es de interés general". Su conclusión es que "el taxi puede protegerse como objetivo legítimo, por razón imperiosa de interés general, dado que es un servicio de interés público de prestación privada, que sirve para prestar un servicio a ciudadanos que no tengan alternativas". 

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Además, el abogado español señaló que "las VTC se prestan a través de plataformas informáticas, a las que no tiene acceso toda la población".

Aparte de la ratio 1/30, otro de los puntos sobre los que debe dirimir el Tribunal de Justicia de la UE son las segundas licencias. Con el Decreto Ábalos, son las comunidades las que tienen vía libre para regular con una potencial segunda licencia. Ambos tribunales españoles le han pedido al órgano europeo que se pronuncie sobre si esa normativa europea se opone a la norma nacional que "sin motivo plausible alguno establece una segunda autorización y requisitos añadidos".

El abogado general de la UE apoya a Cabify, Uber y Bolt

Hasta la fecha, lo único que se conoce es la opinión del abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, Maciej Szpunar, que considera que la viabilidad económica de los servicios del taxi no permite justificar la regla 1/30 impuesta por la Autoridad Metropolitana de Barcelona. Es decir, a su juicio, esta limitación viola la libertad de establecimiento establecida por la UE.

Según se puede leer en sus conclusiones —unas conclusiones que no son vinculantes—, "el hecho de que el número de licencias de taxi se haya mantenido estable en los últimos 35 años ha impedido a los recién llegados al mercado de las VTC acceder a esas autorizaciones".

Lo cierto es que, hasta la fecha, los Estados miembros tienen la libertad de regular este ámbito, siempre y cuando se respete la libertad de establecimiento. Sin embargo, a sus ojos, tanto la ratio 1/30 como la doble autorización al que están sujetas las VTC, "podría ser considerado como una estrategia dirigida a minimizar la competencia de los servicios de VTC respecto de los taxis".

Además, pone en duda que el servicio del taxi pueda considerarse como "un servicio de interés económico general" y califica de "dudoso" que los operadores de dicho servicio "cumplan una obligación de servicio público".

En su opinión, el transporte privado local puede ayudar a subsanar una falta de servicio no cubierta por el transporte público local, a lo que añade que ampliar la oferta de servicios local contribuiría a contar con un sistema que funcionara mejor.

Aunque entiende que en el Área Metropolitana de Barcelona quiera proteger y salvaguardar al sector del taxi, considera que no puede proteger a este colectivo bajo el argumento de que constituye un servicio de interés económico general.

Así, concluye que si la verdadera intención es establecer un sistema adecuado de transporte local privado, la ampliación de oferta a través de la admisión de más VTC sería de "mayor utilidad para solventar el problema".

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La doctrina del TJUE tiene una tendencia de criterios favorables a la liberalización en lo que se refiere al derecho de libertad de establecimiento. Además, suele mantener una línea continuista con lo que el abogado general dictamina anteriormente.

Si, finalmente, el TJUE dicta sentencia en contra de las normativas españolas, todas las regulaciones deberán volver a cambiarse y encontrar una nueva reglamentación que permita a las VTC explotar sus licencias de acuerdo a la ley.

Sobre la mesa hay 2 modelos en nuestro país que son polos opuestos; el modelo de Isabel Díaz Ayuso, más cercano a las empresas de VTC , y el modelo de la Barcelona de Ada Colau, que le ha declarado la guerra a la conocida como gig-economy.

Business Insider España se ha puesto en contacto con Cabify y Uber, pero ninguna ha querido hacer comentarios antes de que se conozca públicamente la resolución del TJUE. 

Por su parte, Daniel Georges, director de VTC y taxis en España de Bolt, espera que la sentencia mantenga lo establecido en octubre por el abogado general. "Al final va a ser una oportunidad muy buena para dar algo de seguridad jurídica al sector, especialmente en ciertas regiones que en los últimos años, por ejemplo en Cataluña, han sacado una regulación restrictiva y que no van en línea con las recomendaciones que propuso la Unión Europea", ha apuntado.

El sector del taxi se prepara ante una posible derrota: "Lo vamos a paralizar"

Ante una posible sentencia contraria a la ratio 1/30, Alberto Álvarez, más conocido como Tito, miembro del sindicato Élite Taxi y Project Taxi, asegura a Business Insider España que piensan presentar batalla.

"Lo vamos a paralizar, esto no va a ser inmediato", ha apuntado Álvarez quien a través de su asociación está personado en el juicio ante el Alto Tribunal europeo.

"En el momento en el que las empresas pidan que se aplique la sentencia del TJUE en el caso de que este rompa con la ratio 1/30, nosotros vamos a hacer un recurso al Tribunal Supremo. Mínimo va a tardar un año, porque luego tendrá que determinar el Tribunal Supremo cómo aplica lo que dice el TSJUE", concluye Álvarez.

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