La Audiencia Nacional imputa a Caixabank por un posible delito de blanqueo de capitales para la mafia china

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha abierto un procedimiento contra Caixabank como investigada —como ahora se denomina al término de imputado— por un presunto delito de blanqueo de capitales. El juez investiga la actuación de diez sucursales de la entidad que habrían ocultado fondos de diversas mafias chinas implicadas en varias operaciones investigadas como la operación Emperador. 

El juez considera que en las sucursales investigadas hubo directivos y empleados que actuaron presuntamente "como canales de blanqueo de dichas organizaciones" aun cuando podían sospechar que sus clientes estaban inmersos en actividades ilícitas de fraude del que procedían las ingentes imposiciones en efectivo que realizaban”. El tribunal investiga así el "favorecimiento, auxilio y ocultación de fondos" de  clientes de nacionalidad china investigados en las operaciones conocidas como "Emperador, Chequia, Snake, Juguetes y Pólvora". 

La investigación de la entidad ICBC ( Industrial And Comercial Bank Of China)  por conductas de blanqueo de capitales al servicio de diversas organizaciones criminales de ciudadanos chinos fue el detonante para que ek Grupo de delitos Económicos de la Guardia Civil y el Sepblanc detectaran una serie de comportamientos irregulares levados a cabo por determinadas sucursales de Caixabank entre los años 2011 y 2015, según apunta el auto del juez. Estos movimientos iban enfocads a ayudar presuntamente a personas físicas y sociales de nacionalidad china a aprovecharse de las ganancias ilícitas de sus defraudaciones y contrabando de mercancía.

Estas organizaciones generaban unas masivas remesas de dinero en efectivo, procedentes de delitos contra la Hacienda Pública y en menor medida contra la Propiedad Industrial y Contrabando  “en cuya bancarización sin riesgos de ser descubiertos, aprovechamiento y ayuda  para transferir sus fondos a China han intervenido entidades bancarias como CaixaBank e ICBC Sucursal España”. 

Cómo actuaban las sucursales

En el auto del juez se detalla que las 10 sucursales implicadas estaban situadas en los distritos cercanos al polígono de Cobo Calleja de Madrid. El juez apunta que los directores de las sucursales implicados permitieron el uso de testaferros, actividades económicas no justificadas, con repetición de un patrón falsario de ingreso en efectivo para eludir a Hacienda. Además, el juez apunta que se fraccionaron facturas, se utilizaron empresas instrumentales y no se controló a los clientes. Los directivos de esas sucursales, según el juez, permitieron que otras personas distintas a los titulares firmaran operaciones de ingresos o transferencias.

Los líderes de la mafia también operaban a través de la banca online sin tener que desplazar testaferros a las entidades bancarias. El juez cifra en 50 sociedades las implicadas en la trama así como 16 personas físicas las que utilizaron la banca electrónica de Caixabank. En el caso de la banca electrónica, el auto apunta que los directores de las sucursales investigadas permitieron que varias organizaciones realizaran ingresos compartiendo IPs

Una de las formas de actuación de las organizaciones investigadas era dividir las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cifras más pequeñas de entre 20.000 y 35.000 euros. Estas eran ingresadas en forma de efectivo de forma simultánea en el mismo día y hora haciendo que estas cantidades se ingresaran desde varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí y realizadas por un testaferro. 

Las organizaciones investigadas dividían las remesas de dinero procedentes de sus ganancias ilícitas en cantidades más pequeñas, entre 20.000 y 35.000 euros. A veces se producían ingresos de efectivo simultáneos en el mismo día, hora y cantidad entre varias sociedades aparentemente desvinculadas entre sí y realizadas por su administrador de perfil testaferro. 

Otro de los puntos que señala el juez en la investigación es que tanto los directivos como los empleados de las sucursales investigadas "eran conocedores de los saldos diarios que se transferían y que sus importes eran siempre inferiores a 50.000 euros, al objeto de eludir la obligación de declararlas conforme a la normativa del Banco de España y permanecer así los movimientos ocultos para el seguimiento de las operaciones de tráfico de divisas".