Puigdemont habría desviado fondos de ayuda al tercer mundo para alimentar el 'procés'

• Según informa este lunes El Confidencial, la Generalitat desvió dinero público destinado a Cooperación al Desarrollo para beneficiar a entidades independentistas.
• El Tribunal de Cuentas ha observado irregularidades por parte del Govern catalán en este aspecto, por parte de los ejecutivos de Artur Mas y Carles Puigdemont.
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El Ejecutivo del expresident catalán Carles Puigdemont desvió fondos destinados a cooperación y desarrollo para alimentar el procés dentro de Cataluña e intentar darle una proyección internacional.

Según publica este lunes el diario El Confidencial, en uno de los últimos informes del Tribunal de Cuentas sobre la actividad económica del Govern en materia de acción exterior, la Generalitat gastó miles de euros de dinero público que, en principio, estaban destinados a ayudar al tercer mundo. Además, en 2017 —cuando tuvo lugar el referéndum—, el Ejecutivo catalán elevó esta partida presupuestaria más de un 200%.

Ya empezó con Mas

Tal y como informa El Confidencial, esta práctica surgió ya con Artur Mas como president. Tanto Mas como Puigdemont utilizaron el pretexto de las ayudas al desarrollo para conceder subvenciones a iniciativas como Cataluña para la abolición de las armas nucleares, o Herramientas de fortalecimiento del tejido asociativo catalán hacia la soberanía económica y energética.

El diario digital asegura que muchos de estos programas fueron organizados por asociaciones vinculadas al independentismo como FundiPau y que, por ejemplo, la iniciativa Cataluña para la abolición de las armas nuclearesfue sustentada con más de 10.000 euros del erario público.

Irregularidades en la ACCD

En su información, El Confidencial también se centra en señalar que el Tribunal de Cuentas ha tenido constancia de múltiples irregularidades por parte de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo (ACCD), el organismo público de la Generalitat encargado de otorgar las subvenciones de ayuda al desarrollo.

Así, el Tribunal asegura que muchas de las iniciativas financiadas por el Govern, y que teóricamente iban a ayudar al tercer mundo, no encajan en esa finalidad. Además, dice el organismo, la Generalitat apenas fiscalizó el movimiento de ese dinero público y benefició a entidades cercanas al soberanismo dentro de Cataluña, discriminando a otras que incluso poseen filiales en países en desarrollo.