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Las nuevas oficinas de la Agencia Tributaria pueden vulnerar la intimidad de 16 millones de contribuyentes y provocar pérdidas millonarias, según Gestha

Una oficina de la Agencia Tributaria de Cataluña
Reuters
  • Gestha denuncia que las nuevas oficinas de la Agencia Tributaria pueden vulnerar el derecho a la intimidad de 16 millones de contribuyentes dado que desaparecerán los despachos individuales.
  • El sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda prevé que la supresión de barreras físicas entre despachos haga imposible garantizar la confidencialidad de los contribuyentes y la protección de sus datos.
  • Esta pérdida de intimidad podría provocar pérdidas de 595 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal, según los técnicos.
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Desde 2013, el paisaje ha cambiado en las oficinas de la Agencia Tributaria y en las de la Intervención General de la Administración del Estado. Hasta entonces, sus oficinas contaban con despachos individuales para tratar con los contribuyentes, que han ido desapareciendo poco a poco. Sin embargo, la desaparición de barreras físicas puede haber provocado una pérdida de privacidad con consecuencias alarmantes.

Así lo afirma el sindicato de técnicos del ministerio de Hacienda, Gestha, que asegura que tanto la Agencia Tributaria como la Intervención General pueden estar vulnerando el derecho a la intimidad y a la protección de datos de hasta 16 millones de contribuyentes. Los técnicos que afirman que los afectados se sienten “observados” y “escuchados” por personas ajenas cuando acuden a esas administraciones.

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El descontento de los contribuyentes, según Gestha, se debe a que no es posible garantizar su confidencialidad ni tampoco "la discreción de las actuaciones tributarias, aduaneras y de la contabilidad y auditoría pública por la apuesta por un modelo de espacios de trabajo diáfanos y compartidos".

Ese nuevo modelo, denominado pradera, ha sido implantado desde abril de 2013 por orden del entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. Sin embargo, estas estructuras abiertas podrían suponer pérdidas de más de 595 millones de euros en la lucha contra el fraude fiscal, según Gestha, que señala que también habría impacto económico por la ralentización en el control del gasto en el sector público.

Así, el sindicato señala que, además de los 8.000 técnicos de Hacienda, los principales afectados de estas nuevas oficinas son los responsables de investigar delitos fiscales, blanqueo o contrabando, los que trabajan en la unidad de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción o los que realizan peritajes y auxilio judicial en procesos penales.

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Como ejemplo de los efectos de esa pérdida de privacidad, Gestha pone como ejemplo lo sucedido en el juicio del caso de los ERE en Andalucía, en el que los técnicos de la Intervención General participaron en peritajes de control del gasto público.

Gestha asegura que pedirá al próximo ministro de Hacienda tras las elecciones que "mantenga y, en su caso, recupere el uso de despachos individuales para los técnicos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General por ser imprescindible por las características del puesto de trabajo, y no sólo para funcionarios de los tres niveles superiores 28 a 30 como sucede en este Ministerio hasta la fecha".

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