Así te afecta la nueva regulación si tienes un piso en Airbnb

La regulación de las plataformas digitales tanto de alojamiento como de transporte es uno de los quebraderos de cabeza del Ejecutivo con el auge de la economía digital.

En el último Consejo de Ministros, el ministerio de Hacienda ha aprobado cambios regulatorios en la Ley General Tributaria que afectan a las plataformas de pisos de alquiler turístico. Concretamente, se han aprobado varios Reales Decretos que modifican los Reglamentos de desarrollo de la Ley General Tributaria.

Los objetivos de estas reformas, según apunta el ministerio de Hacienda en un comunicado, son "la lucha contra el fraude fiscal, la agilización de las relaciones jurídico–tributarias, el incremento de la eficacia administrativa, el reforzamiento de la seguridad jurídica y la reducción de la litigiosidad". 

La parte relativa a las plataformas obliga a informar tanto de los datos de los propietarios de los pisos como de quienes los gestionan, por ejemplo, una empresa que lleve varios pisos de alquiler. La regulación hará que plataformas como Airbnb, Homeaway, Wimdu o Niumba estén obligadas a informar de los datos de quienes se anuncien en ellas y también de quienes se alojen en estos apartamentos. 

¿Qué obligaciones impone a Airbnb, Homeaway y el resto? 

La normativa pone el foco en estas plataformas que intermedian en el arrendamiento o cesión de uso de viviendas con fines turísticos. Estos intermediarios deberán identificar a los cesionarios y cedentes, la vivienda cedida y el importe por el que se ha cedido. El régimen de esta nueva obligación se desarrollará por orden ministerial, apunta el propio ministerio en una nota. 

Una vez aprobado este decreto, en el texto publicado en el BOE se especifica que "con fines de prevención del fraude fiscal se establece una obligación de información específica para las personas o entidades, en particular, las denominadas plataformas colaborativas, que intermedien en la cesión del uso de viviendas con fines turísticos".

En los siguientes apartados de la normativa, se especificaba que "las personas y entidades que intermedien entre los cedentes y cesionarios del uso de viviendas con fines turísticos situadas en territorio español en los términos establecidos en el apartado siguiente, vendrán obligados a presentar periódicamente una declaración informativa de las cesiones de uso en las que intermedien". En este texto se recogía que el Gobierno desarrollará una orden ministerial para desarrollar la norma. 

Tengo un piso en Airbnb, ¿cómo me afecta la norma? 

La normativa tiene como objetivo, según apunta el texto la persecución del fraude fiscal, por lo que buscan tener datos de quien es el propietario. Se pedirá la "identificación del titular de la vivienda cedida con fines turísticos así como del titular del derecho en virtud del cual se cede la vivienda con fines turísticos, si fueren distintos". La norma apunta que esto se hará mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa y número de identificación fiscal. 

Además, en el texto se recoge que habrá que identificar el inmueble con su número de referencia catastral y tendría que informarse del número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos y del importe recibido por ello. Cuando se conoció el anteproyecto en julio de este año, las plataformas consideraban que esta norma podría ir en contra de la protección de datos. 

Me voy a quedar en un piso de Airbnb ¿qué pasa conmigo? 

A pesar de que la norma de Hacienda dice estar enfocada en perseguir el fraude también apunta que habrá que identificar a quienes se alojen en estas viviendas. En el texto publicado en el BOE se apunta que se procederá a la "identificación de las personas o entidades cesionarias así como el número de días de disfrute de la vivienda con fines turísticos. La identificación se realizará mediante nombre y apellidos o razón social o denominación completa, y número de identificación fiscal o en los términos de la Orden Ministerial por la que se apruebe el modelo de declaración correspondiente". 

Hay otras normas que también podrían ir en esta dirección de conocer quiénes son los inquilinos. Dentro del pacto antiterrorista,  el Gobierno aseguró que estudia vigilar los alquileres turísticos dentro de la lucha antiyihadismo, por lo que esboza crear un registro de las personas que alquilen alojamientos a través de Airbnb u otras empresas, así como a través de plataformas de alquiler de vehículos. 

¿Qué persigue la norma? 

La norma está enfocada a perseguir el fraude, ya desde hace un par de años, la Agencia Tributaria advertía cuando una persona iba a hacer la declaración de la renta de que era necesario incluir en ella si se había ganado dinero alquilando un piso. El organismo quiere evitar que estas rentas derivadas del alquiler turístico se escape de la tributación. 

(Este texto se ha actualizado tras la publicación en el BOE el día 30 de diciembre de las modificaciones del Reglamento General)