El Gobierno propone un gravamen del 4,8% a los bancos, del 1,2% para las grandes energéticas y una sanción del 150% a quienes trasladen el coste al cliente

María Jesús Montero, ministra de Hacienda.
María Jesús Montero, ministra de Hacienda.

Pool Moncloa.

El Gobierno ha desvelado más detalles sobre los nuevos impuestos extraordinarios a las grandes empresas energéticas y a la banca.

Para las energéticas, plantea un gravamen del 1,2% que afectaría a las ventas totales de compañías energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Este impuesto afectará tanto a las empresas eléctricas como a las gasísticas y petroleras.

En el caso de los bancos, el Ejecutivo propone un tipo temporal del 4,8%. Este impuesto gravará los intereses y comisiones netas de entidades financieras con ingresos superiores a los 800 millones de euros.

Además, en ambos casos ha anunciado sanciones para aquellas compañías que trasladen el impuesto a los consumidores.

El Ejecutivo ha incluido ambas novedades en las proposiciones de ley presentadas hoy en el Congreso, con las que da el pistoletazo de salida a la tramitación parlamentaria de estos impuestos.

A mediados de julio, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció estos 2 grandes impuestos extraordinarios como parte de su plan de choque para hacer frente a la escalada de la inflación y a las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania.

El primero se trata de una nueva tasa con la que el Gobierno espera recaudar 2.000 millones de euros cada año, y que gravará "los beneficios obtenidos entre 2022 y 2023 por grupos dominantes del sector gasista, eléctrico y petrolífero". Este impuesto extraordinario entrará en vigor en 2023 y 2024.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, precisó que este impuesto irá dirigido a empresas energéticas que facturen más de 1.000 millones de euros al año. Es decir: Iberdrola, Endesa, Naturgy, Repsol y Cepsa.

El Gobierno no contabilizará los resultados ni la facturación de las filiales de las empresas en el exterior, al tiempo que ha establecido que el gasto en este impuesto no es deducible a efectos del impuesto de Sociedades.

Además, cuando el negocio energético no alcance el 50% de la facturación, el Ejecutivo prevé que se excluya al grupo económico del pago de la prestación patrimonial.

Tanto Reino Unido como Italia, Grecia y Bélgica han anunciado figuras similares para gravar los denominados beneficios caídos del cielo, las ganancias extra que obtienen las energéticas como consecuencia de la subida de los precios de la electricidad y el gas. 

En segundo lugar, Sánchez anunció un gravamen temporal para grandes entidades financieras, "que se están empezando a beneficiar de las subidas de tipos de interés". 

Se trata de una tasa temporal que estará en vigor 2 años, durante los cuales el Gobierno espera ingresar 1.500 millones de euros al año. Sólo Hungría ha puesto en marcha una fiscalidad especial para este sector, por los beneficios caídos del cielo.

En cuanto a las sanciones, el Gobierno ha incluido en la proposición de ley una sanción del 150% del importe que se traslade al consumidor. La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) sería el órgano encargado de velar de que no se repercuta el gravamen sobre los clientes en el caso de las energéticas; para los bancos, la CNMC deberá colaborar con el Banco de España.

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